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El Defensor del Pueblo denuncia violación de derechos de los presos

Anabel Díez

El tono moderado del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, no evitó que los parlamentarios de todos los grupos mostraran ayer su preocupación por las quejas que desgranó en el pleno del Congreso sobre violación de derechos humanos. Álvarez de Miranda denunció "masificación en algunas cárceles", deficiencias en infraestructura, alimentación, higiene y sanidad, y expuso algunas quejas sobre violación del derecho a la intimidad de los internos y malos tratos. Álvarez de Miranda hizo un apretado resumen de las más de 15.000 reclamaciones que le llegaron durante 1995. Este año terminará habiendo llegado a su institución algo más de 20.000 reclamaciones.

El retraso en la presentación del informe de 1995, obligación que tiene el Defensor anualmente dado que su institución depende de las Cortes Generales, tuvo que ver con las elecciones generales, y, por tanto, la disolución de las Cámaras.

Además de las quejas sobre las cárceles -sobre las que el Defensor prepara un informe exhaustivo- Álvarez de Miranda narró a los parlamentarios las reclamaciones que llegan a su oficina de presos españoles en cárceles extranjeras, sobre todo en Marruecos. El Defensor se mostró especialmente preocupado por este asunto y está haciendo gestiones con el Ministerio de Exteriores para lograr la firma de convenios que permitan a esos presos cumplir sus condenas en España.

Como ocurre año tras año, las quejas referidas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan. Éstas "van desde los malos tratos hasta las condiciones de las dependencias, así como las actuaciones policiales realizadas en el marco de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, particularmente en identificaciones". Continúan también las quejas, dijo el Defensor, por las actuaciones de "vigilantes de seguridad privada".

Objetores

Álvarez de Miranda recomendó a la Administración que intente mejorar la demora en la incorporación al cumplimiento de la Prestación Social Sustitutoria que solicitan quienes se declaran objetores de conciencia.Otros de aspectos que destacó el Defensor fueron los retrasos en la asistencia sanitaria, así como los problemas de retraso en la justicia y en la Administración tributaría.

Este comisionado de las Cortes Generales habló de sí mismo, es decir, de su institución, a los parlamentarios. Pidió amparo a la Cámara para mejorar sus niveles de eficacia, algo difícil de conseguir "con unos medios prácticamente congelados desde 1993". El Defensor del Pueblo remitirá en breve al presidente del Congreso unas sugerencias sobre por dónde puede ir una reforma de la ley que regula este órgano que preside, a fin de obtener más competencias.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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