La formación como garantía de futuro
La educación, en un sentido amplio que comprende todos los niveles de enseñanza, incluido el universitario y el de postgrado, la investigación y el desarrollo tecnológico, y la formación en todas sus modalidades, es una actividad que posee, a la vez, los rasgos asociados normalmente a la inversión productiva y al gasto social. En efecto, hoy en día resulta ya evidente que la posesión de materias primas o de una posición geoestratégica no juega el mismo papel que en un pasado todavía reciente. La innovación y la extensión mundial de los intercambios hace que, ante una crisis de materias primas, por ejemplo, se pongan en funcionamiento procedimientos de sustitución que permiten preservar la actividad productiva en condiciones cambiantes. Los medios de comunicación y transporte, por otra parte, permiten hacer abstracción de muchos de los factores geográficos y territoriales cruciales hasta hace bien poco.La materia prima fundamental en las sociedades modernas es algo más inmaterial Consiste en una serie de procedimientos de creación, transmisión y aplicación del conocimiento, vivos en la estructura organizativa de esas sociedades y en las capacidades de sus ciudadanos, es decir, depende precisamente de la eficacia de ese sistema de enseñanza en sentido amplio. Son numerosos los ejemplos de países mal dotados en energía o en otros recursos naturales, pero que han sabido poner en valor sus destrezas en los procesos de innovación, mientras que son también numerosos los ejemplos de países ricos en una o varias materias primas, consideradas fundamentales, que han dilapidado rápidamente los ingresos obtenidos por falta de preparación, o se han visto fuera de la escena económica mundial cuando sus recursos se han agotado, o se han encontrado materiales de sustitución más baratos o adecuados. La idea, pues, de que la educación y la investigación son una verdadera inversión para el futuro parece fuera de duda. Concretamente para nuestro país, todos los estudios realizados por agencias internacionales acerca de las limitaciones estratégicas a nuestro despegue económico coinciden en señalar las deficiencias en comunicaciones y en educación como las decisivas. Nuestro desempeño como sociedad depende así en gran medida de la formación de nuestros jóvenes.
Pero, al tiempo, no hay procedimiento más seguro y duradero de promover la permeabilidad y la integración social que una buena educación. Las personas de cierta edad recordarán cómo para las familias modestas en España hasta hace poco, normalmente deficitarias en formación, general y profesional, la educación de los jóvenes era considerada como la única esperanza de progreso social, Esa educación, cuya falta se percibía como dificultad insuperable para prosperar, era el único instrumento de promoción a su alcance, y todos los esfuerzos parecían poca cosa si con ellos las nuevas generaciones tenían un mejor nivel de enseñanza. Hoy en que, afortunadamente, la educación es un derecho cuya aplicación tiene una extensión sin precedentes en nuestro país, todo eso tiende a olvidarse, como tiende a olvidarse que las diferencias en nivel educativo venían, a coincidir, y a realimentar, las enormes diferencias sociales existentes. Sin duda, la extensión de la enseñanza universitaria a amplísimos sectores de la población juvenil ha devaluado comparativamente su valor de cambio. Y no porque en el pasado los titulados universitarios tuvieran, por término medio, un nivel superior a los de hoy, sino porque su escasez numérica y su procedencia social les aseguraba un puesto de trabajo seguro y bien remunerado, lo que hoy, como todo el mundo sabe, no es el caso. Aún así, y en contra de lo que con frecuencia se afirma, es más fácil encontrar trabajo, y un trabajo con mayores perspectivas de continuidad, cuanto mejor sea la fórmación adquirida.
Todos los países, incluidos los de tradición más liberal, consideran que la enseñanza es, además, responsabilidad del Estado, de modo que el sector público debe asegurar un nivel adecuado y las inversiones necesarias, independientemente de que la iniciativa privada actúe también en este campo. Algo que contrasta con el abandono en que se ha visto casi siempre la enseñanza pública en nuestro país, con escasas y poco duraderas excepciones. Hasta el punto de que la enseñanza pública ha sido tradicionalínente en España sinónimo de enseñanza de ínfima calidad, reservada a los pobres, mientras que los que podían permitírselo llevaban a sus hijos a instituciones privadas, algunas laicas, la mayoría religiosas. De nuevo, el cambio espectacular operado a lo largo de los últimos años gracias al cual, y a pesar de todas las deficiencias, la enseñanza pública ha experimentado una formidable mejora, puede hacernos olvidar este hecho.
De todas formas ese esfuerzo, demasiado sujeto a los vaivenes de la coyuntura económica y poco firme en comparación con otros compromisos sociales, no ha podido contrarrestar la herencia del pasado, y no ha sido suficiente para llevamos a una situación comparable a la de quienes han acumulado capital educativo durante muchas generaciones. No se puede superar un desfase histórico en unos pocos anos, y esa evidencia nos pone ante la necesidad de tener que seguir apostando, durante mucho tiempo todavía y de un modo permanente, por la mejora de nuestro sistema de educación-investigáción. Es respecto de ese desafío abierto, clave a la hora de definir nuestro proyecto de sociedad, como hay que juzgar la actitud de gobiernos y público.
Lo primero que llama la atención, si se acepta que la educación es uno de los factores que más influencia tendrán en nuestro futuro, es la ausencia del tema educativo en los medios de comunicación, en las discusiones presupuestarias, en las campañas electorales y, en general, en la preocupación de políticos y medios. El esfuerzo sostenido hasta 1991 aproximadamente, incluso con fases de estancamiento económico, ha cambiado el aspecto de nuestra educación sin suscitar mayor atención, al menos en apariencia, aunque hay motivos para creer que ese cambio forma parte de un fondo de satisfacción de los ciudadanos por algunos de los procesos más genuinamente asociados a la democracia. Pero el estancamiento posterior y la disminución de recursos aplicados a ese capítulo tampoco ha suscitado mayor preocupación, al menos, de nuevo, en apariencia. En estos momentos, la política que vaya a seguir el nuevo Gobierno en cuanto a los medios que habrán de destinarse a cubrir los gastos de enseñanza, o a los planes de reforma de su organización, contenidos y objetivos, pasan relativamente desapercibidos en medio de otras prioridades políticas y mediáticas más escabrosas, sin duda, pero de mucho menor calado.
Lo que podemos deducir de los escasos pronunciamientos públicos de nuestras autoridades es más bien preocupante, tanto en lo que se refiere a la enseñan za y la investigación en general como a la enseñanza pública en particular, pero no parece existir el ambiente necesario como para que se inicie una discusión rigurosa sobre sus proyectos educativos y científicos. Parece, no obstante, que empieza a manifestar se un cierto malestar en la comunidad educativa, incluyendo no sólo a profesores y alumnos, sino también a las familias afectadas, que son casi todas. Seguramente una parte de ese malestar responde a cuestiones más bien coyunturales, como el impacto de la implantación de la ESO sobre algunos pequeños núcleos de población, o de mayor amplitud en sus efectos aunque esperemos que también coyunturales, como la congelación salarial de los funcionarios. Pero es probable que contribuyan también a ese malestar incipiente preocupaciones acerca de la adecuación de nuestro sistema educativo y científico a los tiempos que corren, o a la percepción. de que los cambios en los planes de estudio universitario o en la reordenación de la enseñanza pre-universitaria seguramente necesitarían de reflexión y nuevas decisiones a la vista de la experiencia acumulada en su aplicación, o a la incertidumbre sobre los compromisos presupuestarios para los próximos años. Lo importante, a mi juicio, es asegurarse de que esa naciente preocupación social se aprovechará para iniciar un debate público acerca de lo que nuestro país piensa y el esfuerzo que está dispuesto a hacer para garantizar un progreso sostenido en educación, única receta para no quedarnos definitivamente al margen en la competición con países mejor avisados.
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