Soluciones al problema de la vivienda

Con anterioridad a la aprobación del Plan General del 85, el precio de una vivienda en el centro urbano de Madrid, apenas alcanzaba las 100.000 pesetas por metro cuadrado.En la década de los noventa, aquel precio ha llegado a triplicarse, con lo que Madrid ha ostentado el triste récord de ser la ciudad más cara de España en materia de vivienda, un récord que se ha traducido en el éxodo obligado de miles de madrileños hacia la corona metropolitana y cuyas consecuencias para la ciudad, a largo plazo, aún están por determinar.

El motivo fundamental de esta situación es sobradamente conocido: el determinismo de aquel documento urbanístico, que impuso a Madrid la condena a priori de un crecimiento cero y la consecuente restricción en la calificación del suelo residencial.

Un error de cálculo que creó un escenario de escasez de terrenos entre ficticio y absurdo, pero con el resultado real de generar una tremenda especulación del suelo disponible.

Partiendo de esa consideración, el nuevo Plan General, entre cuyos objetivos fundamentales está el de dar una solución al problema de la vivienda, no podía sino introducir un cambio cualitativo en esta materia: la calificación masiva del suelo para uso residencial, que permitirá la construcción de 309.000 viviendas, de las que más de la mitad serán de protección pública.

Es compromiso del actual equipo de gobierno municipal enfocar sus esfuerzos hacia la movilización del suelo del municipio. Nuestro papel ha de ser planificador y regulador, no tanto intervencionista, apostando decididamente por la iniciativa privada -promotores y cooperativas-, en la producción de vivienda protegida (VPO y VPT) como la fórmula más adecuada para cubrir los niveles de demanda insatisfecha y reactivar el sector de la construcción.

El eje principal de este crecimiento inmobiliario, en el nuevo plan, viene impulsado por el desarrollo, ya en marcha, de los Programas de Actuación Urbanística (PAU) de Sanchinarro, Las Tablas, Monte Carmelo, Vallecas y Carabanchel, que tienen capacidad para 67.000 nuevas viviendas. A esto se une la consolidación del suroeste de la capital, que se cerrará con la Operación Campamento, en donde se prevé la construcción de 19.000 viviendas; el remate del norte, con la prolongación del paseo de la Castellana que contará con 1.100 viviendas, y la edificación de más de 3.000 en Arroyo del Fresno. Estos crecimientos, sin embargo, no van a repetir esquemas urbanísticos del pasado: el plan dobla el número de superficie de zona verde, contiene reservas óptimas para equipamientos y propugna unos coeficientes de edificabilidad muy por debajo de los permitidos en muchos ámbitos de la corona metropolitana, lo que generará áreas urbanas de excelente calidad.

Toda esta oferta que el nuevo plan propicia, implica irremediablemente, una reducción del precio del suelo y, por tanto, de la vivienda, lo que posibilitará su acceso a los sectores sociales más necesitados.

Pero junto a este desarrollo periférico, el nuevo plan recoge la continuación en la regeneración del casco antiguo. No hay que olvidar que la rehabilitación puede y debe tener un peso fundamental dentro de la política general de vivienda, no sólo por cuanto se trata de dinamizar el mercado de la vivienda usada, sino porque la recuperación del casco antiguo implica la erradicación de situaciones insostenibles desde el punto de vista social, urbanístico y económico.

Las consecuencias inmediatas de esta labor, que ya está dando frutos en el centro y en algunos barrios periféricos, suponen una auténtica transformación de las zonas de actuación, que llevan no sólo a un replanteamiento del mercado, sino a una relocalización de las infraestructuras, equipamientos y actividades urbanas ineludiblemente ligadas a la oferta residencial que se genera.

Finalmente, el Ayuntamiento va a seguir posibilitando el acceso a una vivienda digna a los sectores de la población más modestos, apostando decididamente por la política de realojamientos que viene desarrollando la EMV en cumplimiento del fin social y de subsidiariedad para la que fue constituida.

Así, la EMV asumirá la construcción de la mayoría de las viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial necesarias para atender la demanda estructurada en torno a diversas intervenciones urbanísticas, como las relacionadas con la eliminación de las bolsas de deterioro urbano y del chabolismo a través del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada. Esta actividad se completará con la continuación del ya popular Plan Primera Vivienda, y la consiguiente programación de nuevas convocatorias de viviendas baratas, destinadas fundamentalmente a familias sin hogar y a jóvenes que necesitan su primera vivienda.

Pretendemos, en definitiva, que Madrid no vuelva a encabezar el indeseable primer puesto en la lista de viviendas más caras de España y conseguir que el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, no sea ni un calvario ni un imposible.