España expresa a Portugal su disgusto por la liberación del etarra Telletxea

El embajador portugués en Madrid, Leonardo Mathias, fue convocado ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se le expresó el "disgusto y preocupación" del Gobierno español por la sentencia del Tribunal Supremo luso que dejó la pasada semana en Iibertad al presunto etarra José Luis Telletxea, cuya extradición había pedido la Audiencia Nacional. La sentencia asegura, entre otras cosas, que las "sospechas" de prácticas de "tortura" en España son "ciertas" y que el amonal, sin detonadores, no es material "dañoso".

El Tribunal Supremo portugués sostiene que "Ias sospechas de tortura" para obtener los testimonios contra Telletxea "son una realidad", y que el amonal -explosivo utilizado habitualmente por ETA- no es un "instrumento dañoso".El fallo del tribunal explica que dos de los hechos imputados a Telletxea -"paso de fronteras y acoger a compañeros en casa"- no tienen, naturalmente, "expresión jurídico delictiva, en términos de excluir la protección juridica" preyista en la Ley de Extradición.

Sobre el "transporte de material diverso" (amonal, según los datos judiciales españoles enviados a Lisboa vía Interpol), el Tribunal Supremo afirma que no está autorizado a considerarlo "instrumento dañoso". La sentencia afirma que, de aceptarse "que se haya tratado del explosivo amonal, hay que ponderar objeciones de forma, la información es prestada directamente por la autoridad policial y no por las vías propias (se refiere a los cauces judiciales); el nitrato en cuestión, no acompañado de detonadores, es inofensivo, y la información policial es omisa al respecto".

Material no especificado

Asimismo, el tribunal explica, que, "en consecuencia, sólo deberá considerar el transporte de material, no especificado, pero sin que se aprecie la conciencia que el extraditando tenía de dicho transporte". La sentencia considera que "Ias sospechas de tortura son también una realidad, basada en la prueba documental de los autos [sin especificar] y en la prueba testimonial" [los argumentos esgrimidos por el inculpado].

Según la documentación enviada a Lisboa, las autoridades judiciales españolas sostienen que Telletxea llevó al cabo unos 30 pasos de frontera entre España y Francia para trasladar explosivos y recibir terroristas de ETA. Tres de esos pasos, según la información española que cita fechas, sirvieron para trasladar "500 kilos de amonal que luego fueron utilizados en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Llodio (Álava, 26-6-1985)". Para el transporte de esos explosivos fueron "utilizados siempre automóviles propiedad de Telletxea".

El embajador portugués fue recibido a mediodía de ayer por el subsecretario de Exteriores, José de Carvajal, el encargado de trasmitir la protesta del Gobierno. Ésta no se dirige únicamente contra el máximo tribunal portugués, sino también contra las personalidades políticas portuguesas que han abogado contra la extradición.

Fuentes de La Moncloa y portavoces de Exteriores recordaron que el vicepresidente primero de la Asamblea portuguesa, el socialista Manuel Alegre, encabezó un escrito, al que se sumaron personalidades del mundo cultural y político, en contra de la extradición del presunto etarra. En el manifiesto encabezado por el dirigente socialista portugués se aseguraba que las acusaciones formuladas por la Audiencia Nacional contra Telletxea se basaban en confesiones arrancadas con torturas.

Simultáneamente a la protesta diplomática, fuentes de La Moncloa expresaban ayer su "asombro" por el silencio de los socialistas españoles ante la gravedad de las acusaciones formuladas por sus correligionarios portugueses.

Independencia judicial

Ciprià Ciscar, secretario de Organización del PSOE, respondió indirectamente a esas quejas y a los socialistas portugueses al negar que se puedan poner en duda las garantías constitucionales que existen en España. "Existen y son buenas, otra cosa es la imagen que podamos dar de la Administración de Justicia", señaló al término de una reunión de la ejecutiva de su partido. El juez de la Audiencia Nacional encargado de solicitar la extradición fue Baltasar Garzón.

El subsecretario de Asuntos Exteriores afirmó que el Gobierno español comprende la independencia de los tribunales portugueses, pero expresó al embajador portugués el "asombro" por la decisión del Supremo portugués de ignorar la petición de los tribunales españoles. Advirtió, además, que, en caso de que esta sentencia sirva de aliento a miembros o colaboradores de ETA para buscar amparo en Portugal, España deberá replantearse la política de frontera abiertas entre los dos países.