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El fiscal pide dos años para dos ex altos cargos andaluces por el 'caso Ollero'

El fiscal pide dos años y cuatro meses de prisión para Juan José López Martos, ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, y Manuel Ollero, ex director general de Carreteras, por un delito, de cohecho en el caso Ollero, el pago de comisiones ilegales por la construcción de una carretera en Málaga que saltó a la luz cuando Jorge Ollero, hermano del ex director general, fue detenido por la policía con un maletín con 22 millones de pesetas de una comisión. La fiscalía pide penas de prisión para otros cuatros acusados, intermediarios y representantes de empresas constructoras.

La fiscalía, en su escrito de calificación provisional, acusa a los ex altos cargos de la Junta de cohecho y de prevaricación, delito éste por el que pide seis años de inhabilitación para cada uno. El fiscal acusa también a Manuel Ollero de un delito de revelación de secretos, por el que pide seis años de inhabilitación, y de otro de tráfico de influencias, por el que le pide tres meses de arresto y seis años de inhabilitación, Además, el ministerio público pide una multa de más de 127 millones de pesetas para López Martos y el triple, más de 380 millones, para Manuel Ollero.En cuanto a Jorge Ollero, el hombre del maletín, la fiscalía le acusa de dos delitos de tráfico de influencias por los que pide tres meses de prisión y una multa de 127 millones de pesetas.

El escrito de calificación del fiscal sevillano Miguel Benito fue enviado por fax el pasado jueves a la Fiscalía Anticorrupción, que el lunes dio el visto bueno a la acusación. Nada más recibir el visado de la Fiscalía Anticorrupción, el escrito acusatorio fue enviado al Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que ha llevado el caso desde que saltó el escándalo, en julio de 1992.

La investigación del caso Ollero se refiere al supuesto pago de 128 millones de pesetas que hizo la empresa constructora Ocisa en concepto de comisiones por la adjudicación de la construcción de la carretera Salinas-Las Pedrizas, en Málaga.

En este caso también están implicados los intermediarios Pedro Llach y Luis Nogueira, así como Jesús Roa, director general de Ocisa. El fiscal acusa a Llach de dos delitos de tráfico de influencias, por los que tendrá que enfrentarse aun total de seis meses de prisión y a una multa de 127 millones. A Nogueira se le acusa de falsedad en documento mercantil, delito por el que pide 20 meses de prisión.

Por último, el director general de Ocisa, Jesús Roa, se enfrenta a ocho meses de cárcel y un año y medio de inhabilitación por un delito de cohecho y a otros 20 meses de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil.

La juez Pilar Llorente dio por concluida la investigación del caso Ollero el 25 de marzo, tras casi cinco años de investigación. De las acusaciones particulares que había en la causa, el Partido Andalucista y el PSOE, socios en el Gobierno autonómico, han anunciado que se apartan del caso. El PP e Izquierda Unida sí van a acusar y la Junta de Andalucía es la única que aún no se ha pronunciado sobre su decisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de abril de 1997

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