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Tribuna:

La persistencia del malestar social

Con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2%, la inflación en un nivel bajo, el déficit público bajo control, la Bolsa en máximos históricos y otros indicadores generales en alza cabría pensar que la economía española ha entrado en una etapa de crecimiento sostenido. Sin embargo, a estos datos optimistas se sobrepone una sensación de crisis prolongada, que se concreta en el estancamiento del consumo, del mercado laboral y de otros indicadores de la economía real. Esto no deja de ser sorprendente, porque, en el modelo de crecimiento vigente más o menos hasta 1990, sobre el que edificamos nuestros conocimientos, económicos, estos datos se traducirían en una ola expansiva que beneficiase al conjunto de la sociedad, extendiéndose como una mancha de aceite. Pero no es así; cada vez es más evidente que la recuperación económica no la perciben todos los ciudadanos. Es algo que va más allá de una recuperación desigual. ¿Qué está pasando?Recientemente, el CIS, la Fundación FIES y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid han realizado investigaciones acerca de las economías familiares. La similitud de sus datos es sorprendente. Ilustran sobre el cambio de modelo de crecimiento a que estamos asistiendo desde los primeros noventa, en España y en todos los países europeos. Cabe deducir de estos datos que la sociedad española se está segmentando en tres grandes bloques:

- Un 20% que valora su situación como buena y tiene perspectivas positivas para el futuro. Ya desde 1994, este 20% percibía la salida de la crisis. Su tipología es definida: profesionales, empresarios, personas con elevadas rentas y con estudios universitarios, parte de quienes tienen trabajos estables de alta cualificación en el Estado o en empresas privadas vinculadas a los sectores emergentes (imagen, telecomunicaciones, energía, finanzas). Son los sectores que se están integrando en la economía mundial. Se suman a ellos sectores con sus ingresos asegurados, como pensionistas con ingresos relativamente elevados.

- Un mayoritario 50%-60% califica su situación económica familiar como estable, aunque buena parte de ellos percibe una erosión paulatina de sus salarios e ingresos familiares, que crecen por debajo de los, precios.

- Un 20% que valora negativamente su situación económica pasada, presente y futura. Su tipología es más vaga, pero puede identificarse con activos de edades intermedias en sectores industriales y de servicios en declive, autónomos, eventuales, personas con limitadas posibilidades de reciclaje profesional o parados. En esta situación parece estar quedando buena parte de la generación que está accediendo ahora al mercado de trabajo a través de contratos temporales.-

Esta segmentacion refleja, en el plano de la opinión pública, la tendencia a la divergencia de ingresos y de perspectivas vitales que se está produciendo en todos los países. La realidad económica de los españoles está bifurcándose. Algunos encajan en la nueva economía globalizada; otros, no tanto. De aquí derivan esta divergencia y las aprensiones ante el futuro que dominan a la sociedad española en los últimos años. Algo más que la inestabilidad laboral está frenando el consumo y está alterando otros comportamientos, como los políticos.

La percepción de los ciudadanos de la correlación entre los precios y los ingresos de su hogar es reveladora. Según datos del CIS, un 4,9% de los españoles afirma que los ingresos de su hogar han subido más que los precios, un 26,2% que se han mantenido como éstos y un 64,0% que, han subido menos. Conviene recordar que los salarios en convenio de los trabajadores fijos subieron en 1994 y 1995 por debajo del índice de recios al consumo (IPC), y los salarios de los trabajadores eventuales (el 35% de los asalariados, con una rotación mensual de la cuarta parte de ellos) están disminuyendo en pesetas corrientes y además son, por definición, irregulares. Los salarios de los funcionarios se han congelado en tres de los últimos seis años. Mientras, las retribuciones de los directivos han crecido regularmente por encima del IPC, aunque en algunas empresas y sectores también han disminuido.

Se ha popularizado la idea de que el retraimiento del consumo está suponiendo un incremento de los niveles de ahorro. ¿Es esto verdad? ¿Está ahorrando el conjunto dé la población? Aunque la gran mayoría de los españoles afirma que sería razonable ahorrar, sólo dice hacerlo un 52%: un 7%, "bastante", y un 45%, "un poco". El restante 47% dice no ahorrar, ya que su situación económica no se lo permite.

Quienes afirman ahorrar "un poco", lo que en realidad hacen es guardar lo que les sobra a fin de mes después de pagados todos los gastos. El 7% que afirma ahorrar bastante está formado por quienes pueden apartar cantidades fijas. En suma, como concluye el estudio de la Cámara de Comercio de Madrid, apartar cantidades fijas todos los meses depende de una capacidad de ahorro fuerte y de la voluntad de aumentarla. La relación entre ahorro y consumo que se viene dando por válida (la razón de que el consumo privado no mejore sería que los excedentes se están volcando en el ahorro) es refutada por los datos, ya que quienes más ahorran son también los que más gastan. Dicho de otra manera, la capacidad de ahorro se está convirtiendo en un elemento más de desigualdad. Junto a esto, lo que sí se está produciendo es un comportamiento muy reacio a asumir deudas que no se sabe si se podrán pagar.

En la opinión pública se refleja un nuevo modelo de crecimiento. Al margen de la desigual evolución de las retribuciones ya señalada, el gasto medio de las familias ha descendido trimestre a trimestre en 1995 y 1996. El número de contrataciones mensuales indica una rotación laboral acelerada y la escasa permanencia en los puestos de trabajo de los eventuales, que representan cerca de un 40% de los asalariados. Quiere ello decir que gran parte del empleo que se está creando tiene un valor de integración social, de formación profesional y de creación de seguridad ante el futuro muy relativo. Prueba de ello es que un 15,5% de quienes trabajan cree probable perder su empleo durante los próximos 12 meses, cuando hace algo más de un año este porcentaje oscilaba alrededor del 20%. Sin duda puede hablarse de una mejora, pero el dato, del CIS, resulta escalofriante.

La racionalización de costes en las empresas está llevando a una paulatina sustitución de trabajadores "por tecnología", lo que equivale a reducciones de plantilla. Muchos puestos de "autónomos" creados recientemente responden en realidad a la subcontratación de trabajos que antes se realizaban en la empresa. Nuevas técnicas de organización imponen fuertes presiones sobre el trabajo. Las nuevas formas de distribución comercial están desmantelando sectores enteros de las clases medias tradicionales con las caídas de las cuotas de mercado del pequeño' comercio tradicional y su sustitución por hipermercados.

En definitiva, al tiempo que se desmantela un modelo social y se configura otro, se están conformando tres horizontes de vida que vienen a sustituir a la idea de convergencia en las clases medias que operaba como centro de gravedad simbólico del viejo modelo social que se está disolviendo desde hace unos años.

Hay un horizonte estable y con perspectivas de incremento de sus ingresos para los sectores vinculados a la economía global y con elevadas cualificaciones profesionales. Mientras, entre la mayoría de la población se ha asentado la convicción de que nada puede considerarse seguro: ni el puesto de trabajo ni el nivel de salario, ya sea por la posibilidad de despido, de "racionalización" de la empresa o, en el mejor de los casos, por lenta erosión de sus ingresos frente al incremento del coste de la vida. Las perspectivas acerca del porvenir de las pensiones añaden aprensiones.

Esta transformación no está siendo recogida en los discursos políticos, reticentes a asumir Ia realidad de un nuevo modelo social para el que son necesarias nuevas ideas y formas de acción política. Existe el peligro de que los ciudadanos no reconozcan "su realidad" en la política, que incide sistemáticamente en una recuperación que no es percibida más que por un fragmento minoritario de la población.

Es significativo que los ciudadanos crean mayoritariamente que los Presupuestos del Estado recientemente aprobados favorecerán la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria, pero también que crean mayoritariamente que ayudarán poco o nada a mejorar la situación económica y que no contribuirán a la creación de empleo. Parece anidar en el subconsciente colectivo la idea de que el objetivo de acceder a la Unión Económica y Monetaria es contradictorio con los objetivos de mejora económica del país y de creación de empleo. Al menos, parece haber un desajuste entre los objetivos de la macroeconomía y las demandas de seguridad económica de los ciudadanos. Este desajuste entre la política y la realidad de los ciudadanos explica la superficialidad de los apoyos políticos que se observa en toda Europa occidental, dominada en los últimos años por un cansancio con los Gobiernos -en expresión de Dahrendorf-, mientras aumenta el apoyo a otros partidos que recogen el descontento.

Hay evidentes signos de malestar social ante este nuevo modelo social. Según datos del CIS, en la sociedad española el deseo de reformas sociales profundas es ahora el más intenso desde la transición política. No debe olvidarse que la incertidumbre ante el futuro era el dato más determinante del voto a Le Pen en las últimas presidenciales francesas. Mientras el 58% de los electores franceses decía sentirse inquieto ante el futuro, entre los votantes ultras este porcentaje ascendía al 76%. En tales circunstancias, canalizar los deseos de cambio que se están incubando, neutralizar la inseguridad que está produciendo el nuevo modelo social, medir cuidadosamente las consecuencias de algunas reformas que pueden incrementar la inseguridad y vincular los discursos políticos a la realidad de los ciudadanos deberían ser hoy objetivos prioritarios de la sociedad.

José Antonio Gómez Yáñez es sociólogo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de enero de 1997