Interior pondrá escoltas a todos los magistrados del Tribunal Supremo

, El Ministerio del Interior se comprometió ayer a reforzar de inmediato las medidas de seguridad personal de los 92 magistrados del Tribunal Supremo con la asignación de escoltas y coches oficiales, así como a mejorar la seguridad estática en sus domicilios. Así fue explicado por el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, en dos reuniones mantenidas en el Supremo con los jueces. Por otro lado, los seis jóvenes integrantes de dos grupos Y, de apoyo a ETA, detenidos el pasado jueves en Hernani (Guipúzcoa) tenían previsto arrasar con gasolina y ácido los juzgados de la localidad.Martí Fluxá mantuvo ayer contactos en dos ocasiones con magistrados del Supremo. En primer lugar se entrevistó con una delegación y posteriormente tuvo una reunión en el salón de actos del alto tribunal a la que asistieron la mayoría de los 92.

El secretario de Estado ya se había reunido hace un mes con los miembros del Supremo para estudiar las medidas de seguridad a adoptar ante un posible atentado de ETA contra algún juez, a la vista de que los nombres de varios habían aparecido en un listado intervenido en el piso de la calle Doctor Fleming, de Madrid, que había. sido ocupado por un comando.

En aquel momento se dispuso protección para los magistrados que aparecían en la lista, especial, mente los integrantes de la Sala Segunda, de lo Penal, que será la encargada de juzgar el caso Marey. En aquélla no figuraba Rafael Martínez Emperador, de la Sala de lo Social, asesinado esta semana. Precisamente ayer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concluyó el expediente para proponer al Consejo de Ministros que se le conceda la medalla de oro al mérito en el Trabajo.

Martí Fluxá anunció en la reunión que se asignará a cada magistrado un policía de escolta permanente, además de coche oficial y el conductor correspondiente. Agregó que se reforzaría la seguridad estática en los domicilios y la ampliación del perímetro de seguridad en la zona del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia.

Este área contaba ya con un plan de seguridad integral que ahora será potenciado con un mayor número de agentes dedicados a labores de vigilancia y contraterrorismo.

Por otro la do, el presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bercijo, declaró ayer a Radio Nacional que las reformas legislativas en materia de terrorismo no deben hacerse "cuando la sangre está caliente", sino "en momentos de sosiego, de cabeza fría". Según él, cuando hay asesinatos siempre se habla del endurecimiento de las penas cuando es un momento para "hablar de otras cosas".

20 litros de gasolina

Por otro lado, los seis presuntos integrantes de los grupos Y, de apoyo a ETA, que fueron detenidos el jueves en Hernani tenían previsto arrasar los juzgados de la citada localidad guipuzcoana proyocando un incendio con 20 litros de gasolina, ácido y clorato potásico que les fueron intervenidos, según Interior.Recientemente, otro grupo de las mismas características prendió fuego al juzgado de paz de Rentería (Guipúzcoa), lo que produjo graves quemaduras a una funcionaria.

Los grupos desarticulados actuaban de forma coordinada, además de en Hernani, en Oiartzun, Rentería y Tolosa. La policía les considera autores de un centenar de acciones de violencia callejera cuyos daños se elevan a 750 millones.

Entre las últimas acciones protagonizadas por estos grupos destaca la quema de una sede del PSOE, el 25 de enero pasado, y el ataque a una furgoneta de Telefónica, el 11 de febrero. Uno de ellos operaba desde 1994 y el otro desde hace pocos meses.

Los detenidos son Jorge Novoa Martín, de 19 años de edad; lker Sistiaga González, de 23; Aritz Arabiotorre Laspeñas, de 18; Gaizka Mendiable Apecechea, de 20; Alejandro Perera Arizcun, de 24, y Martín Casillas, de 19.

Se da la circunstancia de que Perera ya fue detenido el 19 de noviembre de 1996 junto con otros cuatro jóvenes de Hernani, acusados todos de formar parte de otro grupo violento al que se atribuían más de 70 acciones de este tipo que habían causado daños valorados en 500 millones.

Desde agosto de 1996 la policía ha desarticulado a once de estos grupos violentos. Cinco de ellos actuaban en Navarra, otros cinco en Guipúzcoa y el restante en Vizcaya.