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Editorial:

Alguacil alguacilado

EL EX JUEZ Luis Pascual Estevill ingresó ayer en prisión cautelar acusado de varios delitos de cohecho. El pasado julio había sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a seis años de suspensión en el ejercicio de la judicatura por prevaricación y detención ilegal, tras una larga peripecia judicial en la que consiguió parapetarse en el aforamiento que le proporcionaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los delitos por los que ha sido condenado y los otros cuya presunción le lleva ahora a la prisión preventiva eran conocidos en los medios empresariales barceloneses mucho antes de que se iniciara el caso y antes incluso de que Convergéncia i Unió (CiU) le propusiera como vocal del CGPJ, hasta el punto de que ya tenía abierto un sumario por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pascual Estevill, presuntamente con la ayuda del abogado Joan Piqué Vídal -en libertad bajo fianza de 30 millones-, concedía libertades provisionales a cambio de sobornos, mediante la utilización abusiva y prevaricadora de la prisión preventiva, la medida que, tras recorrer todos los pasos jurídicamente correctos, otro juez acaba de tomar contra él.A pesar de todo esto, CiU lo propuso como vocal y, más tarde, los magistrados conservadores del CGPJ lo defendieron a capa y espada hasta bloquear el funcionamiento del organismo, regalándole un parapeto que le permitió alargar los procesos y ser juzgado por el Supremo y contribuyendo a desprestigiar a la institución. Josep Antoni Duran i Lleida dijo con motivo de la primera sentencia que había sido un error su nombramiento. Jordi Pujol, en cambio, intentó repartir las culpas con todos los partidos, pues formalmente todos le dieron su voto en la anterior legislatura. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que tan reiteradamente apoyó a Estevill cuando pertenecía al CGPJ, todavía no ha explicado si fue errónea su actuación.

Nadie ha proporcionado una explicación convincente que permita comprender cómo alguien como Estevill pudo llegar hasta el órgano de gobierno de los jueces y cómo pudo obtener los apoyos extraordinarios que obtuvo, entre otros, de miembros del actual Gobierno. Cuanto más avance el caso Estevill, más sangrante será la ausencia de explicaciones. Como factor positivo, en cambio, las medidas cautelares dictadas ayer por un juez de Barcelona demuestran que la justicia española es capaz de aplicar el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, con independencia de sus filiaciones corporativas y de su capacidad para encontrar apoyos del poder político.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de febrero de 1997