El Poder Judicial pide a los jueces que estén vigilantes

, El atentado del pasado jueves contra el juzgado de paz de Rentería (Guipúzcoa) ha suscitado el rechazo unánime del mundo de la justicia, que insiste en que no se cederá al chantaje de los violentos. Emilio Olabarría, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguró ayer que este órgano "intentará hacer todo lo posible" para incrementar la seguridad de jueces y magistrados, e instó a éstos a mantenerse "vigilantes".Olabarría afirmó que se están recibiendo "amenazas sutiles a título particular" en los domicilios. Jueces adscritos al Palacio de Justicia donostiarra han visto sus nombres en pasquines o han recibido cartas amenazadoras.

El CGPJ, tras una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente, hizo pública ayer una nota en la que condenaba "enérgicamente" el atentado de Rentería y expresa su solidaridad con todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Esta acción, añade, es "un nuevo y cualificado intento de intimidar a la justicia a través de quienes ejercen, el poder judicial o colaboran con él a cualquier nivel".

La secretaria del juzgado Begoña Landa, herida al ser alcanzada por el fuego que provocó un grupo de unos 12 encapuchados, evoluciona favorablemente de las quemaduras que sufrió en cara, manos y una pierna. Su estado era anoche "menos grave". Los empleados advirtieron a los encapuchados, cuando les obligaron a salir del local, de que una funcionaria estaba en los aseos. Pese al aviso, lanzaron dos cócteles mólotov y arrasaron el juzgado.

La versión de los funcinarios contradice la del diario Egin, según la cual un comunicante anónimo aseguró que cuando los agresores rociaron con cinco litros de gasolina el juzgado y le prendieron fuego, desconocían que en el interior hubiese nadie. El ataque fue, según Egin, una "respuesta a la represión que está sufriendo Euskal Herria y una protesta por el encarcelamiento de los miembros de la Mesa Nacional de HB".

Olabarría recordó que la policía ha interceptado documentación a ETA con listas de magistrados del Supremo, y que se deben adoptar los mecanismos preventivos para garantizar la seguridad personal de los amenazados. "Si perdemos la batalla del funcionamiento independiente de la Justicia, perderemos algo muy esencial, porque no pueden triunfar los que no son demócratas y lo único que quieren es desestabilizar los fundamentos del Estado democrático", señaló.

Otro vocal del CGPJ, Juan Ramón Sáez de Valcárcel, se refirió a las dificultades que han surgido para formar el jurado popular del juicio al presunto homicida de dos ertzainas, y se mostró en contra de que ese tipo de causas pasen a la Audiencia Nacional. De 36 personas preseleccionadas, sólo nueve no han presentado alegaciones. "Es importante transmitir a toda la sociedad vasca", señaló, "que un ejemplo de madurez democrática es que se celebre ese juicio aquí [en el País Vasco] y en este momento". Lo contrario sería "una mala lección de madurez democrática".

Amedrentar a la justicia

Entre las protestas por el atentado de Rentería figura la de Jueces para la Democracia, que destacó que el objetivo de esa acción es amedrentar a la justicia, pero "no lo van a conseguir".

El presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Joaquín Jiménez, dijo que si todo el sistema judicial cumple con sus obligaciones "se ganará la batalla". En su opinión, atentados como el de Rentería son "un capítulo más de esta dictadura del terror que ETA quiere imponer con la ayuda de estos rapsodas dinamiteros que actúan en las calles de nuestro pueblo".

La Junta de Personal de la Administración de Justicia de Guipúzcoa cree que estas acciones "provocan un mayor rechazo de los métodos y fines de sus autores y un grave perjuicio para los intereses generales de la ciudadanía". Un centenar de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de San Sebastián, mostraron, ayer su repulsa al atentado con una concentración ante el palacio de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima que el atentado es "un intento de intimidar a la Justicia a través de quienes ejercen el poder judicial o colaboren con él".

Los concejales de Rentería, salvo los de Herri Batasuna, afirmaron, además de condenar el atentado, que es "insoportable" la situación de violencia terrorista "protagonizada por jóvenes fanáticos y alentada por otros", y lanzaron un llamamiento a aislar a los violentos. El alcalde, el socialista Miguel Buen Lacambra, reconoció que hay ocasiones en las que no se puede vivir en libertad por la dictadura que ejercen grupos de violentos.