El suelo, en el alero

La sentencia del Tribunal Constitucional que derribó la Ley del Suelo de 1990 y el texto refundido de 1992 -derogó 185 artículos de los 310 y dio plena potestad a las comunidades autónomas- ha provocado un auténtico terremoto entre éstas, ayuntamientos y partidos políticos. Prácticamente todos están intentando, a toda máquina, tapar los vacíos legales que ha provocado el fallo y que, básicamente, afectan a la cesión obligatoria de terreno a los ayuntamientos (el Estado no tiene potestad para fijar el porcentaje de cesión), así como a la puesta en marcha de los planes de ordenación urbanística. La sentencia se hará pública, según todos los cálculos, a finales de este mes. Éstas son las repercusiones, comunidad por comunidad:ANDALUCíA. El consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, asegura que la sentencia plantea un problema urgente: "Los retrasos en los planes generales de ordenación urbana de Málaga y Almería y la posibilidad de que se vean afectados los ya aprobados en el resto de capitales andaluzas". El Gobierno de Manuel Chaves ha encargado dos estudios jurídicos -uno interno de la Consejería de Obras Públicas y otro privado- para evaluar las consecuencias de una sentencia. Vallejo no cree que se pueda producir un caos urbanístico, aunque advirtió que en función de los citados informes dictará una "normativa de urgencia" para regularizar algunas de las actuaciones urbanísticas que ya están desarrollándose.

ARAGÓN. El Gobierno de Aragón ha decidido iniciar con urgencia la redacción del proyecto de ley del Suelo para acabar con el vacío legal existente como consecuencia del fallo del Constitucional. El Ejecutivo aragonés se sumó en el año 1992 al recurso de inconstitucionalidad presentado por diferentes comunidades autónomas contra la Ley del Suelo y, asimismo, presentó otro recurso contra el texto refundido. Como consecuencia de estos recursos y mientras se esperaba su resolución, nunca se ha legislado sobre la materia en Aragón.

ASTURIAS. El Gobierno regional de Asturias ya ha iniciado la elaboración de un informe de situación para conocer el alcance y repercusión en el Principado de la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de suelo y pretende acometer de inmediato la redacción de un proyecto de ley. Aunque la intención es culminar el proyecto sin demora, ello no debe impedir, según portavoces de la Consejería de Fomento, una "suficiente meditación" para lograr el mejor texto posible.

En la Consejería de Fomento, la impresión que se tiene es que la sentencia no ha hecho cundir la inquietud, al menos de momento, entre los 78 municipios asturianos. En el mismo sentido se ha expresado Graciano Torre, alcalde socialista de San Martín del Rey Aurelio y presidente de la Federación Asturiana de Concejos: "No se percibe especial preocupación. Lo que se ha producido es un cambio en la titularidad de las competencias sobre suelo. Por tanto, habrá preocupación o no en virtud de que la comunidad autónoma pueda introducir modificaciones en un sentido u otro en la legislación. La sentencia no afecta al movimiento cotidiano de concesión de licencias, pero sí a aquellos ayuntamientos que tienen sus planes urbanos en tramitación o en proceso de revisión porque en ese caso parece prudente que demoren el proceso hasta conocer la nueva ley de ámbito autonómico. Y eso entrañará retrasos".

BALEARES. El Ejecutivo balear acaba de aprobar un proyecto que regula el suelo rústico y prepara uno de directivas territoriales y otro de suelo urbano, "con mucha prisa, porque habrá una vacío normativo", señalan fuentes oficiales. El consejero de Obras Públicas, Torneu Reus, del PP, cree que la anulación "del 90% de las leyes socialistas de 1900 y 1992, aclara por fin cual es reparto competencial en una materia tan compleja y esencial para la autonomía de las Baleares, como es el urbanismo. Estábamos cargados de razón", añade.

Carlos Ripoll, concejal de urbanismo de Palma y secretario general del PP de Baleares, cree que la sentencia del Constitucional "viene a corregir la obsesión por el control de las actividades de la sociedad civil demostrada por el PSOE".

CANARIAS. El director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, César Muñoz, recordó que hay dos planes generales importantes que están pendientes y que sufrirían consecuencias, como el de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad mayor y más poblada del archipiélago, y el de La Laguna, localidad tinerfeña de gran superficie que combina el suelo urbano con el agrícola.

Según Muñoz, estos cambios pueden ser algo traumáticos para el urbanismo por tener que aplicarse una ley "que ya está obsoleta", de ahí la importancia que en su opinión tiene la elaboración y aprobación de las leyes autonómicas, que en el caso de Canarias está a punto de concretarse.

CANTABRIA. La sentencia del Tribunal Constitucional sorprende al Ayuntamiento de Santander cuando el nuevo plan general de ordenación urbana acaba ser aprobado definitivamente y está a la espera de su confirmación por la comisión regional de urbanismo. Según fuentes municipales, el hecho de que el plan hubiese tomado como punto de partida la Ley del Suelo obligará a la reforma parcial de aquél al tenerse que adecuar a la única normativa vigente que data de 1976.

CASTILLA-LA MANCHA. El Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando una nueva Ley del Suelo que podría entrar en vigor el próximo año. La reciente sentencia del Constitucional agilizará su redacción, según el consejero de Obras Públicas, Isidro Hernández Perlines. El borrador garantiza, según el consejero, la función social del suelo respetando el derecho del propietario pero "que evitará el acaparamiento del suelo y por lo tanto la especulación". De esta manera, según Perlines, incluyendo también factores de competencia se conseguirá abaratar el suelo incrementando su oferta.

CASTILLA Y LEON. Los responsables de los principales ayuntamientos de Castilla y León mantendrán la próxima semana un encuentro con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Jambrina, con el que analizarán la repercusión de la sentencia del Constitucional. Se tratará, según Jambrina, de intentar que los ayuntamientos no vean paralizadas actuaciones en materia de urbanismo y los que tengan que revisar algún apartado, que sepan la forma de reorientar sus planes. La sentencia del tribunal no preocupa al Ejecutivo, ya que las actuaciones en curso, por ejemplo en cesión de suelo, "están cubiertas por un real decreto al que no afecta la sentencia", dice.

CATALUÑA. "La sentencia del Constitucional no tiene repercusiones en Cataluña porque la comunidad ya tiene desde julio de 1990 una legislación urbanística propia", según recuerda Joan Antoni Solans, director general de Urbanismo de la Generalitat. "En Cataluña, ni los ayuntamientos ni los propietarios ni los promotores deben tener ninguna inseguridad por la sentencia". El argumento de Solans es que la Generalitat ya recogió en una refundición aprobada en un decreto toda la normativa propia sobre urbanismo.

Sobre la sentencia, Solans recalca que no debe pensarse que "deja sin competencias urbanísticas al Estado". Recalca que lo que hace es definir los tres niveles de competencias: del Estado, de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. El Estado tendrá competencia en valoraciones, expropiaciones y régimen jurídico de la propiedad, las comunidades las competencias urbanísticas y los ayuntamientos las particularizarán a su nivel".

COMUNIDAD VALENCIANA. La incidencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el suelo es "practicamente nula" en la Comunidad Valenciana y no crea situación alguna de vacío legal, dado que tiene su propia ley de la actividad urbanística desde finales de 1994, según un portavoz de la Consejería de Obras Públicas. La ley valenciana, de enorme complejidad técnica, rompió con la regulación estatal sobre el suelo, redujo el proceso administrativo del proceso urbanizador, normalmente tres años, a seis meses, y liberalizó el mercado del suelo urbanizable.

EXTREMADURA. La sentencia paraliza prácticamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz, afectará al de Cáceres, que tras ocho años de estudio se encuentra pendiente tan sólo de su aprobación por la Comisión Regional de Urbanismo, e incide en el revisado Plan de Plasencia.

GALICIA. El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado 26 de marzo una ley del suelo de ámbito autonómico, aprobada por unanimidad en el Parlamento, que obliga a los promotores a ceder a los ayuntamientos el 15% del aprovechamiento urbanístico, frente al 10% que había establecido el decreto ley del Gobierno. Para corregir esa disparidad normativa, que la oposición consideró "una chapuza", la Xunta, aduciendo que la cesión del aprovechamiento urbanístico era competencia de la Administración central, había aprobado el 14 de marzo una "acomodación normativa" de la citada ley por la que se atenía al 10%. Pero la sentencia ha obligado a la Xunta a volver sobre sus pasos: retirada de la acomodación y plena aceptación de la ley aprobada, con lo cual, sin pretenderlo, se convierte en la primera comunidad con ley de suelo propia, con un 15% de cesión obligatoria.

LA RIOJA. El director general de Urbanismo y Vivienda, Ángel Luis Salinas, señala que, una vez sentado el principio de autonomía de las comunidades en materia de suelo, el objetivo pasa porque la nueva legislación permita liberalizar el suelo urbano para así poder abaratar el acceso a la vivienda. Salinas subraya las dificultades que existen en la actualidad en la oferta de viviendas de protección oficial por el elevado coste del suelo.

MADRID. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, enviará en un mes a la Asamblea madrileña un proyecto de ley que recoja las competencias que la Administración central ha perdido tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales casi 200 artículos de las Ley del Suelo. "Los jueces han determinado que las competencias no deben estar en manos del Estado, sino en las de las autonomías. A las comunidades nos dan nuevos títulos competenciales que debemos recoger", explica Ruiz-Gallardón. La sentencia del Constitucional también ha puesto en peligro el plan de ordenación de Madrid.

MURCIA. El Ejecutivo murciano también ha puesto en marcha los análisis destinados a evaluar las repercusiones prácticas de la sentencia y a preparar una legislación propia.

NAVARRA. En esta comunidad, los promotores inmobiliarios están obligados a ceder a los ayuntamientos un mínimo del 15% del suelo residencial de los planes generales en cada municipio para la construcción de viviendas de protección oficial, según establece el artículo 42 de la Ley de Medidas de Intervención en Suelo y Vivienda de 8 de junio de 1989, aprobada bajo el mandato de uno de los dos gobiernos socialistas que presidió Gabriel Urralburu. Esta ley introdujo el derecho preferente de tanteo y retracto para la Administración, así como una amplia capacidad expropiatoria para la confección de bancos públicos de suelo.

La comunidad foral de Navarra tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, reguladas por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobada el 11 de noviembre de 1986, bajo una clara definición de la función pública del urbanismo y la subordinación del interés privado respecto al público.

PAÍS VASCO. La principal repercusión afectará a Vitoria. Su ayuntamiento estaba a punto de proceder a la reserva, fórmula que contemplaba la expropiación, de 40 kilómetros cuadrados de terreno al noreste de la capital alavesa, las denominadas campas de Salburua y Zabalgana. Esta superficie iba a servir para poner en marcha un ambicioso proyecto del alcalde, José Ángel Cuerda, con un gran parque temático, zona deportiva, superficies comerciales y viviendas. Un asunto que ya había sido aprobado, pasado el periodo de exposición pública, y estaba a punto de finalizar el de alegaciones. Ahora deberá negociar con los 460 propietarios de los terrenos, o esperar a que el Parlamento vasco apruebe una modificación a la Ley vasca del Suelo que contenga en su integridad el artículo 278 de la anulada ley del suelo socialista que permite hacer reservas de suelo.

Reportaje elaborado con información de Manuel Gracia P. J. Valderas, Javier Cuartas, Sebastián Tobarra, Andreu Manresa, César Fernández-Trujillo, Jesús Delgado, Isabel Salvador, Jeremías Clemente, Primitivo Carbajo, Francisco Forjas, Ignacio Martínez, Vicente G. Olaya, José Rocamora, Mikel Muez, Pedro Gorospe y Cristina Vázquez.