Consumidor receloso

EL EJERCICIO económico de 1997 se inicia con algunos datos moderadamente favorables para el consunmidor. Las tarifas eléctricas bajan el 3%, las llamadas telefónicas urbanas e interurbanas quedan congeladas, se anuncia para julio una reducción del 0, 5% en el precio del gas y en septiembre bajará el peaje de las autopistas. En el otro lado de la balanza, suben las tarifas de Renfe, del transporte regular de viajeros, de algunos medicamentos y de las tarifas postales, aunque, con la excepción del correo, lo hacen por debajo del IPC.El análisis pormenorizado de algunas de estas tarifas, como sería el caso del recibo de la luz, demuestra que la reducción podría haber sido mayor con sólo aplicar la lógica de una liberalización controlada del sector eléctrico, pero no cabe duda de que el Gobierno ha aplicado con esmero la regla, ya iniciada en los últimos años, de contener la mayoría de las subidas por debajo de la inflación prevista.

Estos datos son, objetivamente, una buena noticia; y así sería percibida por los ciudadanos si tuvieran la disposición para traducir estas reducciones de precios en un mayor consumo. El Ministerio de Economia, en su último informe mensual, reconoce que la actitud de los consumidores es "muy cautelosa". A pesar de que los costes de las hipotecas y de los créditos han disminuido, de que bajan los precios de algunas tarifas y de que la inflación está en mínimos históricos, los ciudadanos se resisten a aumentar significativamente sus niveles de consumo. Las autoridades económicas han gastado casi un año en anunciar una reactivación del consumo privado que no acaba de aparecer.

Dos incertidumbres básicas explican la cautela de los consumidores. La primera es el aumento de la precariedad en el empleo. Quienes han accedido recientemente a un puesto de trabajo lo han hecho, por lo general, en peores condiciones de estabilidad, y, por tanto, no manejan sus ingresos con el mismo grado de confianza de generaciones anteriores, que sí ocuparon empleos estables. La última crisis económica, que empezó a detectarse en 1990 y restringió duramente la inversión y el consumo a partir del verano de 1992, ha señalado un punto de inflexión decisivo en el comportamiento de los consumidores, que en años no tan lejanos traducían en consumo cualquier bonanza de la economía. Los especialistas explican este cambio de actitud por la creciente precariedad del empleo. El segundo factor de incertidumbre es el futuro de las pensiones públicas. Los asalariados han acabado por desconfiar de estos ingresos futuros, animados no pocas veces por las continuas y confusas declaraciones de funcionarios y expertos sobre el particular.

Esta doble incertidumbre -sobre la continuidad en el empleo y las pensiones- ha disparado las tasas de ahorro, sin que las sucesivas bajadas de los tipos de interés hayan tenido hasta ahora un efecto significativo sobre el consumo. La situación, en síntesis, sería la siguiente: los trabajadores obtienen la misma renta anual o un poco más, con crecimientos salariales que rozan el 4%, pero de esa renta intentan consumir un poco menos y ahorrar un poco más. De- ahí que el ahorro tradicional -depósitos en bancos y cajas- siga creciendo, a pesar de que ha disminuido su remuneración, y se disparen de forma espectacular los fondos de inversión.

El recelo de un gran número de consumidores es la cara menos agraciada de la euforia financiera que el Gobierno pretende identificar con una reactivación para el conjunto de la sociedad. El equipo económico necesita una revitalización del consumo en 1997 para garantizar un crecimiento de la economía del 3%, que a su vez es condición indispensable para reducir el déficit presupuestario. Sin una reforma laboral a fondo, que permita aumentar la estabilidad del empleo aunque para ello sea preciso abaratar el despido, no habrá tal revitalización. Sindicatos y patronal están negociando al respecto y no sería bueno que las prisas del Gobierno dieran al traste con este proceso. Lo que le toca al Ejecutivo es abordar otras reformas pendientes o simplemente esbozadas: la sanidad, los colegios profesionales o el suelo. Lo que José María Aznar y Rodrigo Rato vendieron en junio como Ias liberalizaciones que nos llevarán a Maastricht" son, seis meses después, poco más que buenos propósitos.