Yeltsin obligará a los funcionarios a declarar sus ingresos y propiedades
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El presidente de Rusia, Borís Yeltsin, inició ayer una nueva campaña contra la corrupción y aseguró a los escépticos que esta vez tiene "la determinación" y la "voluntad política" de "llevar hasta el final esta difícil lucha". En una alocución radiofónica, el líder prometió que en el "futuro próximo" los funcionarios y los miembros de sus familias tendrán que declarar sus ingresos y propiedades. Yeltsin no explicó cuándo y cómo se aplicarán estas nuevas normas, de las que ya se había hablado en el pasado.
La lucha contra la corrupción, tema que Yeltsin ha esgrimido en sucesivas ocasiones con lenguaje vehemente y pocos resultados visibles, constituye uno de los motivos dominantes desde que se formó el nuevo Gobierno reformista y es también un elemento de la campaña de imagen para potenciar la figura del flamante primer vicejefe del Gobierno, Borís Nemtsov.La corrupción, según dijo Yeltsin ayer, es una de las causas de la escasa autoridad de los dirigentes rusos, impide poner orden en el país y amenaza la seguridad del mismo. Tras afirmar que es necesario "renovar el poder" y reformar todo el sistema de dirección estatal, el presidente reiteró su intención de acabar con los regímenes fiscales y aduaneros privilegiados. Hábilmente, Yeltsin descargó responsabilidades sobre los dirigentes de las regiones, donde "los funcionarios gastan los recursos de forma que no está en consonancia con sus fines y, por eso, no se pagan pensiones, subsidios y sueldos". "La transparencia en los gastos presupuestarios es la única garantía de que no serán dilapidados", señaló Yeltsin, que ha firmado un decreto para introducir el concurso público en las compras estatales.
Para que los rusos crean en la nueva campana, Yeltsin necesita algo más que palabras. En 1993, el presidente lanzó la primera ofensiva de envergadura contra la corrupción tras la caída del comunismo y asumió personalmente la dirección de una comisión creada al efecto. La campaña, sin embargo, tenía una finalidad política, y discurría en el marco de la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que concluyó con el cañoneo del Parlamento. Durante los meses que precedieron a aquel suceso, funcionarios subordinados al presidente acumularon materiales comprometedores contra el entonces vicepresidente Alexandr Rutskói. Este, a su vez, no se quedó parco y llenó 11 maletas de documentos contra el equipo de Yelsin.
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