Orden de detención contra Ruiz-Mateos por no acudir a su juicio por denuncia falsa
José María Ruiz-Mateos no compareció ayer en el Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid para someterse a un juicio por los presuntos delitos de denuncia falsa y falsificación de documento mercantil. Los hechos se remontan a 1994 y, según el fiscal, que pide para él dos años de cárcel, la intención del empresario era perjudicar al ex ministro de Economía Miguel Boyer y al ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio acusándoles de haber evadido al extranjero 1.070 y 1.400 millones de pesetas, respectivamente. Era la segunda vez que Ruiz-Mateos dejaba plantado al juez Gregorio del Portillo García, quien dictó una orden de detención contra él para que sea trasladado a las dependencias judiciales y pueda celebrarse la vista.A través del teléfono móvil de su abogado, Joaquín Ibancos, Ruiz-Mateos informó a los periodistas de que no había acudido a la cita porque tampoco lo había hecho Boyer, su denunciante junto a Rubio. "Si Boyer me denuncia y no va al juicio, ¿por qué voy a ir yo?", trató de justificarse. El que sí se presentó en el juzgado fue, Rubio. El ex responsable bancario, con gesto de enfado por lo que considera continuos mareos de Ruiz-Mateos, se remitió al escrito de acusación de la fiscalía, que, indicó, recoge las tretas y las artimañas que emplea el empresario para "sus falsas denuncias".
Tampoco asistió al fallido juicio José Manuel Schaff López, amigo de Ruiz-Mateos y para quien el fiscal pide seis años de cárcel por haber incurrido supuestamente en idénticos delitos y ser reincidente. Schaff se halla en búsqueda y captura.
Aunque la denuncia fue presentada en la Audiencia Nacional por el propio Ruiz-Mateos, el fiscal asegura que Schaff también participó en su elaboración y desarrollo.
Evasión de 2.470 millones
Según él, Ruiz-Mateos, ex dueño de Rumasa, entregó el 8 de junio de 1994 al entonces magistrado de la Audiencia Miguel Moreiras "cinco documentos confeccionados por él mismo o por otra persona a su ruego en los que se hacían constar operaciones bancarias y financieras realizadas por Mariano Rubio y Miguel Boyer con la Unión de Bancos Suizos y la Banca Nacional de París que ascendían a 1.400 y 1.070 millones de pesetas, respectivamente". Y lo hizo a pesar de que, según el ministerio público, "sabía que tales documentos eran falsos y que las operaciones reflejadas en ellos en absoluto se correspondían con la realidad".
A Ruiz-Mateos comienzan a acumulársele las causas en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. Al menos tres de ellos desarrollan diligencias contra él.
El de Instrucción número 26, que dirige Santiago Pedraz, tramita una en la que se implica al empresario en una trama de presuntas falsedades y escuchas ilegales destinada a sacar a la luz escándalos políticos.
En estas diligencias, según fuentes jurídicas, se acusa a Ruiz-Mateos, entre otras cosas, de estar detrás de una operación tendente a atribuir una falsa hija al ex presidente del Gobierno Felipe González.
