CRISIS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Las asociaciones de fiscales estiman correcta la apertura de expedientes

La apertura de expediente a cinco fiscales de la Audiencia Nacional ha sido considerada correcta por sus compañeros de carrera. La Unión Progresista de Fiscales cree que la decisión tomada por la inspección es una "consecuencia lógica y saludable" porque, según su portavoz, Carlos Castresana, si se deben depurar responsabilidades "hay que hacerlo en un expediente disciplinario". Por su parte, Manuel Colmenero, portavoz de la Asociación de Fiscales, señaló que "se ha hecho lo correcto" y que los expedientes "no son caprichosos y van en la línea de resolver la situación insatisfactoria" creada en la Audiencia.Ambas asociaciones reconocen que el fiscal general tiene competencias para tomar la medida sancionadora a propuesta del fiscal inspector. Castresana hizo notar que adivina que la medida de traslado de Aranda procede de "no haber sido capaz de imponer la disciplina en una institución que legalmente funciona con arreglo a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica". En cuanto a Colmenero, portavoz de la asociación a la que pertenecía el propio fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, señaló que hay que "respetar la presunción de inocencia" de los expedientados, pero también la decisión de la Fiscalía.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no piensa tomar partido" en la polémica, según declaró en Barcelona su presidente, Javier Delgado Barrio, pero "hará próximamente una declaración institucional sobre los problemas que preocupaban a la sociedad española".

Delgado visitará hoy la Audiencia Nacional y ha convocado para mañana un pleno extraordinario del órgano de Gobierno de los jueces. Será ahí donde, con toda probabilidad, según el vicepresidente del Consejo, Luis López Guerra, se hará una declaración sobre la Audiencia Nacional. Añadió que, aunque todavía no se tiene disponible la propuesta, "las declaraciones institucionales suelen ser conciliadoras y poco sorprendentes, son para llevar las aguas a su cauce y tranquilizar a la opinión pública"'.

En opinión de López Guerra, la Audiencia cumplía objetivos muy razonables cuando fue creada, pero ahora "serían aconsejables modificaciones de carácter técnico". Haría falta, precisó, descargar a esta jurisdicción de competencias, como las contencioso-administrativas, en favor de los Tribunales Superiores de Justicia.

.En cuanto a las asociaciones de jueces, la presidenta de la Francisco de Vitoria, María Tardón, declaró que hay que tener mucha cautela y no prejuzgar nada, ya que lo único que se ha propuesto es un pliego de cargos, y que, si las alegaciones de descargo son asumibles, todo podría terminar en un archivo. En su opinión, no hay motivación extrajurídica, ya que el fiscal general actúa en ejercicio de competencias propias. En cuanto al presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, tampoco quiso entrar en el fondo del asunto porque "es una cuestión interna de la carrera fiscal", pero subrayó que "una cosa son las instituciones y las funciones que ejercen y otra los problemas que puedan tener quienes las sirvan". En su opinión, la Audiencia Nacional debe seguir existiendo porque las razones que motivaron su constitución, sobre todo la lucha contra el terrorismo, siguen vivas.

El socialista Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior, aseguró ayer que no debe darse a los expedientes "un aspecto dramático que no tienen", ya que lo ocurrido "debe ser considerado normal y razonable en el juego de poderes del Estado".

Belloch señaló que, cuando fue vocal del Poder Judicial, "todos los- años había que instruir un montón de expedientes, y el hecho de que se instruya uno no significa que vaya a recaer sanción".

En cuanto al Partido Popular, su portavoz en el Congreso para temas de Justicia, Andrés Ollero, expresó el respeto de su grupo por la decisión del Fiscal General, ya que está "dentro de sus competencias", y destacó que éste actúa "con absoluta independencia". Lo importante, añadió, es que el ambiente judicial "se serene cuanto antes", para que los ciudadanos "puedan encontrar serenidad y estabilidad" en ese poder del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 10 de diciembre de 1996.

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