Gordillo y Rubira, acusados de comprometer la dignidad del fiscal

Los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y Pedro Rubira han sido expedientados por una falta muy grave de "conducta irregular que compromete la función del ministerio fiscal", por haber permitido que alumnos suyos de centros privados calificasen causas en tramitación en la Audiencia Nacional. Mientras, el fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, está encontrando graves dificultades para cubrir la vacante del destituido José Aranda al frente de la fiscalía de la Audiencia.

Según fuentes de la Fiscalía, la Inspección detectó que, entre las causas en tramitación en la Audiencia Nacional que fueron entregadas a alumnos en prácticas de los fiscales Pedro Rubira e Ignacio Gordillo, estaba el sumario por el asesinato del dirigente del PP donostiarra Gregorio Ordóñez, además de algunas causas económicas de gran relieve.La Inspección puso a disposición de los fiscales instructores los originales de los resúmenes que llevan los fiscales al juicio oral, junto a los proyectos de actas de acusación elaborados por alumnos y hallados en la Fiscalía.

Entre la documentación inspeccionada se comprobó que había una orden del fiscal jefe, José Aranda, que prohibía la entrada de alumnos en la Audiencia y que, al parecer, fue ignorada por los fiscales que dan clase.

Las acusaciones que figuran en el expediente a los fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubira son del mismo tenor que las que el pasado 15 de enero les fueron notificadas al teniente fiscal, Eduardo Fungairiño, y a la fiscal María Dolores Márquez de Prado, sancionables con suspensión de empleo y sueldo de un mes a un año. La falta muy grave les fue notificada hace unos 10 días por el instructor del expediente, el fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón.

Gordillo y Rubira disponen desde entonces de un plazo de ocho días para contestar a las acusaciones aunque, según las fuentes consultadas, al menos Gordillo solicitó una ampliación de plazo que le fue concedida por el fiscal instructor.

Fungairiño y Márquez de Prado, que en su día también solicitaron ampliación de plazo para contestar, remitieron precisamente ayer sus alegaciones al instructor, el fiscal del Supremo José Íscar.

Por otra parte, el fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, no ha conseguido cubrir en más de 15 días la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pese a haber afirmado que proveería la misma "con la máxima urgencia".

Segun fuentes del ministerio fiscal, la plaza de Aranda ha sido ofrecida al menos a dos fiscales de sala, a algunos del Tribunal Supremo y a media docena de jefes de tribunales superiores o audiencias provinciales. Todos ellos han declinado el ofrecimiento por motivos diversos. Úrculo intentó al principio, sin conseguirlo, que algún fiscal de sala compaginase su actual destino con la jefatura de la Audiencia Nacional, de forma temporal.

Las citadas fuentes subrayaron el hecho de que el fiscal general impuso al Consejo Fiscal la defenestración del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y llevó la misma al Consejo de Ministros 24 horas después, sin tener previsto un recambio, por lo que continúa al frente de la Fiscalía el teniente fiscal Eduardo Fungairiño, expedientado por falta muy grave. Las mismas fuentes señalaron que, desde hace 15 días, todos los documentos de la Fiscalía de la Audiencia, entre ellos algunos que podrían afectar a los expedientes en curso, están a cargo de los fiscales expedientados.