El caso sobre financiación ilegal del PP en Zamora pasa a la Fiscalía Anticorrupción
El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se hará cargo del supuesto caso de corrupción que el constructor Eduardo Corrales Cavarrot imputa al PP de Zamora, según recogió ayer la agencia Efe de fuentes judiciales. La Fiscalía General del Estado ha dispuesto que el fiscal de Zamora continúe la investigación, pero con la tutela y asesoramiento técnico de la Fiscalía Anticorrupción, a la cual in formará de cuantas iniciativas adopte. El presidente del Gobierno responderá hoy en la sesión de control del Ejecutivo a la siguiente pregunta de IU: "¿Conocía el pago de comisiones ilegales al PP de Zamora por las concesiones de obras?".
La fórmula de investigación del caso Zamora decidida por la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, ha sido utilizada en la investigación de otros supuestos delitos. La Fiscalía Anticorrupción tiene la sede en Madrid, pero su competencia alcanza a todo el territorio nacional. El PSOE había solicitado la intervención de Ortiz Úrculo en reiteradas ocasiones desde que se destaparon las supuestas comisiones ilegales pagadas por constructores al PP zamorano.En su respuesta de hoy en el Congreso sobre el caso Zamora, Aznar no podrá hacer uso del informe encargado por el PP sobre la situación de la formación en la provincia ya que, formalmente, no se ha concluido. El trabajo, encargado a Juan Vicente Herrera, portavoz popular en las Cortes de Castilla y León y miembro de la Ejecutiva regional, no se hará Público previsiblemente hasta el viernes.
Del documento apenas ha trascendido que se excluye la existencia de financiación ilegal del PP zamorano mediante el cobro de comisiones a constructores a cambio de la adjudicación de obras en la Diputación. En cualquier caso, miembros del PP nombrados en el caso reconocen que, aunque el fiscal no llegue a establecer acciones ¡legales o punibles, "rodarán cabezas" entre los dirigentes provinciales, y recuerdan lo ocurrido en el caso Baleares o en los casos Naseiro y Palop.
Aznar ha otorgado poder para presentar una querella contra el presidente de la Diputación, Antolín Martín, por las graves acusaciones hechas públicas por éste contra el PP y sus dirigentes. La presentación previa de una demanda de conciliación, prevista para el viernes, ha sido negada por la Dirección Regional del PP, pero no por ninguno de los responsables del partido en. Zamora.
La formación popular ya ha presentado una demanda de conciliación contra Corrales, cuyas declaraciones han sido utilizadas por Martín tras ser suspendido, cautelarmente de militancia en el partido y estar pendiente de un expediente de expulsión.
Mientras tanto, los tres constructores que, según Corrales, entregaron tres millones a Aznar en 1987 para financiar su campana a la presidencia de la Junta. castellano-leonesa niegan los hechos o guardan silencio.
Este último es el caso de Antonio San Gregorio, a quien este periódico localizó en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde actualmente reside. "Cuando tenga que hablar, hablaré en el sitio donde tenga que hacerlo", fue todo lo que accedió a manifestar el ex presidente de la patronal zamorana.
Por el contrario, Miguel Vecino Cordero, con el que se mantuvo ayer una breve conversación en Zamora, negó haber asistido a una reunión con Aznar entre abril de 1987 en el hotel Meliá, y mayo de de Valladolid, en contra de lo que asegura Corrales y agregó que jamás pagó comisiones por la adjudicación de obras públicas. El tercer asistente a la supuesta reunión, César Martínez Omaña, ya negó en días pasados las imputaciones.
El fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, citará a los tres en los próximos días para contrastar la denuncia de Corrales.
Este empresario declaró ante él que supo "a través de dos conocidos [San Gregorio y Vecino] de la celebración de una reunión, en el hotel Meliá, de Valladolid, entre los meses de abril y mayo de 1987, a la que acudieron estos dos conocidos y un tercero [Omaña], en el curso de la cual uno de ellos [San Gregorio] hizo entrega a Aznar de un cheque de un millón de pesetas. El otro constructor [Omaña], entregó otro cheque de dos millones para ayudar a la campaña del partido [Aznar era entonces candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Alianza Popular], manifestando en ese acto el señor Aznar que esos tres millones se convertirían para los donantes en 300 millones en el futuro".
Eduardo Corrales aseguró también al fiscal que Omaña y San Gregorio pagaron comisiones por la concesión de obras de la Diputación cuando la presidía Luis Cid. Al primero le imputa igualmente haber actuado como recaudador de 40 millones para comprar al diputado socialista José Luis Antorrena, cuyo voto dio la presidencia a Cid. Omaña, ex asesor de minería de la Junta de Castilla y León con Aznar, ha sido condenado en dos ocasiones por fraude fiscal.
