El contubernio
¿ESTÁ EN condiciones el Reino Unido de participar de verdad en la construcción europea? Un nuevo motivo de agria disputa entre Bruselas y Londres arroja serias dudas en tomo a la respuesta. En 1993, la Comunidad promulgó una directiva laboral que, entre otras cosas, fijaba un límite máximo de 48 horas semanales de trabajo -incluidas las horas extraordinarias- y cuatro semanas de vacaciones pagadas para los asalariados de los países miembros. Esa decisión fue recurrida por Londres, y esta semana, el Tribunal Europeo de Justicia ha fallado ordenando el cumplimiento de la norma y su inclusión en la legislación británica antes del 21 de noviembre.El primer ministro conservador, John Major, ya ha anunciado que se trata de una imposición intolerable, y además de rechazar su aplicación, ha dejado planear la amenaza de bloquear los trabajos de la conferencia intergubernamental para la reforma del Tratado de Maastricht si no se le exime de su cumplimiento. Major asegura que la aceptación de la directiva dificultaría la creación de empleo y que las empresas perderían 2.000 millones de libras anuales (más de 400.000 millones de pesetas) por las limitaciones que ello entraña. Pero también enarbola contra la sentencia del tribunal la bandera patriótico-insular de la soberanía nacional, la tiranía de Bruselas y otros contubernios.
Es verdad que, al quedar el Reino Unido al margen de la Carta Social Europea, este acuerdo se adoptó por mayoría cualificada -con la abstención británica- por otro capítulo, el de Salud Pública. Si a esto sumamos la crisis de las vacas locas y que en mayo, a lo sumo, deberá haber elecciones legislativas y que el primer ministro tory necesita urgentemente congregar a sus fieles y para evitar una derrota que parece probable, tenemos los ingredientes para un nuevo enfrentamiento. Todo ello nos remite a una cuestión cada día más presente en las cancillerías de la UE. Puede haber varias velocidades, geometría variable y primeros círculos en la construcción de Europa, pero no se puede vivir en el reino de la excepción permanente o de la no aceptación de las reglas del juego cuando se pierde.
Y, más grave aún, cuando se trata de establecer un colchón mínimo de garantías y derechos sociales de los trabajadores no puede haber países exentos. El Reino Unido, que inventó la revolución industrial, que creó los primeros sindicatos y que defendió, con el cartismo, una realidad más justa y solidaria, parece decidido hoy a cerrar el paso a cualquier norma comunitaria en materia social. Esta directiva le afecta más que a otros Estados, pues es el país de la UE con una jornada laboral más prolongada: un promedio de 43,5 horas semanales. Uno de cada cinco empleados británicos se puede ver beneficiado por el fallo del Tribunal Europeo en el límite de las 48 horas, mientras hay 2,5 millones de trabajadores sin vacaciones pagadas.
La UE no puede ceder por dos razones principales. En primer lugar, este edificio europeo sobrevive gracias a la supremacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, sin policía para obligar a su aplicación. La segunda es que la consecución del mercado único y, a la vuelta de la esquina, de la moneda única llevará probablemente a una creciente armonización de las reglas sociales. Hay más en juego que una nueva disputa con el Reino Unido. Claro que el tiempo, con una más que posible victoria laborista en las próximas elecciones, puede resolver el problema. Tony Blair sí acepta unos mínimos sociales exigibles para todos.
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