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El Poder Judicial insta al fiscal del Estado a investigar la filtración de los 'papeles del Cesid'

El Consejo General del Poder Judicial instó ayer al fiscal general del Estado, Juan Ortiz úrculo, a que tome cartas en el asunto e investigue las filtraciones de los papeles del Cesid porque pueden ser constitutivas de delito. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, basándose en el informe elaborado por el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, concedió el máximo amparo al juez Baltasar Garzón, que lo había solicitado por sentirse atacado en una una nota del Cesid y en unas declaraciones del ministro de Defensa, Eduardo Serra.

Los 20 documentos del Cesid cuya desclasificación solicitan al Gobierno los jueces Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez fueron publicados por El Mundo -que inició su publicación por entregas el día 1,6 de diciembre- y por EL PAIS, que los publicó en un cuadernillo el 17. El mismo día 16 el Cesid emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, señalaba que la información de El Mundo, lejos de ser un "MUY intenso trabajo de investigación periodística ( ... ) más bien parece la transcripción parcial de un determinado auto judicial", lo que se interpretó como una insisnuación de que Garzón estaba en el origen de la noticia.El juez pidió amparo al CGPJ por entender que el Cesid revelaba actuaciones judiciales secretas.

Al día siguiente, tras la publicación de la totalidad de los documentos por EL PAÍS, el ministro Eduardo Serra afirmó en un primer momento que lo publicado se correspondía con las microfichas devueltas por el coronel Juan Alberto Perote, que previamente las había sustraído del Cesid. El ministro se desdijo ese mismo día y señaló que los documentos eran idénticos a los autos en los que los jueces Garzón y Gómez de Liaño pedían al Gobierno la desclasificación. Garzón volvió a reclamar el amparo por entender que Serra desveló actuaciones judiciales.

Acuerdo unánime

El acuerdo de la Permanente del Poder Judicial fue adoptado ayer por unanimidad y dice textualmente: "En relación con el amparo solicitado por el Magistrado Juez Central de Instrucción número 5 y visto el informe del Presidente de la Audiencia Nacional, dado que los hechos que fundamentan aquella petición pudieran ser constitutivos de delito, remítanse las actuaciones al Ministerio Fiscal, para que ejercite las acciones que, en su caso, estime pertinentes".Aunque en el acuerdo no se menciona el presunto delito, fuentes jurídicas señalaron que se trata de revelación de secretos. El portavoz del Consejo y el propio Auger interpretaron que el acuerdo supone el máximo amparo para Garzón. Sin embargo, el vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, declaró ayer a la agencia Efe que la Permanente no se había pronunciado sobre el amparo solicitado por el juez, al entender que los hechos relatados por éste no estaban relacionados con su independencia.

La Permanente, que dará cuenta al pleno del acuerdo, está formada por el presidente, Javier Delgado; el vicepresidente, Luis López Guerra, y los vocales Margarita Retuerto, Manuel Damián Álvarez y Elisa Veiga, que no asistió ayer.

El Consejo del Poder Judicial había pedido un informe al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, quien lo remitió el pasado viernes a Javier Delgado. En el informe, Auger señalaba que las filtraciones no procedían de la Audiencia Nacional y que es evidente que la actuación de otros poderes del Estado -en referencia al Cesid y a Serra- pueden estar incursos en los supuestos establecidos en el artículo 14 de la ley Orgánica del Poder Judicial. Auger, partidario de la concesión del amparo, no proponía la remisión de las actuaciones al fiscal.

El artículo 14 citado reza: "Los jueces y magistrados que se consideren perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquellos, promoverá acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".

El fiscal del Estado no estudiará el caso hasta el próximo día 7. No obstante, fuentes jurídicas han informado que su actuación será la de ordenar la personación del fiscal competente en las diligencias abiertas por los jueces Manuel García Castellón -Garzón está recusado- y Gómez de Liaño.

Estos magistrados requisaron los documentos publicados por EL PAÍS, pero no se tiene noticia de que hayan requerido los publicados por El Mundo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de diciembre de 1996

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