El guardián de la virtud

Un vigilante privado decide en el número 32 de la calle del General Perón quién puede visitar los apartamentos que dos prostitutas tienen en la finca. El guarda, que aseguró estar allí para proteger la seguridad de la ONU -este organismo tiene allí una oficina-, también decide quién puede o no subir al despacho de los abogados Pilar Martínez y Manuel Justo de Benito, que asesoran a sus vecinas prostitutas.Ante este control tan exhaustivo, los letrados han interpuesto una denuncia y anuncian que no van a permitir que el presidente de la comunidad de propietarios -lo de la ONU era una excusa que dio ayer el guarda a EL PAÍS, según luego reconoció- siga ordenando al vigilante que impida el paso a sus clientes.

Esta historia se remonta a hace unos meses, cuando las actividades de dos prostitutas provocaron las quejas, del vecindario. El presidente, según la versión de los, abogados y de las meretrices, decidió poner Una barrera: el vigilante. Y le puso una obligación: todos los clientes de las prostitutas tendrían que dejar el número de su DNI. El presidente tenía la esperanza de que así muchos desistieran. Pero se equivocó. Los clientes seguían llegando. Y, aunque con dudas, enseñaban el carné.

Las prostitutas pidieron entonces la ayuda de sus vecinos abogados. Y el asunto se complicó. Según estos letrados, la comunidad de propietarios la tomó entonces con ellos. Pilar Martínez aseguró ayer que cuando alguien pregunta por el bufete, el vigilante dice que no hizo la prueba. El vigilante impidió el paso al redactor, a pesar de que éste le indicó la oficina de abogados donde había acordado la cita. "¿Cómo se llaman?", preguntó el guardián del portal. El redactor dijo un nombre al azar. "Pues ahí no vive ninguna persona llamada así" espetó. "Pues me han citado. Llame al despacho y comprobará que tengo cita". El vigilante se negó. El redactor tuvo que utilizar un teléfono particular para que los abogados bajasen a recogerle. "¿Pero ustedes están colegiados", interrogaba el guardia a los abogados . "No me puedo creer lo que aquí está pasando", confesaba la letrada. El presidente, por su parte, afirma que en el edificio se esconde una organización de prostitución y que los abogados son empleados de esta red: "Tenemos pruebas".