López-Amor causó graves perjuicios al Ayuntamiento de Madrid, según el PSOE

El PSOE ha añadido nuevos "escándalos judiciales" al currículo de Fernando López-Amor, el ex concejal y ex diputado nacional del PP nombrado director general de RTVE. Cuando era edil de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, la concesión de un puesto en Mercamadrid casi le costó un juicio por prevaricación -no se celebró por acuerdo con la denunciante-; cerró el matadero con un permiso de la Comunidad que no existía, y a la corporación se le reclaman ahora 850 millones por un aparcamiento iniciado durante su mandato en Ciudad Lineal. Según el senador socialista Juan Barranco, "López-Amor está descalificado para ocupar un cargo público. Su gestión ocasionó graves perjuicios al Ayuntamiento de Madrid".

Fernando López-Amor se ha hecho famoso por la sentencia dictada en 1992 por la Audiencia Nacional condenándole a 15 días de suspensión de empleo por un delito de abuso de autoridad cuando era jefe de inspección de la Administración de Hacienda de Madrid.El nuevo director de RTVE militaba entonces en el Centro Democrático y Social (CDS) y exigió a un subordinado el expediente fiscal de un ex compañero de partido, el concejal Francisco Javier Soto Carmona, que había anunciado su pase al Grupo Mixto y su apoyo al Gobierno socialista. Soto acabó dimitiendo y ocupó su puesto de edil el inspector fiscal que le había buscado las cosquillas en Hacienda: López-Amor.

Pero no han sido sus únicos encontronazos con la Justicia. El senador socialista Juan Barranco ha desempolvado ahora los asuntos gestionados por López-Amor durante su etapa municipal que le llevaron ante los tribunales. El más grave, según Barranco, a punto estuvo de acarrearle una condena por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y la posterior inhabilitación para un cargo público. "Se libró por un apaño de última hora", dice Barranco.

Los hechos se remontan a 1994, cuando López-Amor, entonces concejal de Hacienda, adjudicó el local número 29 de Mercamadrid a Susana San Martín por ocho millones de pesetas más un canon mensual de 226.000. En el decreto de concesión incluyó una cláusula especial que obligaba a la adjudicataria a contratar a las personas que habían trabajado anteriormente en ese mismo puesto para otro empresario al que se anuló la autorización. San Martín entendió que esa imposición era ilegal y le perjudicaba. Como su recurso ante el Ayuntamiento fue desestimado, presentó una querella por prevaricación contra López-Amor.La Audiencia de Madrid admitió a trámite la querella el 16 de septiembre de 1994. El Juzgado de Instrucción número 21 inició las diligencias y López-Amor tuvo que declarar. Justificó su conducta en "la defensa del derecho de los trabajadores" y explicó a la juez María Paz Redondo que firmaba "miles de resoluciones al día" y no comprobaba los expedientes porque "llegaban desde diferentes direcciones de su Concejalía".

La instructora dictó el 13 de noviembre de 1995 un auto en el que declaraba que de las diligencias previas resultaban "indicios suficientes para imputar un delito de prevaricación" a López-Amor. Así, pedía al fiscal y al representante de la demandante que formularan sus escritos de acusación para iniciar el juicio oral. La acusación particular reclamó entonces una pena de 12 años de inhabilitación para López-Amor y 36 millones de indemnización por los daños causados.

Pero la vista no se celebró porque sólo quince días después, el 28, el Ayuntamiento aceptó el recurso de la demandante, suprimió la cláusula y rebajó el precio del puesto de ocho millones a un millón., En consecuencia, la acusación se dio por satisfecha y pidió el sobreseimiento del caso, lo que se produjo el 13 de diciembre de 1995.

Barranco entiende que, al rebajar el precio del local de Mercamadrid, López-Amor pudo incurrir en un nuevo delito de prevaricación: "La Administración pública tiene prohibido conciliar con un, demandante cuando está abierto un proceso judicial en defensa (le los intereses generales. Si la intención real de López-Amor era defender los derechos de los trabajadores, tendría que haber seguido hasta el final. Pero aceptó un apaño para evitar una condena que le podría haber inhabilitado por 12 años".

Las pesquisas de Barranco sobre el historial como gestor municipal de López-Amor se han fijado también en Ciudad Lineal, distrito que presidió en 1990. López-Amor concedió el 17 de julio ,de ese año una licencia para que la empresa Parking San Marcelo construyera un aparcamiento subterráneo entre dos bloques de pisos. Esta decisión causó la ira de los vecinos, pero López-Amor siguió adelante.: Cuando se iniciaron las obras, los vecinos se amotinaron para impedirlas y lo consiguieron.

López-Amor dejó esa concejalía con la guerra abierta. Su sustituto, Jorge Barbadillo, se rindió y declaró caduca la licencia. La empresa Parking San Marcelo recurrió a los tribunales de Justicia exigiendo al Ayuntamiento una indemnización de 850 millones por daños y perjuicios. La sentencia, según el PSOE, está al caer.