Un jurado popular juzga desde hoy al presunto asesino de dos 'ertzainas'

Nueve ciudadanos decidirán en los próximos días si Mikel Otegi es culpable o no de haber asesinado en Itsasondo (Guipúzcoa) a los ertzainas Iñaki Mendiluze Etxeberria y José Luis González Villanueva. El caso, que empieza a juzgarse hoy en la Sala Primera de la Audiencia de San Sebastián, se ha visto envuelto en una fuerte polémica desde el momento, en que se produjo el doble crimen.

Otegi, militante de Jarra¡, las juventudes de la Coordinadora Abertzale Socialista (KAS), ha contado con el apoyo de Herri Batasuna y sus grupos afines. Todos ellos le respaldaron argumentando que la muerte de los agentes se había producido como reacción al hostigamiento que ejerce la Ertzaintza sobre la juventud vasca.

La sociedad guipuzcoana salió entonces a la calle para respaldar a la policía vasca y denunciar la violencia que se da en Euskadi. En cambio, meses más tarde, tras el sorteo para formar el jurado popular, la mayoría de los ciudadanos preseleccionados presentaron excusas para no ser finalmente designados -tan sólo nueve no lo hicieron-. Sin embargo, sus alegaciones no convencieron al presidente del tribunal, José Luis Barragán. Así que hoy deberán comparecer los 20 que son necesarios para que las distintas partes elijan a los 11 que juzgarán a Otegi.

Los hechos tuvieron lugar el 10 de diciembre de 1995 en las proximidades del caserío Oteizabal. Otegi, que había pasado la noche fuera, vio al llegar a su casa cómo se aproximaba una patrulla de la Ertzaintza. Fue en ese momento cuando cogió una escopeta de caza y realizó dos disparos mortales. Horas antes había mantenido una discusión en un bar con otro agente y al parecer, penso que iban a detenerle.

Solicitud de incomunicación

En sus conclusiones provisionales, el fiscal solicita 57 años de prisión para el procesado. El abogado de las familias Mendiluze y González pide 30 años por cada una de las muertes. Por su parte, el defensor de Otegi rebaja la pena a ocho meses.La acusación particular ha pedido a la Audiencia que las personas que sean designadas para formar parte del jurado queden incomunicadas de inmediato para que se pueda evitar cualquier presión sobre ellas. Esta medida es poco probable que sea aceptada, ya que la ley no la prevé para antes de la deliberación.