El Gobierno planea que los subdelegados hereden las competencias de los gobernadores civiles

El Gobierno planea rebajar sensiblemente su reforma de la Administración periférica del Estado, una de sus banderas electorales. Su propuesta de recortar competencias de los gobernadores civiles para reforzar a los delegados de Gobierno queda aguada. Los subdelegados, que sustituirán a los gobernadores, tendrán sus mismas competencias. También rebaja sus aspiraciones de Administración única, esto es, la simplificación de la Administración periférica del Estado concentrando servicios en las delegaciones. El Gobierno, utiliza el reglamento para rebajar el contenido reformista de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que esta semana entra en el Senado.

, Un informe interno del Ministerio de Administraciones Públicas sobre "el plan de transformación de la Administración periférica", del 16 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que los subdelegados tendrán las mismas competencias que ahora los gobernadores.La página 1, sobre desarrollo de la reforma, en el apartado Proyecto 1, señala: "Órdenes de delegación de competencias (para que los subdelegados ejerzan competencias similares a los gobernadores). En preparación, puede cerrarse en febrero".

Este plan contradice un aspecto importante de la reforma de la Administración periférica pactada en abril entre el PP y Convergencia i Unió (CiU) en los acuerdos de investidura de José María Aznar. Una clave era la reducción del papel de los gobernadores -representantes de la Administración central en la provincia- en favor de los delegados del Gobierno -cabezas de la Administración central en la comunidad autónoma- y su sustitución por funcionarios de alto nivel.

El informe también cuestiona el segundo eje de la reforma de la Administración periférica del Estado, el objetivo de la Administración única o simplificación de la Administración, promesa electoral del PP. En su plan de "integración de servicios periféricos distribuida según el grado de dificultad de su integración", la mayoría de los servicios son "no integrables" en la Administración única.

El Gobierno está preocupado por la modestia de la reforma. En el apartado 5, Estrátegia MAP de negociaciación, se señala: "El Ministerio de Administraciones Públicas debe presentar una propuesta 'inicial' de integración 'ambiciosa', que debería comprender los bloques I y II -traspasos fáciles-. (En caso contrario, el MAP puede ser criticado por la 'modestia' de la propuesta y por su falta de sintonía con el espíritu de la LOFAGE)".

"El resultado mínimo", se añade, "de la negociación debería ser la desaparición de todas las delegaciones-direcciones territoriales provinciales de los ministerios, salvo Defensa". Y propone integrar en la Administración única, en seis meses desde la aprobación de la ley, el bloque I -numerosas direcciones provinciales y territoriales de los ministerios- y dejar el bloque II "para más adelante".

El informe deja fuera de la Administración única, dependiente de los ministerios centrales, "en atención tanto al volumen de gestión como a la singularidad de sus funciones", a los servicios más importantes. En Economía y Hacienda, a las intervenciones regionales y territoriales, las gerencias regionales y territoriales del catastro, Instituto Nacional de Estadística, Agencia Estatal Tributaria e Instituto Español de Comercio Exterior. En Fomento, a Correos y Telégrafos. En Interior, a jefaturas provinciales de Tráfico y establecimientos penitenciarios. En Trabajo, a direcciones provinciales del Inem, oficinas de empleo y centros de formación; Instituto Social de la Marina; direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y direcciones provinciales y agencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En Agricultura, al Instituto Español de Oceanografía. En Medio Ambiente, a los centros meteorológicos territoriales, confederaciones hidrográficas y parques nacionales. En Cultura, a museos y archivos.

El informe confirma el anuncio del ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, hecho público al presentar la LOFAGE, de dejar fuera de la Administración única a las delegaciones de Defensa y a las direcciones provinciales de Educación, pendientes de traspasar a las comunidades, y a las del Insalud.

También cree "difícilmente salvable" el obstáculo para pasar a la Administración única a los servicios provinciales de MUFACE, Parque Móvil Ministerial, Servicio de Loterías y oficinas del Fondo de Garantía Salarial.