El Gobierno aprueba un decreto para el control estratégico de Telefónica

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para salvaguardar de forma selectiva los intereses nacionales en Telefónica -que va a proceder a la venta del 21% del capital que controla el Estado- y en su filial Telefónica Móviles. El propósito del Gobierno es controlar decisiones estratégicas en una empresa relevante -aporta el 2% del valor añadido bruto de la economía-, sin interferir en su gestión.

La autorización la otorgará el secretario general de Comunicaciones, previo informe del Ministerío de Economía y Hacienda.El real decreto de aplicación del régimen de autorización administrativa previa reserva al Ejecutivo la aprobación de procesos como disolución, escisión, fusión o sustitución del objeto social de Telefónica y Telefónica Móviles. Asimismo, deberán contar con autorización del Gobierno la venta de activos de especial importancia o la venta a terceros de paquetes de acciones que superen el 10% de su capital.

La aprobación del decreto da cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de noviembre, en el que autorizó la creación de un mecanismo de control (golden share) para la venta de la participación del Estado en Telefónica.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ramón Aguirre, valoró como "muy positivo" el decreto aprobado ayer porque, en su opinión, protegerá los intereses generales.

En el extremo opuesto, CC OO hizo público un comunicado en el que manifiesta su oposición a la privatización de Telefónica. CC OO cree que la regulación es un instrumento insuficiente para evitar los riesgos que conlleva la privatización.

El Consejo aprobó también los requisitos que deberán reunir las empresas para participar en el concurso para privatizar, al menos, el 51% del capital de Retevisión, que tiene la segunda licencia de telecomunicaciones.

Entre dichos requisitos, se señala la necesidad de que las empresas interesadas permanezcan en el capital de la sociedad durante un periodo mínimo de cinco años, y que no participen directa o indirectamente en la gestión de otra entidad con título habilitante para prestar servicios de telecomunicaciones. También exige el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores.