CiU frena el intento del PP de modificar drásticamente en el Congreso la ley del jurado

Convergència i Unió frenó ayer el intento del Partido Popular de modificar drásticamente la Ley del Tribunal del Jurado pidiendo al Gobierno que recortase sus competencias y la capacidad del veredicto. Convergència i Unió forzó al PP a aceptar una enmienda en la que todo queda en una petición de seguimiento de la labor del jurado a la vista de la cual el Ejecutivo "valore la oportunidad de impulsar una posible reforma" de la institución.

El grupo popular, por boca de su diputado Andrés Ollero, defendió una proposición no de ley en la que se pedía al Gobierno que enviara una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que modificase su ámbito de competencia -restringiendo delitos-; el contenido de su veredicto -proponían que el jurado se pronunciase sólo sobre los hechos- y que se replantease el régimen de recursos para facilitar la revisión de las resoluciones del jurado.Ollero defendió la proposición dando seguridades de que no son antijurado y que tratan de enmendar "el doctrinarismo rampante" del último Gobierno socialista que diseñó, a su juicio, una ley del Jurado con la que muchos ciudadanos no están conformes. Cuando volvió a su escaño, Ollero sólo escuchó un apoyo sin fisuras a su proposición, el que le brindó el PNV a través de su diputada Margarita Uría que compartía, casi en su totalidad, la pretensión del PP.

El resto, con distinto grado de intensidad, estuvo en contra de la propuesta. Manuel Silva, en nombre de CiU, ofreció una enmienda que el PP tuvo que aceptar para no perder su posición parlamentaria y que fue definitivamente aprobada por 167 votos a favor (PP, CiU y PNV, frente a 140 de PSOE, IU y Grupo Mixto) en la que se pide al Gobierno que recabe del fiscal general del Estado y del Consejo General del Poder Judicial información sobre la experiencia de la aplicación de la ley del Jurado y, a la vista de esos informes, impulse una posible reforma. En términos parlamentarios eso significa dilatar sin fecha la propuesta popular.

'Caso Otegi'

Alvaro Cuesta, en nombre de los socialistas, defendió otra enmienda en la que se pedía que el Gobierno remitiera a la Cámara durante los próximos cuatro años esos mismos infórmes para después estudiar las propuestas que se juzgasen razonables.

El caso Otegi, por el que un jurado absolvió al autor de la muerte de dos ertzainas, planeó durante todo el debate y Cuesta contraargumentó aduciendo que nadie ha propuesto la supresión de la judicatura pese al escándalo que han causado determinadas sentencias. Concluyó su alegato con un veredicto: "el jurado hoy y ahora, en nuestro país es inocente".

Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, y Luis Mardones, en nombre de Coalición Canaria, también se opusieron.

Pablo Castellano, como portavoz de IU-IC, mantuvo la atención de la Cámara al desplegar una brillante batería de ironía parlamentaria para oponerse frontalmente a la reforma que propugnaba el PP. Castellano pidió al grupo que apoya al Gobierno que no se deje llevar por la inmediatez del caso Otegi, ya que si actuasen de modo parecido tras la muerte de un cabo, en Jaca, por el disparo de la pistola de un sargento alguien podría proponer que se suprimiesen las armas en el Ejército, algo, dijo -en el contexto irónico que impregnó su discurso- que el grupo popular apoyaría decididamente por progresista.

Coincidiendo con el debate para reformar la ley del Jurado, el Gobierno hizo públicos ayer tarde los resultados del barómetro de marzo elaborado por el CIS en el que se han formulado ocho preguntas sobre esta institución. Las respuestas no la dejan bien parada. Al 39,7% de los ciudadanos le "disgustaría mucho" formar parte de un jurado junto a un 28,8% al que "le disgustaría". Un 45,8% de los ciudadanos piensan que "tras lo ocurrido con el caso Otegui se ha demostrado que la Ley del Jurado necesita cambios fundamentales" y sólo un 10% piensa que "los jurados populares están funcionando bastante bien".