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Tribuna:

La "economía política" de Hunosa

JUAN A. VÁZQUEZEl autor, conocedor de la realidad de la minería asturiana, destaca en este artículo la imposibilidad de separar la economía de la política en la solución de la crisis de Hunosa.

El ministro Josep Piqué se ha ganado, cuando menos, el recelo de los picadores, con ese empeño suyo en cerrarles las minas. Como en la crónicas de una muerte anunciada, ha vuelto a hablarse del final de Hunosa, en una fecha todavía imprecisa, que oscila y se alarga con el curso de los días. El ministro ha acabado por encontrar la mejor fórmula para decir las cosas: Hunosa no se cerrará si consigue ser competitiva sin subvenciones. Es decir, que, salvo que se trate de amagar sin dar, de acuerdo con los usos de este Gobierno, se cerrará sin paliativos. Los tambores de guerra no han tardado en sonar. Como la política son gestos, cada cual se ha apresurado a hacer el suyo, unos para tratar de alargar la precaria vida de esta vieja y achacosa dama, otros para fijar las condiciones del sepelio y todos para asegurarse un vistoso puesto en la ceremonia del funeral. En fin, que estamos ante un nuevo episodio de un recurrente tema, en el que suelen confundirse los datos con el problema, en el que la economía y la política marchan tan íntimamente entrelazadas que llegan a ser una misma cosa.Desde el lado de la economía, los parámetros y los argumentos son tan concluyentes que difícilmente pueden cuestionarse, y revelan que el cierre, además de inevitable, es ya un proceso en marcha en el que tan sólo falta la fecha del punto final. Con la producción recortada, explotaciones cerradas, la plantilla reducida prácticamente a la mitad en tan sólo lo que va de década y cifrada ya en menos de 10. 000 trabajadores, con la productividad por los suelos y los costes de tonelada por los cielos, multiplicando por seis el coste del carbón de importación, las pérdidas han mostrado una terca rigidez a la baja y anuncian un registro de alrededor de 73.000 millones en el presente ejercicio y una espectacular cifra acumulada de más de medio billón de pérdidas y subvenciones en los últimos 10 años.

Más allá de los datos, los argumentos resultan igualmente irrebatibles. Por una parte, la posición de clara desventaja de costes de la hulla de la cuenca central asturiana frente al carbón de importación no puede ser ya contrarrestada por las razones estratégicas invocadas antaño, que justificaban su producción a cualquier precio, y comporta no sólo un costoso esfuerzo presupuestario, sino también una fuente de ineficiencias que se trasladan al conjunto del sistema. Por otra parte, los sucesivos y numerosos planes de empresa han mostrado la imposibilidad de mejorar significativamente los parámetros económicos y controlar las pérdidas, pese a los ajustes y al redimensionamiento operados y a las sensibles reducciones de producción y plantilla registradas. Por lo demás, el panorama comunitario de reducción de capacidades, que ha conducido a intensos recortes de la minería carbonera en el Reino Unido y Alemania, a su práctica extinción en Francia y a su desaparición en Bélgica, se ve aun ensombrecido por el vencimiento en el 2002 del tratado CECA y el fin del régimen de ayudas indispensables para el sostenimiento del sector, que el voluntarista ofrecimiento del ministro español, a la supuesta estela de los intereses alemanes, no es sencillo que se consiga prorrogar.

Los datos no son, con todo, más que una parte del planteamiento del problema, porque el declive de una empresa como Hunosa es, desde luego, algo más que un problema económico y de reducción de actividad e implica a un amplio conjunto de elementos de carácter social, institucional y territorial. La gestión de un proceso de estas características, si pretende conducirse por la vía de la concertación en lugar de la del enfrentamiento, se configura, pues, como un complejo proceso de regulación política, con el doble objetivo de administrar y revertir el declive, de hacer aceptables los ajustes productivos, vencer las resistencias a las reducciones de actividad y contribuir a paliar sus más negativos impactos. Una adecuada articulación temporal y unos niveles elevados de cooperación entre los agentes económicos, sociales e institucionales resultan, por tanto, elementos indispensables para el éxito de este proceso. Además, el declive de una actividad, cuando se encuentra muy concentrada espacialmente, acaba siendo más un problema territorial que industrial y requiere, por tanto. el acompañamiento de políticas específicamente diseñadas para paliar esos efectos.En el caso de la minería asturiana, hasta ahora, ha primado la política de generosa provisión de las coberturas que evitasen todo tratamiento traumático de los excedentes laborales, mediante el sistema de generosas prejubilaciones, que se han configurado como pieza básica de la concertación y la aceptación de los ajustes, y que han contribuido decisivamente (incluso a costa de ser pan para. hoy y hambre para mañana) al mantenimiento de las rentas de las comarcas mineras y del conjunto de la economía asturiana. Por otra parte, la lógica de las compensaciones territoriales se ha impuesto en los últimos años y, pese a frustraciones como las del denominado plan de dinamización, ha contribuido a la dotación de infraestructuras y la mejora de condiciones de habitabilidad de las zonas mineras, en particular, y de la economía regional, en general.Esta misma lógica es la que ha de plantearse ahora nuevamente. ¿Qué es, entonces, lo que hay de nuevo? Creo, en primer lugar, que ha de abandonarse la dinámica del pasado, dirigida a ganar tiempo para evitar, diluir o alargar los ajustes de Hunosa, e imponerse ahora una lógica que despeje las incertidumbres y plantee un horizonte de cierre programado y gradual con un margen temporal suficiente para avanzar en la búsqueda de alternativas, quizá como última oportunidad y definitivo reto para la economía asturiana.

En segundo lugar, la cuestión de los ajustes no traumáticos de plantillas volverá a ocupar necesariamente un lugar central de todo el proceso de negociación, condicionando decisivamente la dinámica de paz o conflicto social en que se desenvuelva dicho proceso. Los márgenes parecen ahora más recortados, tanto por motivos presupuestarios como por razones vegetativas, que se están tratando de sortear mediante una reducción de la edad de prejubilación hasta situarla en los 52 años, y de. hecho y por la acción de los coeficientes reductores incluso por debajo de los 40 años, configurando una situación en la que confluyen simultáneamente las más tardías incorporaciones y las más tempranas salidas del mercado de trabajo. Por lo demás, un proceso de estas características no puede ignorar los elevados costes que comporta ni el hecho de que se están manejando recursos escasos, susceptibles de ser destinados a usos alternativos, que han de optar entre primar las políticas de coberturas sociales o de promoción económica. Ambas políticas son sin duda necesarias, pero ambas compiten por unos recursos limitados que cada vez más habrá que optar por dirigir a uno u otro destino. Y en tercer lugar, las medidas de compensación territorial se configuran como otra cuestión crucial en todo el proceso de gestión del declive minero. En la dialéctica reconversión-regeneración económica en que se desenvuelve la economía asturiana, se ha impuesto el primer polo, actuando más eficazmente las políticas reconversoras que las de reversión del declive. El problema radica en que mientras que las medidas de administración del declive y de cobertura social se han mostrado eficaces, en cambio, las de promoción económica lían sido notoriamente insuficientes y han mostrado claramente su escasa capacidad para revertir el declive de las zonas mineras y del conjunto de la economía regional. Ya que el problema central de una economía como la asturiana no es tanto de rentas presentes como de actividad y empleo futuros, parece indispensable, por tanto, que las políticas hayan de desplazar el énfasis y los recursos hacia los objetivos de generación de actividades alternativas, de creación de empresas y de puestos de trabajo, que constituyen el punto más crítico y difícil de todo el proceso de reindustrialización, pero también la necesidad más apremiante de los territorios más afectados y desprotegidos por las reconversiones. La dotación anunciada de un fondo de más de 300.000 millones apunta en esa dirección. Pero para no repetir frustradas experiencias del pasado, es preciso modificar las perspectivas, los instrumentos, los objetivos y el destino de esos recursos, primando específicamente los dirigidos a estimular la inversión empresarial.

Quizá de esta forma, la reconversión minera y el deterioro de la economía asturiana pudiesen dar paso a un proceso de "destrucción creativa", al modo schumpeteriano, en el que lo viejo, que es demasiado tarde para sostener, diese paso a lo nuevo, aunque todavía sea demasiado pronto para que se pueda imaginar. Claro que, para ello, será preciso entender que el proceso que afronta Hunosa no ha de resolverse con una permanente interferencia de la esfera política en el ámbito económico, sino que ha de conducirse como un proceso de economía política, de gestión política del declive económico de una actividad fundamental para unos colectivos y unos territorios determinados, que desborda ampliamente el carácter y la óptica estrictamente empresarial. Algo que, con otras palabras, acaba de decir Krugman: un país (incluso una región) no es una gran sociedad anónima y lo que se aprende en un negocio no tiene por qué servir para diseñar una política económica. Una advertencia, por cierto, que habrían de tener muy presente los actuales responsables del Gobierno y de la economía de nuestro país.

es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de noviembre de 1996

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