Los partidos mayoritarios proponen reformas legales para evitar que se repita el 'caso Idígoras'

El Congreso de los Diputados fue ayer caja de resonancia del estupor que ha causado el reconocimiento para el dirigente de Herri Batasuna (HB) y ex diputado del Congreso Jon Idígoras de una pensión de invalidez permanente en grado de absoluta con asignación mensual de 250.000 pesetas. El grupo popular, el socialista y el de Izquierda Unida (IU) se lanzaron a pedir reformas legales que eviten lo ocurrido con el dirigente de HB. Hubo muchas explicaciones emocionales, pero escasísimas apoyaturas jurídicas excepto por parte del portavoz de CiU, Joaquim Molins, quien advirtió que el Tribunal Constitucional obliga a cotizar para salvaguardar la protección social a cualquier. trabajador aunque esté suspendido de sueldo.

Joxé Joan González de Txabarri fue de los primeros en advertir que "de acuerdo con la legalidad, Idígoras tiene los mismos derechos que cualquier otro parlamentario" y que se mantuvo la cotización del Congreso a la Seguridad Social de acuerdo con un dictamen legal de la Cámara.Molins, en nombre de CiU, fue más explícito y explicó que sentía apartarse de las propuestas del resto de los grupos, porque con independencia "del juicio que merece la incongruencia de la actitud de este señor [en referencia a Idígoras]" habrá que estudiar si existen resoluciones del Tribunal Constitucional que amparan la protección social de cualquier trabajador con independencia de que perciba o no el sueldo.

En muy distinto tono se manifestaron el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, y el diputado del mismo grupo Gabriel Cisneros. Para el primero habría "que preguntar a la Mesa de la Cámara el motivo por el que se pagaron los derechos de cotización a la Seguridad Social" de Idígoras y aceptó la posibilidad de reformar el reglamento del Congreso "para que esto no ocurra". Cisneros, por su parte, aseguró que "en el futuro habrá que evitar que se repita un fenómeno tan absolutamente escandaloso y que asalta la conciencia de la opinión pública".

Reflexión digna

De Grandes aseguró que la posibilidad de reformar el reglamento "es una reflexión digna de ser compartida por todos los portavoces de la Cámara para lograr una salida airosa". De cualquier modo, introdujo un comentario en paralelo sobre HB, ya que, en su opinión, la estrategia de este grupo "en orden al incumplimiento de la ley ha fracasado porque su cúpula ha ido a la cárcel por intentar no cumplir la ley española. Les han pedido una Fianza, se han negado a pagarla, la han recurrido y hay que esperar para ver si la pagan o no, pero esto demuestra que la ley se cumple para todos y también para HB". Por eso, añadió de Grandes, uno de los miembros de HB, Idígoras, "pretende beneficiarse de los derechos que otorga la ley a todos los españoles", aunque él no se considere partícipe de esa comunidad.

Rosa Aguilar, en nombre de IU, centró su crítica en la contradicción de Idígoras que, por una parte, repudia al Estado y, por otra, "pone la mano". Para la portavoz de IU "todos los trabajadores han de ser tratados igual y los diputados son unos trabajadores. Si un trabajador no trabaja deja de estar dado de alta en la Seguridad Social".

Por parte del portavoz socialista Joaquín Almunia se argumentó que no existe ninguna razón para que el Congreso cotice a la Seguridad Social por un diputado sancionado sin empleo por no participar de los trabajos de la Cámara.

Juan Alberto Belloch, portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior, pidió que se investigue si han existido presiones sobre las personas que han tomado la decisión de conceder la pensión de invalidez a Idígoras. El ex ministro de Justicia se mostró de acuerdo en que el asunto suscita la indignación de los ciudadanos y solicitó que se compruebe si la decisión se ha adoptado con "el adecuado clima de libertad" por parte del órgano que concedió la pensión.

Reconocimiento de España

El también diputado socialista y ex ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, aseguró que "ldígoras ha hecho un reconocimiento explícito de España, a la que dice repudiar", ya que "España se expresa exactamente a través, de la Seguridad Social, como forma de perfecta solidaridad entre todos los ciudadanos con Independencia rigurosa del lugar en el que vivan".

Incluso el Gobierno a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, apoyó la propuesta de reforma del reglamento para evitar que vuelva a producirse algo semejante. "Es una posibilidad que el Gobierno vería satisfactoriamente", dijo.

Desde Portugal, el secretario general del PSOE, Felipe González, se sumó a las críticas por la postura de Jon Idígoras y lamentó que éste "no reconozca la legitimidad del Estado salvo para sacar pasta de él", informa Javier García. El ex presidente del Gobierno resaltó que "los violentos no quieren al Estado, que incluso no creen que sea de Derecho, salvo para lo que les aprovecha".