Un "sheriff" para el ciberespacio

Alemania es tal vez el país con más apego a los reglamentos en el mundo. Esa obsesión por las reglamentaciones y las leyes, que ha llevado a que algunos observadores recuerden lo que el psicoanalista Eric Fromm llamaba el "miedo a la libertad", se recrudece cada vez que se discute sobre avances tecnológicos o científicos.El ciberespacio es, en la imaginación de muchos alemanes, una especie de coto vedado donde los agentes de la Oficina Federal de Protección de la Constitución no pueden perseguir a los ultraderechistas que distribuyen propaganda nazi ni a los marxistas que quieren destruir la economía social de mercado, y donde el Ministerio de Familia está inerme frente a los distribuidores de pornografía infantil y otras aberraciones. Esas angustias son las que han llevado al Gobierno federal a redactar una ley de control del espacio cibernético, algo que hasta ahora no había realizado ningún país. "Internet tiene que ser un espacio abierto. Eso es claro. Pero eso no quiere decir que no deba estar sometido al derecho y a la ley", ha explicado el ministro, de Ciencia y Tecnología, Jurgen Ruttgers.

La proposición de ley, llevada el pasado viernes por el Gobierno federal de Helmut Kohl al Bundestag (Cámara baja), quiere posibilitar un control efectivo de los contenidos que se distribuyen por Internet. La intención: proteger a los jóvenes de los peligros de la pornografía y toda clase de material ilegal que pueda circular por la red. Para ello, proyecta incluso la creación de una especie de policía cibernética, dirigida por una suerte de cibersheriff que cabalgue por el espacio virtual.

El principio básico de la iniciativa, según el ministro de Justicia, Edzard Schmidt-Jortzig, es "de lógica". Del mismo modo que no se puede castigar a Correos porque las cartas contengan instrucciones para hacer un cóctel mólotov, propaganda nazi o pornografía infantil, la ley no debe perseguir a los proveedores de Internet, que sólo proporcionan los medios de la transmisión. Por ello, su compañero de Gabinete Ruttgers reclama que los proveedores deben poder actuar cuando sepan de contenidos ilegales y tener "la posibilidad de bloquearlos".

En declaraciones al prestigioso semanario Der Spiegel, el ministro lo ilustró con una gráfica analogía con el servicio postal: "El correo no es responsable del contenido de una carta, pero puede llamar a la policía si ve que en el sobre hay una bomba". La ley, que si es aprobada entrará en vigor, el 1 de agosto, no hace más que extender a Internet las actuales restricciones que rigen en Alemania sobre el material escrito. Se parte de la premisa de que el Estado, sin convertirse en censor, tiene la obligación de vigilar los límites morales de los contenidos con el fin de evitar expresiones nazis o racistas, que tantas ampollas levantan en la memoria histórica de aquel país. Tanto Ruttgers como Schmidt-Jortzig han dejado claro que la ley no puede terminar por estrangular las posibilidades que Internet abre para las comunicaciones y las investigaciones en el futuro. Por ello, el Gobierno federal aboga por un autocontrol de los proveedores, que deberían llamar a la policía cibernética cuando adviertan que "bombas ideológicas o morales" se están transmitiendo por Internet. Los proveedores ya han prometido, a su vez, elaborar un código de conducta interno.

Una de las propuestas de la ley es la creación de unos funcionarios que vigilen la red en las oficinas de los proveedores de Internet. Si detectaran material ilegal, requerirían al proveedor para que lo bloquease. Después, tendrían que informar a una central en Bonn, "un organismo federal para el examen de textos peligrosos para la juventud", que lo analizaría y decidiría si emprender acciones legales contra el emisor de la información, contra el proveedor o contra ambos.

Sin embargo, hay críticos que opinan que se está abortando la posibilidad de que se cree el tipo de radio que una vez soñó Bertold Brecht, en el que cada receptor tiene a la vez la posibilidad de ser un emisor. Aunque la ley será seguramente aprobada en el Parlamento con los votos de la mayoría gubernamental, los ex comunistas del PDS y algunos diputados socialdemócratas y verdes votarán en contra.