El presidente de la Audiencia Nacional expresa a la ministra de Justicia su preocupación por la crisis

La guerra abierta de la Audiencia Nacional, agravada tras la decisión de Javier Gómez de Liaño, juez instructor del caso Lasa-Zabala, de citar a declarar al fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, por una supuesta ocultación de datos, desencadenó ayer numerosas reacciones que manifiestan la alarma general producida por esta crisis. El presidente de la institución, Clemente Auger, expresó su preocupación a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por el hecho de que frente a "tantas cosas" que hace este órgano jurisdiccional, sólo trascienda la polémica. Mariscal defendió el trabajo de la Audiencia Nacional y calificó de "poco corriente" la actitud del magistrado Gómez de Liaño.

Mariscal de Gante confirmaba ayer en los pasillos del Senado que Clemente Auger se había puesto en contacto con ella tras la polémica entre jueces y fiscales desatada en la Audiencia. La ministra defendió el trabajo que realiza esta institución y aseguró que no tiene sentido, como proponen algunos, defender la supresión de la Audiencia Nacional ya que está instruyendo sumarios muy importantes, por lo que hablar de su desaparición, dijo, no es más que "incitar una falsa polémica". Precisó que es necesario llegar a un acuerdo para poner fin a la imagen de politización que se da de ese órgano jurisdiccional.El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, apeló al sentido de la reponsabilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para resolver las cuestiones del "buen gobierno" de la Justicia. Defendió la independencia judicial, porque "lo primero que necesita la justicia", manifestó, "es que no se polítice7. A su vez, el presidente del Consejo de Estado, Iñigo Cavero, dijo que "deben desaparecer inmediatamente las confrontaciones que se dan desde hace algún tiempo" en la Audiencia Nacional, cosa muy "poco edificante". Cavero indicó que da la impresión de que en la Audiencia "hay dos estilos de hacer las cosas: unos que quieren ir con más celeridad y otros con más prudencia".

Añadió que los conflictos en ese tribunal no son convenientes para los intereses generales del país y "si a alguien le producen satisfacción es al mundo de Herri Batasuna y a los próximos a los etarras, que suelen ser los clientes de los juzgados 'centrales".

Cavero señaló asimismo que hay algunas medidas que "quizás no han sido demasiado afortunadas", como la interpretación del artículo 122 de la Constitución, que contempla la forma de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial.

El presidente del Consejo de Estado añadió: "Si se llegara a un momento propicio para hacer algún retoque o modificación en la Constitución, yo plantearía la duda sobre la conveniencia de que el presidente del Tribunal Supremo fuera al mismo tiempo presidente del CGPJ".

Margarita Robles

Por su parte, la magistrada y ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles advirtió que el conflicto sólo transmite a la opinión pública la sensación de que con este enfrentamiento difícilmente se puede, estar "haciendo un trabajo serio y riguroso en algo tan importante como es el esclarecimiento de los GAU, informa Aitor Guenaga desde Bilbao.La magistrada reprochó que este enfrentamiento proyecta una, mala imagen del funcionamiento de la judicatura en un tema de tanto calado como es el terrorismo de Estado, y apeló a que las partes recuperen la serenidad. "Habría que hacer un esfuerzo entre todos de volver al sentido común, a esa serenidad en la aplicación estricta de la ley".

Rosa Aguilar, portavoz de IU-IC en el Congreso, salía también al paso de la crisis indicando que su coalición desea que "no se politice la justicia para que actúe con eficacia y celeridad, aclarando casos graves que ahora instruye sobre terrorismo de Estado". En la misma línea, el secretario federal del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, Diego López Garrido, advertía que las diferencias entre jueces y fiscales no deriven en enfrentamientos perjudiciales para la investigación de los GAL.

El presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, pidió a su vez a jueces y fiscales de la Audiencia que no utilicen la justicia para poner en evidencia sus odios y celos , y apeló a la profesionalidad.