Política y Estado en América Latina

Hace unos días se llevó a cabo en el pueblo de Tepoztlán (México) la tercera reunión de un grupo de políticos y académicos latinoamericanos que buscan redefinir los términos de una alternativa al actual esquema regional en materia económica, social y política. Organizado por el pensador brasileño Roberto Mangabeira Unger, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, y el autor de este artículo, dicho grupo se había reunido anteriormente en la ciudad de México y en San José de Costa Rica con el propósito de construir coincidencias entre políticos de América Latina, tanto de centro como de izquierda, y de académicos de diversos ámbitos ideológicos, y proponer un camino diferente para las sociedades de la región. De esta reunión de México se comienzan a desprender algunas convergencias, tenues pero significativas, en torno a determinados puntos de fondo.El primero consiste en la lógica de la propuesta. A diferencia de los temores o de las esperanzas esgrimidas en ciertos círculos sobre una especie de reacción populista trasnochada contra los fracasos de las reformas económicas en la región, el intento del grupo en cuestión reside en diseñar una nueva propuesta, que sea a la vez diferente del esquema actual, del llamado consenso de Washington y del proyecto populista de antes, y también de una versión socialdemócrata edulcorada o con conciencia social. Su sentido consiste justamente en la novedad del tema, no en la repetición de andamiajes teóricos y políticos ya existentes, ya sea locales, ya sea procedentes de Europa o de Asia oriental.

Antes de reseñar los nombres de algunos participantes argentinos, brasileños, chilenos y mexicanos que han asistido a las reuniones conviene destacar dos o tres de las tesis centrales hacia las cuales parece orientarse el grupo. En primer término, se ha discutido ampliamente el tema del refinanciamiento del Estado latinoamericano. No hay oposición entre una economía democratizada de mercado y un Estado fuerte y enriquecido. Al contrario, en un contexto social caracterizado por desigualdades extremas y un medio económico marcado por oligopolios, carteles y nepotismo, un Estado actuante es una condición de un funcionamiento adecuado del mercado. Para lograr ese refinanciamiento de un Estado fuerte tienen que descartarse las opciones tradicionales: la captación de rentas extraordinarias mediante la nacionalización de ciertos recursos naturales o actividades, el endeudamiento externo o el recurso a déficit presupuestarios abultados.

De allí que sólo exista la opción de financiar al Estado mediante impuestos, como en todas partes del mundo, tomando en cuenta que las cargas tributarias en casi toda América Latina son terriblemente inferiores no sólo a las de Europa o Estados Unidos, sino también á las de Asia oriental. Pero como la elevación del impuesto sobre la renta entraña todo tipo de inconvenientes y obstáculos, el grupo ha contemplado la posibilidad de gravar mucho más fuertemente el consumo, sobre todo a través del IVA. Se parte de un hecho indiscutible: si bien los impuestos indirectos como el IVA son los más regresivos, también es cierto que los efectos redistributivos más notables de la política fiscal se dan del lado del gasto, no de la recaudación.

Así, es bien sabido que las naciones de Europa occidental, en las que los impuestos sobre el consumo como el IVA representan una parte preponderante de la recaudación, tienen sociedades mucho más igualitarias que Estados Unidos, donde no existe un impuesto nacional sobre el consumo, donde el impuesto sobre la renta es el más importante, y que tiene la sociedad más desigual de todas las naciones industrializadas.

El segundo punto de convergencia inicial del grupo ha sido en torno a la idea conocida de los derechos sociales. En la mayoría de los países de América Latina, la educación, la salud, la vivienda, la ayuda a la niñez, una pensión digna y algún tipo de ingreso mínimo

o bien son inexistentes -a determinados grados de calidad- o bien se encuentran estrechamente vinculados al empleo. Se siguió el esquema europeo afín a sociedades que antes gozaban del pleno empleo. La idea diferente consiste en establecer paquetes crecientes de derechos sociales para todos los ciudadanos, desvinculados del empleo, financiados con los recursos procedentes de la mayor carga tributaria. Tendrían coberturas universales, pero enfatizando a los sectores donde su impacto sería mayor: la niñez, las mujeres, las familias dirigidas por mujeres solteras. Dichos derechos sociales combinarían lo mejor del sistema norteamericano de entitlements, es decir, no estar sujetos al empleo, con el Estado asistencial europeo, es decir, la universalidad de los derechos, sin limitaciones testamentarias (sólo para pobres, sólo para negros, sólo para madres solteras, sólo para niños de hogares encabezados por mujeres). Serían también exigibles y permanentes, es decir, no sujetos a recortes presupuestales. Esto liberaría a las empresas de una parte de las cargas sociales transfiriéndolas a la sociedad en su conjunto.

El tercer punto clave, sin embargo, se refiere justamente a la insuficiencia de cualquier política social compensatoria, ya sea. en su vertiente corrupta y autoritaria como Solidaridad en México, ya sea siquiera en su aspecto más socialdemócrata como en Brasil o Chile. Para el grupo amplio de políticos que se ha venido reuniendo desde febrero del año pasado, no existe lucha eficaz contra la desigualdad que no parta de un combate productivista y "duro" contra el dualismo de las economías latinoamericanas.

En efecto, desde hace tiempo, pero sobre todo de manera reciente, las economías de la región se han ido escindiendo en dos: un sector moderno, orientado hacia fuera, competitivo y próspero, pero de dimensiones minúsculas en cuanto a empleo y capacidad de absorción del mismo; y

Pasa a la página siguiente

Viene de la página anterior

otro, abocado hacia el mercado interno, de baja productividad e ingresos, pero donde trabaja o vive la enorme mayoría de la población. Sin un esfuerzo deliberado, descentralizado y productivista, basado en una alianza entre empresa privada, Estado y trabajadores, será imposible lograr la incorporación de la retaguardia a la vanguardia. Sin ese empeño, ha sido imposible, por ejemplo, que Sáo Paulo absorba a la población del noreste brasileño, o que la industria maquiladora del norte de México aumente sensiblemente la proporción de insumos nacionales que consume desde 1965. Sin duda, para ello, como para lograr el consenso tributario indispensable para el refinanciamiento del Estado se requiere de una transformación del Estado latinoamericano, el grupo examinó un programa mínimo de democratización de la política y del Estado en América Latina. Incluye la reforma del financiamiento de las campañas electorales, la reestructuración de los medios masivos de comunicación, la introducción de diversas iniciativas ciudadanas como referendos y la revocación de mandatos, y una gran reforma en materia de responsabilidad gubernamental.

Por último, el grupo latinoamericano ha procurado fijar los parámetros estrictamente políticos de su cometido. En una palabra, se trata de lograr un recambio de alianzas a escala continental. Allí donde el centro del espectro político se ha aliado principalmente con la derecha durante estos últimos años habría que lograr que ese centro se desplazara hacia la izquierda. Esta última, en la mayoría de los casos, ya sabe que no podrá ganar sola una elección presidencial, sobre todo ahora que en todos los países del continente -con la excepción de México y Venezuela- prevalece el sistema de dos vueltas. Y el centro comienza a percatarse de que termina por hacer la política de la derecha, ya que ésta dispone de aliados internos y externos mucho más poderosos. Existen, por tanto, alicientes para esta sustitución de alianzas, que podrían fincarse en un esbozo programático como el que se ha señalado.

El grupo que se ha reunido, y en el cual no siempre figuran los mismos personajes, abarca a políticos que van desde el ex presidente de Brasil Itamar Franco hasta Luis Ignacio da Silva, Lula, en Brasil; desde Ciro Gomes, del Partido Social Demócrata Brasileño, hasta José Dirceu, presidente del Partido de los Trabajadores; desde Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide, del Frepaso argentino, hasta Pilo Bordón, candidato a la presidencia por el Frepaso en 1995, y Federico Storani, vicepresidente de la Unión Cívica Radical; desde Vicente Fox, de Acción Nacional en México, y los independientes Manuel Camacho y Adolfo Aguilar Zinser, David Ibarra del PRI; desde Carlos, Ominami, en Chile, álter ego I, del socialista Ricardo Lagos, puntero en todos las encuestas para la próxima elección presidencial, hasta John Biehl, actual embajador democristiano de Chile en Washington.

Nada garantiza el éxito de un esfuerzo de esta naturaleza. Pero el hecho de haber podido comprometer a políticos de primera línea con tesis, documentos y una estrategia de largo plazo, y de poder desarrollar esas tesis con imaginación y sin dogmas, es ya un paso adelante. Faltan muchos, pero los primeros ya se han dado.