Angustiosa espera a la puerta de Europa

Un total de 718 inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos de origen subsahariano, se encuentran en el campamento ceutí de Calamocarro y en diversos alojamientos de Melilla, esperando a regularizar su situación y entrar en la Península.Las versiones sobre sus condiciones de vida en los espacios preparados para ellos en las dos ciudades españolas en África son contradictorias: el Gobierno asegura que se mejoran gracias a inversiones millonarias y a acuerdos con organizaciones humanitarias, pero algunas de éstas organizaciones que trabajan con los indocumentados afirman que poco ha cambiado. Para ellos siguen siendo "campos de refugiados".

La de estos ilegales "no es una situación idílica, pero tampoco una tragedia, una opresión ni una vida infrahumana". Esta opinión de un senador del PP sobre las condiciones de vida de estos ¡legales choca frontalmente con la de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos y partidos que opinan que sufren una. situación "penosa, dramática y triste".

Actualmente son 718, la mayoría procedentes de países subsaharianos, los inmigrantes que, sin papeles, se agolpan en el campamento ceutí de Calamocarro y otros alojamientos en Melilla. El pasado miércoles, ante la Comisión de Interior y Función Pública del Senado, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, detalló las inversiones para mejorar la situación "delicada, difícil, anómala, perentoria y urgente" de estos, inmigrantes. Mayor, que anunció la apertura este año en Ceuta y Melilla de oficinas de ventanilla única para extranjeros que faciliten los trámites para obtener permisos de entrada en la Península, viajará pronto a las dos ciudades para comprobar sobre el terreno cómo viven los indocumentados.

En Calamocarro -que se abrió en Ceuta el 15 de octubre de 1995 tras los incidentes protagonizados por los inmigrantes que hasta entonces vivían en la muralla de la ciudad- hay ahora 335 ilegales: 312 subsaharianos y 23 magrebíes. Viven en una zona alta de campo, a seis kilómetros de la ciudad, en un antiguo campamento juvenil. La mayoría son jóvenes, hay muchos universitarios y algunos hablan dos o tres idiomas. Mientras esperan a conseguir uno de los permisos excepcionales de un año que concede el Gobierno (por un acuerdo entre Trabajo e Interior y algunas ONG que, desde octubre, ha permitido que entren en la Península 113 inmigrantes), se ganan la vida vendiendo periódicos, lavando o aparcando coches o ayudando a llevar la compra. Por la noche regresan al campamento.

Según la Delegación del Gobierno, Calamocarro "no es un campo de concentración", y la situación es "muy tranquila", pero, desde la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) se asegura que es "un campo de refugiados" donde los indocumentados viven "custodiados por la Guardia Civil". Para esta ONG, la tranquilidad se debe al miedo y la desconfianza: los inmigrantes temen ser expulsados a Marruecos, que ha empezado a aplicar el tratado de readmisión de ilegales, firmado con España en 1992, por el que en enero se expulsó a 35 ¡legales del campamento. Pero quedan todavía muchos inmigrantes en Calamocarro. Lo que preocupa ahora al Gobierno y las ONG es mejorar sus condiciones de vida. Por eso, según Mayor Oreja, desde noviembre, Interior ha invertido en Ceuta cerca de 5.000 millones de pesetas, la mayor parte en la construcción de una carretera de circunvalación. El resto se ha empleado en construir una nave de 200 metros cuadrados para 100 personas en literas; impermeabilizar el techo de un dormitorio anexo al edificio de los servicios, en el que caben 40 personas en litera dobles; sustituir las antiguas tiendas de campaña por otras nuevas con doble techo y suelos de plástico; drenar la explanada donde se instalan las tiendas; ampliar en las zonas de uso común los puntos de alumbrado; e instalar tomas de corriente para cada una de las tiendas. Además, desde el 20 de agosto de 1996, se aplica en el campamento un convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Cruz Roja por el que ésta se encarga de la alimentación de los inmigrantes, que financia Trabajo. El 20 de enero entró también en funcionamiento un nuevo servicio de atención médica para los inmigrantes por el que evitan el traslado hasta el centro del Insalud más cercano, a seis kilómetros del campamento.

Además de las de Interior, ha habido más inversiones. La Cruz Roja ha gastado desde enero de 19,96 más de 45 millones de pesetas; la comandancia general militar, 4 millones; la Asamblea de Ceuta (el Ayuntamiento) 8 millones; la Dirección General de Protección Civil, 18 millones, y la Delegación del Gobierno, 8 millones más. En total, más de 83 millones de pesetas.

Sin embargo, parece que el dinero no consigue eliminar todos los problemas. Una de las integrantes de la APDH visitó el mes pasado el campamento y asegura que "el hacinamiento sigue siendo el mismo y las condiciones de habitabilidad dejan mucho que desear; se han mejorado, pero eso no quiere decir que sean las más dignas".

En Melilla, donde actualmente hay casi 383 inmigrantes, la situación es similar a la de Calamocarro. Allí también se ha invertido. Y allí también hay críticas. En este caso es la ciudad autónoma la que corre con los gastos de los inmigrantes, un concepto por el que desde 1995 ha gastado unos 95 millones de pesetas con cargo al 0,7% del presupuesto. Se han efectuado, por ejemplo, obras de mantenimiento y reparación de puestos fronterizos, por importe de mas de 24 millones de pesetas, y 10 kilómetros de alambrada (56 millones). Hay, además, una obra proyectada para remodelar completamente el puesto fronterizo de Beni-Elzar, en el que se invierten 423 millones.

De los ilegales de Melilla, 331 son subsaharianos y se alojan en La Granja, conjunto de naves que perteneció al Ministerio de Agricultura y que se habilitó corno centro de acogida el 31 de diciembre de 1996. Hay además 32 argelinos en el centro Lucas Lorenzo, y 20 inmigrantes de otras nacionalidades en pisos y pensiones.

Recientemente, se han acometido en La Granja obras de mejora: la semana pasada, Protección Civil se gastó casi 2,5 millones en sanitarios y útiles de primera necesidad. Se han instalado cabinas telefónicas y, tras protestas de ONG y algunos políticos que han visitado el asentamiento, acaban de llegar módulos higiénicos sanitarios.

Las inversiones tampoco frenan en este caso las críticas. Pepe Alonso, miembro de la APDH, visitó hace unos días las instalaciones y asegura que las nuevas duchas móviles no funcionan. Alonso ha criticado el intento de "lavar la imagen" del centro de acogida ante la inminente visita del ministro del Interior. Según Alonso, las cuatro naves están "medio en ruinas" y una de ellas está en ruina total", por lo que los inmigrantes han levantado chabolas. Pero la Delegación del Gobierno les ha invitado a hacerlas desaparecer.

Entre los inmigrantes indocumentados que esperan en Melilla y en Ceuta, parece reinar por el momento la calma. Pero, según Alonso, es también una falsa tranquilidad, inspirada por el miedo.