La izquierda y los retos del municipalismo

Si los alcaldes con auténtica vocación municipalista estamos reivindicando que los ayuntamientos tengan más competencias para garantizar el desarrollo de nuestras ciudades y la cohesión social no es sólo para gestionar mejor, sino también para ejercer el poder local de modo diferente, más participativo; esto es, profundizando la democracia con sistemas nuevos de gobernabilidad. En coherencia con lo anterior, debemos reflexionar sobre distintos aspectos del funcionamiento y papel de los ayuntamientos.De entrada, es preciso que los ayuntamientos empiecen a recibir más competencias, más poder, más medios económicos, en aplicación del pacto local y en cumplimiento del principio de subsidiariedad. Debemos exigir que desde las comunidades autónomas y desde las diputaciones se transfieran competencias y financiación a los ayuntamientos sin y más dilación. Esta es una batalla obligada a favor del municipalismo y la izquierda debe liderar esa reivindicación con independencia del color de la alcaldía o del partido político que gobierne en la comunidad autónoma respectiva. No cabe el oportunismo político a la hora de defender el fortalecimiento del municipalismo frente a tanta injerencia, tutela y miopía de los Gobiernos de turno.

Retornando una reflexión obligada, soy partidario de una reforma electoral que implique la elección directa de los alcaldes para conseguir el fortalecimiento de la institución municipal y una mayor democratización de la figura del alcalde. En mi opinión, los alcaldes fruto de la elección popular directa gozarían de más autoridad moral, de mayor autonomía para velar por la existencia de gobiernos locales más sólidos, con menos riesgo de caer en dinámicas partidistas y, al tiempo, más eficaces en la toma de decisiones.

Asimismo, se impone algún tipo de regulación legal sobre los casos del transfuguismo, que tanto daño están haciendo a la credibilidad del sistema democrático y a la estabilidad de la gobernación local en distintos ayuntamientos del Estado. Sin duda, la corrupción, las prácticas burocráticas en las administraciones, el sectarismo en la utilización de los instrumentos de poder y el alejamiento impuesto a los ciudadanos de los foros de decisión política han sido los principales factores que están llevando a los ciudadanos a desentenderse de la vida pública.

El fenómeno es mundial y se debe combatir sin dilación, empezando por recuperar la mejor relación entre los vecinos y el ámbito de las decisiones que afectan a su entorno más inmediato, que es su ciudad. La democracia, concebida como algo más que llamar al voto cada cuatro años, exige la participación continuada de los ciudadanos en los temas de la vida local donde es perfectamente posible traducir el reconocimiento del pluralismos en cauces de participación descentralizada.

Por tanto, el desarrollo de nuevas formas de democracia local participativa es una necesidad que debe ser abordada para ir más allá de la tradicional participación entendida como acuerdo con los representantes vecinales en casos de conflicto puntual. Es necesario poner en marcha procesos y cauces nuevos que incluyan sistemas de audiencia pública, la creación de foros cívicos con las fuerzas socioeconómicas (comerciantes, sindicatos, asociaciones empresariales, Universidad, colegios profesionales, medios de comunicación, etcétera), consultas previas a la toma de decisiones, consejos de barrio o distrito, consejos asesores sectoriales, promover las iniciativas vecinales, renovar el tejido asociativo de vecinos, asociativo de vecinos, así como el voluntariado social de los jóvenes, hacer más transparente el funcionamiento de nuestras administraciones locales, descentralizar a favor de entidades y colectivos ciudadanos la gestión de servicios municipales (polideportivos, centros cívicos, etcétera) e impulsar sociedades mixtas entre el Ayuntamientos y sectores privados a favor del desarrollo económico.

Pero la participación debe ampliarse al campo de los servicio públicos, porque los ciudadanos han tomado conciencia de su condición de contribuyentes y piden más calidad en los servicios que reciben de la Administración, en especial de la local. En tal sentido, se debería intensificar la interlocución y el papel de control de las asociaciones de consumidores y usuarios. La calidad total, como filosofía a seguir por los ayuntamientos, exige un funcionamiento de estructura empresarial competitiva que busca como objetivo final la satisfacción plena del cliente y ciudadano.

Por otra parte, se impone en todo caso avanzar en la creación o consolidación, con competencias claras, de entidades metropolitanas o mancomunidades de servicios que permitan una mejor . prestación de servicios basada en economías de escala. Todo ello, e el marco de una decidida aplicación del pacto local.

Para algunos políticos, los ayuntamientos son el instrumento que les permite el ejercicio político del clientelismo y el dominio, sobre todo, de las políticas urbanísticas, que en sus manos se realizan anteponiendo el negocio privado y la especulación al interés público. Para la izquierda, en cambio, la ciudad debe ser el espacio privilegiado de la tolerancia, el ámbito más propicio para el desarrollo de políticas de solidaridad, de cohesión social y de profundización de los cauces democráticos que impidan las prácticas de la corrupción.

Por cierto que una forma poco sutil de corrupción consiste en favorecer las pretensiones de promotores inmobiliarios que buscan especular con la complicidad de los ayuntamientos, apoyándose en normas urbanísticas poco claras que les permitan hacerse con el control de las políticas de suelo. Y tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Suelo se va a iniciar una batalla decisiva en las Cortes y los Parlamentos autónomos con vistas a legislar, según las competencias respectivas, tanto los preceptos básicos sobre el derecho de propiedad del suelo como sobre los modelos de desarrollo urbanístico, las cesiones de aprovechamiento a los ayuntamientos y la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística o la configuración de los patrimonios públicos de suelo.

Con preocupación observo una desmovilización ciudadana ante las batallas que habrá que librar frente a una derecha que ocupa masivamente las alcaldías y que impone el silencio a los ayuntamientos ante la campana de descrédito que algunos ministros nos están lanzando, acusándonos de todos los males existentes en el sector de la vivienda. La izquierda debe despertar las conciencias ciudadanas explicando lo que nos estamos jugando.

Porque la ciudad, enmarcada en un sistema en el que impera la economía del mercado y la competitividad más brutal, refleja situaciones de injusticia social, de segregación de la población y de marginación de zonas o barrios que quedan al margen del proceso de desarrollo económico del territorio. Ante estos fenómenos es preciso buscar la cohesión social, articular la ciudad como un todo, promoviendo la polivalencia y la sostenibilidad urbanística de cada barrio, dotándole de un proyecto estratégico consensuado con todas las fuerzas socioeconómicas que forman la columna vertebral de una ciudad.

Por último, los municipalistas del futuro deberán abordar seriamente el control y regulación de la movilidad circulatoria, del uso y abuso del automóvil privado, así como la articulación de consejos consultivos municipales a tener en cuenta por las comunidades autónomas con vistas a la determinación de las grandes inversiones en infraestructuras para las ciudades.