Un jurista especializado en asuntos sociales

, Rafael Martínez Emperador, madrileño de 68 años, casado y con tres hijos, inició en 1954 su carrera como juez, en la que estuvo dedicado preferentemente a la jurisdicción laboral. En otros cargos públicos también ejerció su especialización jurídica social. Fue asesinado precisamente el día en que cumplía nueve años en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Estudió Derecho en Madrid, donde se licenció en 1950. Tres años después ingresó en la carrera judicial y en 1954 ejerció su primer destino, como juez de primera instancia e Instrucción de Cañete (Cuenca), de donde pasó a Torrelaguna (Madrid), Andújar (Jaén) y Santa María la Real de Nieva (Segovia).

Ascendido a magistrado de Trabajo en 1964, ejerció en esta jurisdicción en Lugo, Ciudad Real, Gerona y Madrid. En los años setenta tuvo un paréntesis en su actividad judicial. En 1970 fue designado subdelegado general del Instituto Nacional de Previsión, en 1973 director general de Trabajo, en 1975 director general de la Seguridad Social y en 1976 director general de la Jurisdicción del Trabajo. En 1980 fue elegido vocal del primer Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1985. Regresó a la jurisdicción laboral y en 1988 fue designado por el CGPJ magistrado de la Sala de lo Social del Supremo.

Defendió la huelga política

Entre las sentencias de las que fue ponente en el Tribunal Central de Trabajo -órgano hoy suprimido-, figura una de 1987 en la que reconoció el derecho de los trabajadores a secundar una huelga general: la convocada en 1985 por CC OO contra la reforma de las pensiones realizada por el Gobierno socialista, a pesar del carácter político de aquella huelga, informa Servimedia.

Rafael Martínez Emperador impartió cursos sobre la Seguridad Social en la Escuela de Práctica Jurídica y fue profesor auxiliar de Derecho del Trabajo. Asimismo, ha publicado trabajos jurídicos sobre temas sociales y ha asistido a congresos internacionales sobre igual materia.