Visto para sentencia tras 14 años el juicio a José María Ruiz-Mateos, para quien el fiscal pide 12 años

A las 18.20 de la tarde Siro García, presidente del tribunal que juzga a José María Ruiz-Mateos y otros cuatro acusados, levantó la sesión y declaró: "Está visto para sentencia".14 años después de la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, y algo menos desde su auto de procesamiento, el 6 de julio de 1983, el empresario jerezano y algunos colaboradores esperan el veredicto, dentro de un mes, sobre los delitos para los que el fiscal, Ignacio Gordillo, solicita un conjunto de penas de 50 años de cárcel.

La sesión empezó con la denegación de un deseo del alma de Ruiz-Mateos, la citación a Miguel Boyer. "Sin él, el juicio no es completo. Es una obra literaria inacabada", declaró el encausado ante el tribunal.

.Dos miembros del tribunal estaban a favor de citar a Boyer, el hombre que propuso la expropiación de Rumasa en la reunión del Consejo de Ministros del 23 de febrero de 1983, pero el presidente se mantuvo firme contra la declaración de "políticos". Fuentes próximas al ex ministro señalaron que Boyer no tenía reparo alguno en declarar y que le parecía "lógico" hacerlo.

Al exponer sus conclusiones, el fiscal Gordillo sostuvo que los hechos presuntamente delictivos cometidos por Ruiz-Mateos encajan en el delito de falsedad tipificado por el nuevo código penal.

Los hechos son diversas operaciones contables ficticias en los bancos de Rumasa. Entre ellas, la apertura de cuentas de crédito a nombre de empresas reales (Seat, Motor Iberica, Empetrol, Magefesa, Pegaso, y muchas otras) en diferentes bancos del grupo Rumasa, con fecha 31 de enero de 1983, con el fin de ocultar al Banco de España la realidad de los riesgos asumidos por cada una de las entidades bancarias. Las citadas empresas ignoraban que su nombre fue utilizado. En dichas cuentas se creo una inversión crediticia falsa de 1.766 millones.

Otro de los hechos se refiere al asiento de revalorización contable de 300.000 millones, entre otros, ordenado por Ruiz-Mateos después de la expropiación e introducido por uno de sus ejecutivos, Manuel Sánchez Marín, el 4 de marzo de 1983, cuando el empresario jerezano carecía de poderes ejecutivos y se hallaba camino de Andorra para luego "exiliarse" en Londres.

El fiscal pide 23 años de cárcel para José Díaz Hidalgo, secretario de Ruiz-Mateos; y cinco años para Luis Romero Agarrado, Manuel Sánchez Marín y Carlos Quintas Álvarez, respectivamente. El tribunal está integrado, además del presidente, por los magistrados José Antonio Marñón y Manuela Fernández de Prado.