Rubio Llorente cree que los jueces no pueden definir el interés general

, "Me preocupa que los responsables de la seguridad del Estado sean en el futuro los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo", manifestó ayer, en alusión al caso de los papeles del Cesid, el catedrático de Derecho Constitucional y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente en una conferencia en la Facultad de Derecho de Granada, dentro del ciclo El control judicial de la vida pública. Según él, los jueces no tienen capacidad para definir el interés general.Rubio Llorente calificó de "sugerente, pero equivocado", el título inicial de su conferencia: Inmunidad del poder e inmunidades de los poderosos. Optó por disertar acerca del régimen jurídico del control judicial sobre los órganos del poder y las personas que lo ejercen. Recordó que el poder judicial no puede presentarse como "protector frente al Estado", porque forma parte de él, y aseguró que el principio de la división de poderes exige regular de forma distinta el control judicial del Legislativo y el Ejecutivo y el de los ciudadanos o empresas.

Por lo que se refiere al control del Gobierno, Rubio Llorente expuso que el acto político, exento de control, "ha quedado reducido a la nada", y citó como ejemplo los papeles del Cesid. Se refirió a la confusa polémica sobre los llamados conceptos jurídicos indeterminados, entre los que suele incluirse la seguridad del Estado. El constitucionalista expresó su preocupación sobre el criterio con que los jueces del Supremo van a cotejar esos documentos. Ironizó cuando preguntó si los magistrados acudirán a los peritos del Cesid para que les expliquen cómo en materia de seguridad "del hilo se saca el ovillo" y la utilización de los documentos secretos puede producir consecuencias no deseadas. Alegó que en Estados Unidos los jueces suelen reconocer que carecen de competencias para decidir sobre esos asuntos.

Parámetros del cotejo

Rubio Llorente mostró su preocupación por los parámetros con los que se realizará el cotejo de los documentos y se preguntó: "¿En qué medida puede un tribunal limitar en exceso el ámbito de actuación de la Administración?".

Como principal problema del control judicial del Ejecutivo, Rubio Llorente se refirió al "retraso, escandaloso, de hasta ocho o diez años", que convierte a la Justicia contencioso-administrativa en ineficaz. Ofreció el dato de 30.000 recursos acumulados. Señaló también que los jueces muestran a veces una pasividad excesiva y otras una hiperactividad. "Tan arriesgada es una como otra", sentenció.

También se refirió Rubio Llorente a la politización de la Justicia y dijo que la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados la paliaría. Finalmente, calificó de "funesta" la colocación de jueces en cargos políticos.