Desaparecen las multas a la prensa

El Gobierno ha suprimido de un plumazo el artículo 11 del anteproyecto de ley elaborado en agosto, que regulaba la imposición de sanciones administrativas, además de las que penalmente pudieran corresponderles a quienes vulneren las normas sobre secretos oficiales.En el nuevo texto no aparece ninguna mención a este punto, que fue el más polémico cuando se hizo público el anterior. El artículo citado permitía castigar con multas de hasta 100 millones de pesetas a los medios de comunicación que difundieran secretos oficiales y de hasta 50 millones a quienes obtuviesen documentos clasificados sin autorización para ello, aunque no los divulgasen.El informe emitido el pasado 6 de noviembre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticaba estas sanciones, señalando que "el medio natural de protección [de los secretos] aplicable será con preferencia el orden jurídico penal y no el derecho administrativo, que habrá de dirigirse hacia conductas no suceptibles de tratamiento penal".También se ha modificado el párrafo que encomendaba a las autoridades la obligación de "notificar a los directores o responsables de los medios de comunicación social la naturaleza secreta de un asunto, cuando prevean su posible publicación".A la vista de esta frase, el CGPJ se vio obligado a recordar que el derecho a la libertad de expresión "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y que sólo puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". En el nuevo anteproyecto desaparece cualquier mención a los medios de comunicación y sólo se habla de la obligación de informar a las personas que conozcan asuntos de secretos de la obligación de guardar reserva y de la responsabilidad penal derivada de no hacerlo.