"Sería lamentable que 1997, fuera el año del enfrentamiento y no el del empleo"

Cándido Méndez, 44 años, apenas se ha sorprendido de las presiones ejercidas desde el Gobierno y el PP para reformar el mercado laboral. El líder sindical pide calma para alcanzar un pacto en el que el empleo está en juego. Él no quiere jugar con algo tan delicado. Le preocupa también el posible deterioro del Estado de bienestar por la nueva política educativa y sanitaria. Sus formas campechanas y afectuosas no le impiden ser rotundo en algunas de sus afirmaciones: se opondrá frontalmente al abaratamiento del despido. Antes de la entrevista mira por la ventana el cielo plomizo de Madrid y se acuerda de la aceituna, allá en Andalucía, que se va a pudrir y tiene a muchos jornaleros en paro forzoso.Pregunta. Parece que la presión del Gobierno para que los empresarios y los sindicatos pacten su reforma laboral ha tomado virulencia con el comienzo del año.

Respuesta. Sí, pero no necesitamos que nadie nos acucie o nos intente apremiar para discutir sobre los problemas más graves, que son los relacionados con el paro y la precariedad en el empleo. Desde luego, no se contribuye con ese tipo de apelaciones a generar el clima de serenidad que una discusión de esa complejidad exige. Lo que el Gobierno debe hacer es permanecer al margen de la discusión, que debe girar sobre el incremento del empleo y sobre cómo articular fórmulas, que probablemente deberían tener una traducción legal, que reduzcan de una manera drástica la precariedad laboral y la altísima rotación.

P. ¿Aceptan el plazo de marzo?

R. No aceptamos plazo de ningún tipo, ni de nadie. Aceptamos los plazos que libremente y en función de la negociación establezcamos con la patronal. Estamos analizando la idoneidad de que por la primavera podamos llegar a unas conclusiones. Curiosamente, el Gobierno, como si se hubiera enterado, pues habla de marzo. Pero eso no va a ser ninguna cortapisa; si dentro de tres meses las negociaciones tienen expectativas de avanzar, pues seguiremos. Si es materialmente imposible, pues lo conveniente es remitirlo a la negociación colectiva, donde hay margen para contribuir a la solución de los problemas y a la que hay que dar protagonismo. Esa es la vía, y no la imposición de una reforma unilateralmente, que es una vía ya fracasada, como demuestran las experiencias anteriores.

P. ¿Cómo están las negociaciones?

R. Es una negociación que, exige múltiples contactos para construir, a partir de un diagnóstico común, una serie de puntos de coincidencia. Tiene diferentes ámbitos, algunos bastante avanzados, como los relacionados con la negociación lectiva (articularla, darle mayor racionalidad, que las unidades no estén tan dispersas y no se basen en conenios provinciales sino sectoriales). Otra cuestión es la relacionada con el mercado laboral. Hay un guión de contenidos y coincidimos en que hay que erradicar la precariedad y la rotación. Pero, en este momento, no estamos en condiciones de establecer un horizonte sobre el cual pudiéramos establecer acuerdos. La situación está bastante verde. Ésa es la realidad.

Nosotros tenemos claro que las soluciones no pueden pasar por el abaratamiento del despido en ningún caso, ni por eliminar las causas del despido, ni por engendros contractuales por los que se establezca el despido libre.

P. La reforma laboral se esta convirtiendo en un caballo de batalla. ¿Qué cree que pretende realmente el Gobierno?

R. En primer lugar creo que este Gobierno, como otros gobiernos anteriores, intenta escurrir el bulto en su responsabilidad política para generar empleo planteando una nueva reforma laboral. Lo que tendría que hacer es no rehuir sus responsabilidades, definir una política económica concreta que consiga generar empleo como principal prioridad. ¿Y qué ocurre? Pues que los Presupuestos del Estado no acompañan, precisamente, en, la dirección más adecuada para generar empleo. Por mucho que manipule a través del BOE las, normas laborales, no se va a generar empleo. Una modificación de la normativa laboral nunca va a ser un sustituto de una política económica comprometida con el empleo. Y este Gobierno no tiene ningún compromiso con la generación de empleo ni con el fortalecimiento del tejido industrial. Y, lamentablemente, en Europa ocurre igual. En la Cumbre de Dublín [de los Quince] volvieron a pasar por encima del problema del desempleo.

P. Sí hay acuerdo en reducir las modalidades de contratación y determinar las causas objetivas de la extinción.

R. Es uno de los puntos comunes del diagnóstico. Lo que ocurre es que a la hora de buscar medidas, las posiciones no son compartidas por el momento. El contrato debe ser indefinido y las contrataciones temporales deben estar claramente causalizadas: ejecutar una obra o un servicio coyuntural por unas necesidades de producción, por ejemplo. Somos partidarios de establecer una mecánica ágil de identificación de las causas en el ámbito de interlocución sectorial y en el marco laboral actual. ¿Eso qué significa? Pues que la rescisión de un contrato debe tener a causa. Que hay que entender que las indemnizaciones se deben mantener como ahora y evidentemente respetar la tutela judicial, pero reduciendo su margen en beneficio de la negociación entre sindicatos y patronal para conseguir mayor certeza y agilidad.

P. Otro frente abierto es el de congelación salarial de los funcionarios. Corre el riesgo de apagarse.

R. Al contrario, va en aumento y nuestra responsabilidad es canalizarlo. Las movilizaciones escalonadas desde octubre han sido un éxito rotundo. Vamos a insistir. Se está llegando al nivel del ridículo por parte del Gobierno: que pretenda que sean los funcionarios públicos los que soporten una hipotética política de austeridad del Presupuesto en el que se dan centenares de miles de millones a los empresarios con sus regalos fiscales, fortaleciendo vertiente especulativa de la economía. Y además se va a dar otro fenómeno. A partir de este mes, con toda probabilidad, se van a oficializar las pretensiones de congelar las retribuciones de los trabajadores de otros servicios pùblicos y empresas públicas. Y eso puede generar una conflictividad añadida a la que se, da en la función pública.

P. ¿Se está dando el caldo de cultivo para una huelga general?

R. En este momento planteamos la contestación que cada situación y cada sector exige. Pero tampoco podemos descartar absolutamente nada. Estamos en la obligación de prever cualquier tipo de contingencia. Va a depender, sobre todo, de la prudencia del Gobierno.

P. Por ejemplo, si decide unilateralmente la reforma laboral.R. Si lo decide en contra de los planteamientos de los sindicatos, abaratando el despido, degradando las condiciones laborales; si mantiene su propósito irracional de liquidar el sector público empresarial; si mantiene la congelación de las retribuciones de los empleados públicos; si pretende imponer también la congelación de otros servicios..., pues nos encontraremos ante un conflicto de dimensiones enormemente generalizadas. Es indudable. Lamentablemente, lo que digo no es una novedad: se viene insistiendo desde los primeros meses en que gobierna el Partido Popular. Si hay una serie de elementos que se concatenan, pues lógicamente tendríamos que analizar una respuesta simétrica a la magnitud de la agresión. Todavía estamos, en determinados aspectos, en el marco de la dialéctica. El Ejecutivo no ha tomado decisiones irrevocables y lo que es necesario es que no las tome. Precisamente mis manifestaciones van por la vía de que el Gobierno no se complique la vida más de la cuenta. Sería lamentable que 1997 más que el año de la deseable reactivación económica, del empleo y del reforzamiento del diálogo se convierta en el año del enfrentamiento.

P. ¿Es posible compatibilizar posturas?

R. No es fácil. Hasta el momento ha parecido relativamente fácil porque se han desarrollado acuerdos ya existentes y el Gobierno ha reconsiderado sus posiciones iniciales como ocurrió en la orientación del Pacto de Toledo. Tiene poco que ver el contenido del acuerdo del pacto de pensiones, que es claramente progresista, con sus posiciones iniciales. Lo mismo se puede decir del Plan de Empleo Rural, que había sido descalificado por el Gobierno y se ha llegado a un acuerdo que, al margen de cambio del nombre, reconoce que el modelo existente de protección social de los trabajadores del campo hay que preservarlo porque no hay alternativa mejor. Ésa es la lógica de nuestra relación con el Gobierno. Y sería muy interesante que cambiara con los salarios públicos, donde hemos abierto un horizonte temporal que abarca el 97 y el 98 y en ese horizonte se pueden establecer fórmulas que permitan conciliar sus pretensiones para este año y nuestras justas demandas.

P. ¿Se fía del ministro de Trabajo, Javier Arenas?, ¿Se fía de este Gobierno?

R. El Gobierno no tiene un perfil claro, más bien al contrario, lo tiene difuso y contradictorio. Hasta ahora tiene varias almas. Creo que hay una decidida y sincera vocación centrista por parte del ministro de Trabajo. Pero hay otros exponentes de mucho peso con planteamientos de neoliberalismo extremado que ubican al Gobierno en la derecha pura y dura.

P. ¿Por ejemplo?

R. Siempre ocurre en los gabinetes con el área económica, fundamentalmente. Y luego en el plano ideológico, hay algunos ministros, y en este caso ministra, preocupantes, como en el área de Educación. A lo largo de este año vamos a defender, de acuerdo con Comisiones, un diseño de pacto por la educación con un sistema público educativo. Se pretende de una manera muy grosera que la sociedad confunda el derecho de la libertad de enseñanza. Tal como se plantea, es el desarbolamiento del sistema público, dejando la enseñanza al alcance de los recursos económicos de cada cual.

P. ¿Le preocupa una posible privatización de la Sanidad?

R. Ése es el otro campo que nos preocupa sobremanera. Nos oponemos a la privatización y hemos tenido ya una agarrada con el Gobierno, que en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos ha plasmado un cierto ribete privatizador. Se han traspasado ciertas competencias de gestión y diagnóstico del alta del trabajador a los médicos de las mutuas de accidentes de trabajo. Y eso, se diga lo que se diga, es un primer paso privatizador.

Vamos a hacer un esfuerzo para que los trabajadores y la sociedad perciban por qué hacemos, lo que hacemos. Nosotros no negociamos con el Gobierno en función de la coyuntura o de determinados pragmatismos. Todo lo encajamos en función de la defensa del modelo social y por eso establecemos como centro de gravedad la lucha a favor del empleo y por eso vamos a defender el mantenimiento del modelo de protección social y el sector público. Ese va a ser el hilo conductor de nuestra política sindical y vamos a hacer un esfuerzo especial en 1997 para que se entienda que defendemos un modelo social que da sentido al proceso de convergencia con Europa. Defendemos empleo y derechos sociales. El ciudadano europeo debe tener acceso a unos servicios públicos de calidad defendiendo el Estado de bienestar.

P. Con el PSOE no fueron tan aguerridos en las privatizaciones.

R. Nuestra vara de medir no cambia en función del color del Gobierno. Hay una diferencia fundamental. El PSOE nunca planteó la liquidación del sector público, y este Gobierno sí lo plantea. Nosotros siempre lo hemos analizado en función de las circunstancias y hemos reconocido la necesidad de incorporación del capital privado, por ejemplo en Seat o en Pegaso. Tampoco estamos en desacuerdo en que se incopore capital privado, ya que aporta experiencia, tecnología red comercial... Estamos en contra de desarbolar el sector público.