Los fiscales Fungairiño y Márquez, acusados de "falta muy grave"
El fiscal del Tribunal Supremo, José Iscar, notificó ayer al fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y a la fiscal María Dolores Márquez de Prado la formulación de cargos por una falta muy grave de "conducta irregular que compromete la dignidad de la función fiscal". Esta falta lleva consigo una sanción de entre un mes y un año de suspensión de empleo y sueldo, pero su imposición corresponde al fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo. Fungairiño y Márquez de Prado tienen ocho días de plazo para formular alegaciones.
La falta muy grave apreciada por el fiscal instructor de los expedientes a Fungairiño y Márquez de Prado está contemplada en el artículo 62.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se relaciona con la actuación de ambos en el sumario por el atentado a José María Aznar y, más concretamente, con la presunta ocultación de un informe policial desfavorable para las pretensiones de la acusación del fiscal.La notificación de esta falta muy grave es la primera resolución recaída en los seis expedientes disciplinarios abiertos el pasado 10 de diciembre a varios fiscales de la Audiencia Nacional por el fiscal general del Estado al margen de la destitución de Aranda, directamente impuesta por Ortiz Úrculo a su Consejo Fiscal. Los expedientes afectan, además de a Fungairiño y Márquez de Prado, a Ignacio Gordillo y Pedro Rubira. Gordillo y Márquez de Prado tienen abiertos además sendos expedientes de traslado forzoso.
Los cargos contra Fungairiño y Márquez de Prado han sido presentados por el fiscal instructor cuando el primero apenas había cumplido veinticuatro horas como fiscal jefe en funciones, en sustitución de Aranda, jornada que aprovechó para pedir a Ortiz Úrculo un apoyo explícito para el juez Baltasar Garzón frente a las acusaciones del ex policía José Amedo vertidas en Diario16.
Plazo de alegaciones
Las faltas muy graves están sancionadas con suspensión de un mes a un año o con la separación de la carrera fiscal. El instructor sólo ha notificado la tipificación de la falta y la sanción aplicable de suspensión de empleo y sueldo entre un mes y un año. Los dos expedientados disponen ahora de un plazo de ocho días para formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa. Cuando reciba estas alegaciones, el fiscal instructor realizará su propuesta en firme al fiscal general del Estado. La extensión de la sanción corresponde decidirla al este último, único competente para imponer ese tipo de castigo.No obstante, la imposición, en su caso, de dicha sanción por Ortiz úrculo aún puede tardar varias semanas, dependiendo de las pruebas solicitadas. Posteriormente, la resolución del fiscal del Estado sobre la sanción es recurrible en alzada ante la ministra de Justicia. Finalmente, la resolución de ésta es susceptible de otro recurso ante la Sala de lo Contencioso del Supremo.
El informe encargado por Fungairiño y Márquez de Prado a la brigada de Policía Científica era para sustentar la tesis de que el presunto etarra José Azurmendi Peñagaricano, Hankas, había participado en el atentado a Aznar y forzar un procesamiento que, por primera vez en materia terrorista, había sido denegado por el juez Manuel García Castellón. El informe resultó concluyente respecto a que ninguna huella de Hankas había sido encontrada en el coche utilizado por los terroristas para huir del escenario del atentado. La fiscal Márquez de Prado, en vez de aportar dicho informe a la causa, lo dejó en la carpeta de la Fiscalía, donde fue hallado casi un año después por la Inspección Fiscal. Sin embargo, reiteró la petición de procesamiento del presunto etarra.
Los fiscales María Dolores Márquez de Prado e Ignacio Gordillo tienen abiertos, además del expediente por falta muy grave, otros de traslado forzoso. Dichos traslados están previstos en el artículo 40.1 del Estatuto "por disidencias graves con el fiscal jefe respectivo, por causas a aquéllos imputables".
Según fuentes de la Fiscalía, en la última reunión del Consejo Fiscal, tras revocar el criterio acordado unánimemente 20 días antes y decidir la fulminante destitución de Aranda, alguno de sus promotores planteó la conveniencia de anular los expedientes de traslado de Márquez y Gordillo, dado que ya no habría "disidencias graves" con el fiscal jefe defenestrado. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por el Consejo Fiscal y no se conocen variaciones, al menos por el momento.
Consejo 'telegráfico'
Según otras fuentes fiscales, la reunión se celebró de forma "telegráfica", sin apenas debate. En la misma se hizo patente desde un primer momento que el cese de Aranda, retrasado 20 días antes por unanimidad de todos los consejeros frente a Úrculo, había sido previamente impuesto 'por éste a los nueve integrantes de la Asociación de Fiscales, que él presidió hasta su promoción a la Fiscalía General del Estado. Diversas fuentes coinciden en que entre los reunidos quedó flotando una cierta "mala conciencia" por la decisión adoptada. Según las fuentes consultadas, a la tradicional comida entre el fiscal general y los miembros de su Consejo que sigue a cada reunión "no fueron ni la mitad" de los comensales.Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra en cuadro tras la remoción de Aranda. A la vacante del fiscal jefe, cubierta por Fungairiño, se suma desde hace semanas la del fiscal del caso Banesto Florentino Ortí, que dejó la Audiencia para incorporarse a un despacho profesional tras soportar un sordo vacío de dos años que le hicieron los indomables desde que redactó la querella de Banesto contra Mario Conde y su equipo, luego presentada por Aranda. La fiscal Olga Sánchez se encuentra de baja por enfermedad de un hijo y el fiscal Javier Barroso, aunque asistió ayer, está pendiente de una operación bucal que le apartará del trabajo.
