Desaparecen las multas a la prensa
![Miguel González](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fddbddc3c-c44a-42bd-92a6-bfe243bd41e4.jpg?auth=884052354661878081b5abb0f7daf07371836e0609c3f6a734727284d2699e83&width=100&height=100&smart=true)
El Gobierno ha suprimido de un plumazo el artículo 11 del anteproyecto de ley elaborado en agosto, que regulaba la imposición de sanciones administrativas, además de las que penalmente pudieran corresponderles a quienes vulneren las normas sobre secretos oficiales.En el nuevo texto no aparece ninguna mención a este punto, que fue el más polémico cuando se hizo público el anterior. El artículo citado permitía castigar con multas de hasta 100 millones de pesetas a los medios de comunicación que difundieran secretos oficiales y de hasta 50 millones a quienes obtuviesen documentos clasificados sin autorización para ello, aunque no los divulgasen.El informe emitido el pasado 6 de noviembre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticaba estas sanciones, señalando que "el medio natural de protección [de los secretos] aplicable será con preferencia el orden jurídico penal y no el derecho administrativo, que habrá de dirigirse hacia conductas no suceptibles de tratamiento penal".También se ha modificado el párrafo que encomendaba a las autoridades la obligación de "notificar a los directores o responsables de los medios de comunicación social la naturaleza secreta de un asunto, cuando prevean su posible publicación".A la vista de esta frase, el CGPJ se vio obligado a recordar que el derecho a la libertad de expresión "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y que sólo puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". En el nuevo anteproyecto desaparece cualquier mención a los medios de comunicación y sólo se habla de la obligación de informar a las personas que conozcan asuntos de secretos de la obligación de guardar reserva y de la responsabilidad penal derivada de no hacerlo.
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