El Constitucional amplía el poder de las comunidades autonómas sobre el suelo
El Tribunal Constitucional dictó ayer una sentencia en la que declara inconstitucional buena parte de las normas, más de 200, que regulan el mercado del suelo. La decisión del alto tribunal refuerza las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, reduce las de la Administración central. La sentencia consta de 412 folios y es la más extensa de las dictadas hasta ahora por el Tribunal Constitucional.El fallo reserva prácticamente la exclusiva de la política en materia de suelo a las comunidades autónomas y deja en manos del Gobierno central normas supletorias o de carácter muy genérico. Además, señala que el Estado no tiene competencia para imponer la cesión de suelo a los ayuntamientos.
La sentencia del Constitucional falla contra aspectos de la Ley del Suelo de 25 de julio de 1990, del texto refundido de 26 de junio de 1992 y de diversos reales decretos ley aprobados entre 1976 y 1981.
Los recursos contra la primera de las disposiciones, ley de Suelo de 1990, fueron presentados por el Parlamento de Navarra, la Diputación Regional de Cantabria, la Generalitat de Cataluña, la Diputación General de Aragón, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias.
Los recursos contra el texto refundido de 1992 fueron presentados por el Gobierno de Baleares, la Diputación General de Aragón y la Generalitat de Cataluña.
La sentencia, conocida ayer, ha coincidido prácticamente con la presentación del borrador de proyecto de ley de Suelo que acaba de culminar el Ministerio de Fomento.
Este texto, que fue analizado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, deja amplio margen de actuación a las comunidades autónomas, en previsión de que el fallo del Constitucional les diera más competencias, tal y como ha ocurrido finalmente. También, en línea con el alto tribunal, el proyecto limita las calificaciones del suelo a urbano, urbanizable y no urbanizable.
Ese texto, antes de convertirse en proyecto de ley, será revisado por comunidades autonómas, ayuntamientos, expertos, partidos políticos y consumidores. El proyecto del Gobierno cuenta con el apoyo de CiU, puesto que varios de sus expertos han participado en la redacción del borrador.
La sentencia tuvo un voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga. El magistrado se muestra en contra de ceder excesivo poder a las comunidades autónomas en materia de suelo.
