Mariscal anuncia una reforma del Código Penal para perseguir a los políticos que defiendan a ETA

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, anuncio ayer la disposición del Gobierno a reformar el vigente Código Penal a fin de que permita perseguir penalmente conductas como la del parlamentario de HB Jaime Iribarren, que presagió "un futuro inmediato de gran sufrimiento" hóras antes de que fuera asesinado por ETA el teniente coronel Jesús Cuesta. Mariscal de Gante reveló ayer que para promover tal modificación se apoyará en el texto que prepara la Fiscalía General del Estado, una vez comprobado que el vigente delito de apología no sirve para fundamentar una querella.

Mariscal de Gante, que se reunió ayer con los diputados del PP de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, explicó que la modificación legislativa que ella promueve tratará de establecer delitos que impidan que queden impunes afirmaciones como la de Iribarren. El parlamentario navarro de HB propugnó en Bilbao el 8 de enero, horas antes del atentado contra el teniente coronel Cuesta, la negociación del Gobierno con ETA y el cambio de su política penitenciaria. Y frente a la negativa gubernamental afirmó lo siguiente: "Nos vemos obligados a presagiar un futuro inmediato de gran sufrimiento que, por supuesto, desde la izquierda abertzale no deseamos de modo alguno".El criterio del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, tras consultar a los fiscales del Supremo, de que tales declaraciones "no tienen encaje en ningún precepto vigente del Código Penal" (véase EL PAÍS de ayer), no ha servido para dar por cancelado jurídicamente el asunto. Desde la propia Fiscalía General se estima que un Código Penal diferente podría permitir la interposición de una querella y Ortiz Úrculo se ha prestado a colaborar en esa reforma.

Ortiz Úrculo colabora

Mariscal de Gante reveló ayer que la Fiscalía General del Estado está redactando un informe sobre las causas que le han impedido ejercer acciones contra Iribarren. La ministra de Justicia concretó: "Si tenemos una redacción pronto, se haría pública esa modificación y, si es necesario el cambio, el Gobierno no se opondrá".Por su parte, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, calificó de injusto que se responsabilice a la Fiscalía General de la imposibilidad legal de actuar penalmente contra el parlamentario de HB. "No hay que olvidarse de que hay un poder legislativo que hace unas leyes, que define y acota un delito de apología del terrorismo, que luego a lo mejor resulta difícil llevarlo a la realidad", manifestó en los pasillos del Congreso.

El artículo 18 del nuevo Código establece que "la apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación a cometer un delito". El ponente de IU en el debate del mismo, Diego López Garrido, hoy dirigente de Nueva Izquierda, cree "demagogia" la pretendida reforma y estima que 11 no debe caerse en la histeria o huida hacia el Derecho Penal y legislar a golpe de atentado".

López Garrido recuerda que el delito de apología, en la versión más dura, a la que ahora se quiere volver, ha estado vigente durante años. "Y, que yo sepa", dice, "no ha originado condenas". En cuanto al texto vigente, que contribuyó a elaborar, López Garrido resalta que "en una sociedad democrática hay que preservar derechos fundamentales como la libertad de expresión, cuyo ejercicio no es sancionable penalmente". López Garrido niega que pueda "meterse a una persona en la cárcel por presagiar sufrimientos"

Amenazas y otros delitos

En cambio, López Garrido señala que, en materia antiterrorista, el Código Penal protege bienes jurídicos concretos, y corresponde a las fuerzas de seguridad descubrir los delitos para llevar al responsable ante la Justicia. "Si se demuestra que ese diputado [Iribarren] colabora con banda armada, puede ser perseguido penalmente", afirma López Garrido, quien insiste: "Y si se entiende que su conducta constituye una amenaza, castíguesele por esa vía, pero no por la de la apología, a no ser que se entienda que existe una incitación a cometer un delito". También Rosa Aguilar (IU) se opuso a la reforma del Código Penal y se mostró favorable a que se investiguen los hechos posiblemente delictivos.El lehendakari José Antonio Ardanza declaró ayer en Sestao (Vizcaya) que la decisión del fiscal general de no querellarse contra Iribarren muestra que "el problema no es de eficacia policial mayor o menor", sino que revela que determinadas conductas, "aunque la opinión pública las considere más o menos delictivas, no aparece así de claro en el Código Penal". Se mostró contrario a reformar este texto legal con menos de un año en vigor.

La magistrada Garbiñe Biurrun, portavoz en el País Vasco de Jueces para la Democracia, asociación progresista y minoritaria, se mostró contraria a las reformas legislativas que propugna el Gobierno del PP. La juez se manifestó opuesta a "cercenar la libertad de expresión".