Una defensa suicida
La estrategia de Conde fue la de un jugador adicto al todo o nada. Apostó al todo, como le gusta, es decir, a la absolución. ¿Por qué quiso que se celebrase el juicio sin más dilaciones cuando, como mínimo podía haber cuestionado, según hizo Fernando Garro, la competencia de la Audiencia o ciertos errores en la instrucción sumarial? Tenía posibilidades de conseguir la inhibición. Si así se pronunciaron los magistrados en el caso de Garro, no era fácil negárselo a Conde. Y en caso de que se rechazara la inhibición, Liaño podría plantearlo al recurrir.¿Por qué, pues? La respuesta es que Conde no podía seguir viviendo como hasta ahora. Necesitaba una victoria para, según su sistema de ideas, iniciar la reconquista. Lo que podía ganar era mucho: utilizar la inocencia para explicar con una carta de triunfo en la mano que el caso Argentia Trust era lo mismo que el caso Banesto. El primero era la invención de un juez indocumentado, Miguel Moreiras, y el otro, el caso de un juez presuntamente manejado por sus enemigos, Manuel García-Castellón.
Pero era una estrategia suicida, por confusa. Mientras en la instrucción del caso Banesto ha seguido el método de negar, negar y negar, en el caso Argentia Trust sembró la confusión de los pagos políticos primero y optó por la versión financiera más tarde. Al final ya no se sabía por qué había pagado 600 millones.
Los apoyos de Conde
En rigor, la factura pagada encubría los motivos verdaderos, que nunca fueron aclarados. Todavía en la lucha final, Liaño explicó al tribunal que las exenciones para la Corporación Banesto eran el motivo real del pago. Los gnomos de las Pequeñas Antillas, donde está registrado el trust, habían logrado torcer la voluntad del Gobierno socialista en 1990.El de Argentia Trust fue un caso que Conde, con los apoyos de Mariano Gómez de Liaño y Jesús Santaella, intentó instrumentalizar para su absolución total. El plan era que Moreiras, por ser el presunto juez legítimo, y el Gobierno socialista, a punta de las bayonetas de los papeles del Cesid hurtados por el coronel Perote, permitieran arrebatar el caso Banesto a García-Castellón.
Quien puede sentirse conforme es José Aranda, el entonces fiscal jefe, que obligó a Moreiras a reincorporar la acusación de apropiación indebida que había anulado. Victoria después de muerto.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Ayuso acusa a Zapatero de haberse lucrado en Venezuela y dice que está siendo investigado por EE UU
Detenidos 15 conductores de autobús en Barcelona por favorecer la inmigración ilegal
La masa de aire ártico deja mínimas de hasta –7 en el norte de la Comunidad Valenciana
Amorim se hace el ‘harakiri’ y el United lo despide
Lo más visto
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
- El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
- Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
- Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
- Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”




























































