El acusado ha marcado tiempos y contenidos del sumario

El sumario de Ruiz-Mateos, que ahora propone archivar el fiscal, tiene poco que ver con las instrucciones iniciales del juez Luis Lerga y la fiscal Carmen Tagle. Las argucias del empresario -incluida su fuga y extradición-, los cambios de legislación, y la misteriosa exclusión no suficientemente explicada del presunto delito de estafa, han adelgazado a lo largo de 13 años el sumario y ha demorado la celebración del juicio. inicialmente el juez Lerga imputó a Ruiz-Mateos una revalorización ficticia de 350.000 millones en su patrimonio para simular buena salud en sus empresas, un fraude a Hacienda de 17.549 millones por no haber ingresado cantidades retenidas por diversos impuestos entre 1977 y 1982, fraude a la Seguridad Social por 10.774 millones, falsificación de documentos (apertura ficticia de cuentas bancarias para ocultar pérdidas), evasión de divisas (unos 23.000 millones, según el Banco de España) y falsificación de documentos (trasvases de dinero entre bancos para ocultar pérdidas y en perjuicio de los accionistas).Con su fuga al extranjero, tras la expropiación, Ruiz-Mateos logró la primera y mayor reducción en el listado de responsabilidades penales que le eran exigibles. Detenido en Alemania en 1984, fue extraditado a España con la limitación expresa de que sólo podría ser juzgado, en primera instancia, por dos grupos de delitos: falsedad y estafa y falsedad. Posteriormente, se agregaría la posibilidad de juzgarle también por delito fiscal. Ruiz-Mateos se libró así de un procesamiento por delito de injurias al Rey y por evasión de divisas.

Ahora bien, como dice el Convenio Europeo de Extradición, el Estado requirente puede juzgar al acusado por los otros delitos si "la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la parte a la cual se efectuó la entrega no lo hubiese hecho así, dentro de los 45 días siguientes a su excarcelación definitiva o hubiere regresado a dicho territorio después de haberlo abandonado". Por tanto, los delitos de los que se acusa a Ruiz-Mateos siguen en pie. Otra cosa sería su prescripción.

Un ex alto cargo socialista apunta, sin embargo, que a su entender Ruiz-Mateos no cometió solo evasión de divisas, al sacar más de 20.000 millones de España, sino que también cometió delito fiscal y estafa a los accionistas con esas operaciones.

Pero lo cierto es que la extradición no contempló los delitos monetarios y propuso para los fiscales un acuerdo con España que nunca se formalizó. El juicio al presidente de Rumasa se fijó para el 31 de marzo de 1989, pero tuvo que suspenderse primero por una argucia legal, la renuncia del acusado a su abogado -operación que repitió en 1994-, y posteriormente, al pasar su sumario al Tribunal Supremo como consecuencia de su elección como eurodiputado.

En 1994, tras perder su condición de eurodiputado, el sumario vuelve a la Audiencia Nacional, pero en él no figuran "más de 200 folios del Tomo II del Rollo de Sala de este Tribunal" (así consta en el Auto del 24 de abril de 1996 de la Sección Primera de lo Penal), por lo que por providencia de marzo de 1995 "se acordó un estudio sobre reconstrucción del tomo".

En los últimos meses se deniega el llamamiento a algunos testigos, se realizan gestiones para concretar el fraude de las empresas de Rumasa a Hacienda y la Seguridad Social, y se concretan las calificaciones por parte del fiscal: dos delitos de falsedad en documento mercantil, por el que se pedían en conjunto 12 años de cárcel para Ruiz-Mateos, además de una indemnización a la Dirección General de Patrimonio del Estado, que debía asumir de forma conjunta y solidaria con otros encausados, por 652.000 millones.