El Ejecutivo ve muy difícil que la reforma del Senado se concrete en esta legislatura
El Gobierno ve muy difícil que la reforma constitucional del Senado, uno de los compromisos asumidos por José María Aznar en el debate de su investidura presidencial, en abril, pueda concretarse en esta legislatura. Las condiciones impuestas por CiU y el PNV para apoyarla, con el reconocimiento del "hecho diferencial" en la nueva Cámara territorial, hacen muy difícil el consenso, según reconoce el Ejecutivo. El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos ya ha advertido significativamente que si no hay acuerdo no hay reforma.
, Joan Rigol, de CiU, y Joseba Zubia, del PNV, ya han afirmado en la primera reunión ponencia, esta semana, que el apoyo nacionalista a la reforma constitucional del Senado pasa necesariamente por el reconocimiento de "hecho diferencial". Los nacionalistas catalanes conceden gran importancia a esta cuestión. Así, al darse también el reconocimiento de nacionalidad a varias comunidades, como Aragón, en la reforma de sus estatutos de autonomía, imponen como condición indispensable que en el . Senado territorial se reconozca expresamente a Cataluña, el País Vasco y Galicia como nacionalidades diferenciadas.Rigol propone una fórmula concreta: que se codifiquen en el texto los hechos diferenciales sustantivos -la lengua, el derecho propio o la insularidad- y que a Cataluña, el País Vasco y Galicia se les reconozca, en concreto, un tratamiento específico como comunidades políticas históricas.
Estas pretensiones nacionalistas van a colisionar con los representantes territoriales de otras autonomías, se apunta en el Gobierno. Aún está reciente la oleada de agravios que levantó en algunas el acuerdo sobre la re novación del concierto económico entre el Ejecutivo central y el vasco. Por eso el Gabinete de Aznar cree difícil que la propuesta nacionalista pueda alcanzar consenso en la ponencia del Senado en la que están representados todos los partidos.
Rigol admite que el clima político no es favorable para un acuerdo como el de la reforma del Senado, que requiere un ambiente unitario y que, además, aunque es un compromiso de investidura, no figura entre las prioridades de la agenda inmediata de Aznar. En estos momentos, los recelos entre las comunidades son inusitadamente fuertes, con el telón de fondo añadido del rechazo de las tres del sur -Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía- al nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el PP.
"Hasta donde llegue el PSOE"
También hay que contar con el rebrote de la crispación entre los dos principales partidos nacionales, aunque en esta materia, la de la reforma del Senado, mantienen posiciones bastante aproximadas. "El PP llegará hasta donde esté dispuesto a llegar el PSOE", dice Rigol, que tiene una ligera esperanza de que pueda avanzarse hacia un consenso "cuando ambos partidos se den cuenta de que pueden ponerse de acuerdo en algo y les interese decirlo a la sociedad".
Por ahora, el acuerdo en la ponencia es alto, aunque todavía no se ha entrado a debatir el punto crucial de los hechos diferenciales. La discusión sobre las funciones de la futura Cámara territorial ha encontrado un concierto absoluto. Todos los partidos coinciden en que el Senado sea la Cámara de primera lectura en aquellas leyes de contenido autonómico y se muestran conformes en reformar los artículos de la Constitución necesarios para hacerlo viable.
El mes que falta hasta la celebración del debate sobre el Estado de las Autonomías, previsto para mediados de marzo, será decisivo. En las resoluciones finales del mismo, el Senado se tendrá que pronunciar sobre su propia reforma.
El Gobierno, cuyo partido cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, indica que decidirá su posición en función de cómo marche el trabajo de la ponencia. Tanto el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos, como el propio portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, han puesto como condición indispensable para reafirmar el impulso a la reforma que se llegue al consenso.
En este sentido, también será significativa la actitud que adopte el lehendakari, José Antonio Ardanza, ante el propio debate sobre el Estado de las Autonomías. Al anterior, en septiembre de 1994, no acudió. En esta ocasión, la pelota se encuentra en el tejado después del llamamiento para que asista que le ha formulado personalmente el actual presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero (PP).
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