El Europarlamento condena el cierre de la fábrica Renault en Bélgica

El Parlamento Europeo dio ayer desde Estrasburgo otro varapalo a Renault. Por abrumadora mayoría, los eurodiputados piden a la Comisión Europea que castige a la multinacional esa del automóvil a la que acusan de violar normas comunitarias, e instan a la presidencia de la Unión a que evite el cierre de la fábrica de Vilvoorde (Bélgica) y el despido de sus 3.100 empleados. Trabajadores de esa fábrica consiguieron provocar la ira de los conservadores en el pleno de la Eurocámara.

Bastó que la presidenta del Grupo Socialista, Pauline Green, dedicara a los trabajadores unas palabras de bienvenida para que la derecha provocara una trifulca, con el argumento de que la intervención de Green había sido contraria al reglamento. Protestaron también porque los trabajadores aplaudieron sus palabras y violaron así el reglamento, que prohíbe al público expresar su opinión. sobre los debates. El presidente de la sesión, Antoni Gutiérrez, de IU-IC, expulsó a un diputado francés, después de negarle por tres veces la palabra. Tras la ira de los conservadores, esencialmente los franceses, parecía latir un intento desesperado de retrasar la votación de una resolución parlamentaria que condena con dureza la actitud de la dirección de Renault.

El texto fue votado y aprobado con el apoyo de 385 diputados, la oposición de 36 y la abstención de 23. La resolución considera que la decisión de cerrar Vilvoorde "es totalmente contraria a las directivas sobre despidos colectivos y sobre el comité de empresa europeo" y vulnera el código de conducta de las multinacionales. El Parlamento pide a la Comisión que castigue esta infracción con los medios jurídicos de que dispone e insta a la Presidencia holandesa a que "haga todo lo posible para lograr que se rectifique la decisión adoptada por Renault".

El Parlamento "condena enérgicamente" la decisión de la dirección de la multinacional del automóvil, "que pone de manifiesto su arrogancia y desdén por las normas fundamentales de la consulta social, elemento esencial del modelo social europeo". Pide también "que, en la competencia por obtener inversiones, se ponga fin a la carrera hacia los requisitos mínimos' en los sistemas sociales".

Los eurodiputados consideran, en fin, "que las ayudas procedentes de. fondos públicos deberían vincularse a acuerdos a largo plazo con la dirección de la empresa en materia de empleo y desarrollo local" y piden a la Comisión y a los Estados miembros "que retiren las subvenciones de los programas de ayuda y reclamen el reembolso de estas subvenciones a las empresas que no cumplan sus obligaciones".