Territorio ocupado

EL GOBIERNO del Partido Popular ha cambiado alrededor de 3.000 cargos de la Administración. Esta purga, ejecutada en 10 meses de poder, afecta al 91% de los altos cargos (entendiendo por tales a secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales), al 46% de los subdirectores generales y al 70% de la Administración periférica o delegaciones de los ministerios fuera de Madrid. Las cifras muestran que el Ejecutivo ha aplicado una política de ocupación sistemática de la burocracia del Estado, con el criterio dominante de colocar piezas fieles al Partido Popular o a los nuevos administradores políticos, excluyendo cualquier consideración sobre la capacidad de los relevados.Este comportamiento invasivo, irrespetuoso con el funcionariado como profesión, no lo ha inventado el PP. El partido socialista, cuando formó Gobierno en 1982, también ejecutó una severa limpieza en los altos niveles de la Administración, profundizada y multiplicada durante sus 14 años de gobierno. Pero hay que señalar una diferencia entre el cambio administrativo ejecutado por los primeros Gobiernos socialistas y el del PP: mientras aquéllos situaron la frontera de cargos de responsabilidad política en las direcciones generales y, por tanto, consideraron en general inamovibles las subdirecciones, Álvarez Cascos y Rajoy han roto esa barrera y han promovido amplios cambios entre los subdirectores de todos los ministerios. La ocupación de las subdirecciones generales equivale a trasladar la inestabilidad y el principio de la cesantía de los funcionarios con los sucesivos cambios de Gobierno a ese escalón, hasta ahora el más estable de la burocracia española.

A pesar de que la reforma de la Administración figura en los programas de todos los partidos políticos, los Gobiernos del PSOE y ahora el del PP han fracasado en el empeño o simplemente han retrocedido ante las dificultades. El Gobierno de Aznar ha intentado sustituir el compromiso político de una reforma necesaria de la función pública con el señuelo de un recorte de altos cargos que al fin y a la postre ha supuesto un ahorro ridículo y no ha evitado, a pesar de que era su intención declarada, la proliferación de asesores y cargos de libre designación. La mezcla de cambios masivos en las subdirecciones generales, con liquidaciones poco meditadas de algunas funciones administrativas, ha degradado la calidad del servicio burocrático y aumentado la inquietud y la desmotivación entre los funcionarios.

El camino correcto es dotar de mayor estabilidad a la Administración del Estado y reforzar su profesionalidad. Ello se consigue, en primer lugar, protegiendo la continuidad administrativa a partir al menos del estrato de las direcciones generales y dejando a la libre designación política derivada de los cambios de Gobierno los nombramientos de cargos superiores. Ésta es la línea de actuación que siguen las burocracias europeas. Si se insiste en usar la Administración como una plantación para ser repartida y ocupada por militantes o simpatizantes del partido que gobierna, como parecen indicar los modos y maneras del PP, no solamente volveremos a los episodios de cesantías caricaturizados por Pérez Galdós, sino que la burocracia dejará de ser útil para los ciudadanos y para el propio Gobierno. Estaremos ante un retroceso social intolerable.