Con este plan no hay futuro

La política en las ciudades es, en cierta medida, una política sobre y para las ciudades. Por ello se puede decir que la política por excelencia es aquella que tiene por objeto la acción sobre las ciudades, tanto en lo que conviene a sus aspectos físicos como en lo que hace a los modos y maneras de la vida en la comunidad urbana. Todo político que ejerza conscientemente como tal no puede olvidar nunca que la bondad y la eficacia de su conducta encuentran en la ciudad y sus circunstancias funcionales el exacto reflejo de su trabajo y de sus competencias, atribuidas éstas por el fenómeno de la representación democrática que le otorgan sus convecinos. El municipalismo es, pues, la base de la acción Política de naturaleza democrática. Por ello lo que ocurre en nuestras ciudades es el primer escalón por el que medir la eficacia y bondad en la gobernación de la cosa pública en lo que a toda la nación alcanza. Hoy casi todos los ciudadanos lo somos en la doble acepción del termino, la universal que afecta a nuestra condición común de sujetos de derechos políticos que ejercemos a fin de decidir el gobierno de nuestro país y también la particular, que casi nos afecta a todos por nuestra condición de residentes en las ciudades. Por ello el escenario primero donde se produce el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos es en la adopción de decisiones sobre los asuntos de la gobernación de la ciudad donde vivimos.La ley de la ciudad, la ley particular máxima del municipalismo -por cuanto es una ley política y no sólo administrativa-, es la que se dicta para ordenar la ciudad desde la legitimidad de los poderes públicos, y esa ley urbanística se manifiesta, en el plan de ordenación del territorio de la ciudad. Y si convenimos que la ordenación urbanística es una práctica política con dimensión normativa de naturaleza legislativa, hemos de convenir también que entonces es en esa práctica donde mejor se han de esforzar los políticos municipalistas en manifestar sus intenciones, sus voluntades y su ideario por tanto.

Hoy Madrid es una ciudad que va a estrenar un Nuevo Plan de Ordenación, el NPG, al que algunos llaman nuevo y que muchos consideramos ya viejo sin haber asistido aún a su alumbramiento, Y es viejo porque nace sin futuro, porque nace sin historia, porque encuentra novedad en su desorden, en su confusión y en su ausencia de políticas de mejora y transformación. Es un niño que nace anciano, pues ya es conservador, y no sólo porque lo sean los espíritus de quienes lo han redactado y apadrinado, sino porque sólo es conservador en lo que respecta a los derechos inmobiliarios de aquellos que encuentran en el mercado del suelo el territorio donde satisfacer su apetito económico de naturaleza acumulativa. Es un plan que pretende convertir en mercado el suelo y entiende que la oferta y la demanda funcionan en un escenario donde el precio es el equilibrio entre ambas. Y esto no es cierto, al menos no es cierto para nosotros, los socialistas. Y ello, por dos razones. Una de orden técnico, como es que el suelo no es bien de mercado; más bien es un escenarío donde se albergan algunos mercados particulares como son el de la construcción y los servicios, y ello, porque es un bien escaso condicionado en su nacimiento por un acto administrativo y político de regulación y, además, por una limitación funcional -que es la que define su posibilidad- como es la accesibilidad mediante infraestructuras pesadas de promoción pública. Otra de orden político de marcada naturaleza ideológica, y es ésta la razón por la que los socialistas entendemos que la ordenación de la ciudad ha de servir, ante todo, para garantizar una convivencia basada en la justicia, en el derecho a la igualdad y en el cuidado, conservación y tratamiento de las cosas que son del común, es decir, de las cosas que son de todos los ciudadanos.

Para nosotros, el plan no es un escenario del mercado de capitales, que se regula desde la norma administrativa. Es, por el contrario, la manifestación ordenada de un espacio de libertad en que la libre iniciativa se fomenta en el respeto de los derechos de aquellos que menos tienen. La práctica de la libertad económica no la entendemos como la lucha del hombre contra el hombre aderezada con la modernidad del notario y el registrador interpuestos, sino como el fomento de la actividad económica privada para que aumente la riqueza del común y, por tanto, se pueda sostener el desarrollo de políticas públicas de reequilibrio entre los más afortunados y los que lo son menos. En ese sentido, procuramos de los planes urbanísticos el que sean equilibrados y presenten unos indicadores sanos, moral y funcionalmente. Que sean equilibrados para que todos tengamos lugar en ellos y sean un escenario de la libertad política. Que sean sanos, es decir, que fomenten la satisfacción de los derechos básicos de los ciudadanos, y entre estos, derechos el de poder acceder a una vivienda digna no es menos importante que el de una escolaridad gratuita, una sanidad pública o el que se garantice un sistema de pensiones.

Por todo ello, no podemos dejar de oponernos a un plan urbanístico antiigualitario, privatizador, desequilibrado y, a nuestro juicio, inmoral. Lo entendemos antiigualitario, y es lógico esto en quienes lo redactan, porque propone una solución económica a la política de suelo que desfavorece a aquellos ciudadanos de menores rentas.

Lo entendemos privatizador porque propone soluciones de dejación competecencial en manos de operadores privados para aquellos servicios públicos que debiera prestar la Administración como forma de retribución salarial indirecta a los menos afortunados (proyectos asistenciales, sanitarios, deportivos, etcétera). Lo entendemos desequilibrado porque en ese escenario neoliberal que se propone en el NPG sólo los grupos de capital pueden concurrir a los procesos de urbanización del suelo tras hacer dejación la Administración municipal de su competencia promotora por vía expropiatoria a favor de operadores privados, tanto en lo que respecta a la promoción de suelo común urbanizable de naturaleza residencial como de aquel que afecta a las grandes operaciones estructurantes de la ciudad. Lo entendemos inmoral porque viola la costumbre compensatoria que la cultura urbanística ha establecido sobre el capital inmobiliario, al menos sobre el papel, desde 1956, en que se redactara la primera Ley del Suelo, y este despropósito, como otros muchos, no se puede emprender desde el cinismo de una conducta que se autorreclama liberal y que en muchos casos sólo esconde la incompetencia o la voluntad de rapiña.

Por todo ello, los socialistas y los que estamos por el progreso nos oponemos a este viejo plan general, que los neoliberales llaman nuevo. Por farragoso, por contuso, por arbitrario, por especulativo, por desordenado, por antiigualitario y por cobarde. Porque en él no hay esperanza, sólo expectativas de lucro. Porque no ofrece proyectos ilusionantes para una ciudad que fue ilusionada. Porque entre sus páginas se aloja la tristeza de los que no podrán acceder a una vivienda y de los que perderán los servicios públicos asistenciales. Porque es un paso atrás en las técnicas de ordenación urbanística y porque es una oportunidad perdida de preparar Madrid ante un futuro próximo que exige de nosotros una respuesta moderna y solidaria. ante un reto de crecimiento y adaptación a una realidad que cambia a veces más deprisa que nuestras conciencias y, desde luego, mucho más deprisa que nuestras viejas malas costumbres.