El alcalde niega al Defensor del Pueblo un informe "confidencial" sobre las multas
El Defensor del Pueblo tiene ya en su poder casi toda la documentación del gobierno municipal sobre la actuación de la empresa estadounidense EDS, encargada de la gestión privada de multas. Sólo le falta un informe: el de la Agencia de Protección de Datos (APD) sobre el control de los ficheros municipales que está utilizando EDS. El. alcalde, José María Álvarez del Manzano, transmitió personalmente al Defensor del Pueblo que no piensa entregarle ese informe porque es "absolutamente confidencial", según manifestó en el pleno municipal, en un crispado debate con el portavoz socialista, Juan Barranco.Ese documento es fundamental para que el Defensor del Pueblo pueda elevar el infome sobre la queja presentada por Juan Barranco, como senador, y la Asociación de Defensa contra los Abusos de la Circulación. Ambos pidieron el amparo del defensor ante los riesgos que implica que una empresa privada controle datos confidenciales de más de cuatro millones de ciudadanos.
Fuentes cercanas a Fernando Álvarez de Miranda, defensor del pueblo, afirman que se decidió a "abrir queja" porque hay varios derechos fundamentales implicados en el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa EDS. "El primero de ellos, la intimidad de las personas", dicen dichas fuentes.
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El concejal de Hacienda llama "accidente" a la falsificación de más de 27.00 multas
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Al margen de la posible comercialización de datos, como el domicilio completo de los 12.000 madrileños denunciados cada día: por infracciones de tráfico, fuentes de la oficina del Defensor Pueblo afirman: "Un proceso de la naturaleza de la notificación de multas tiene que rodear se de controles. Nadie tiene por qué conocer si eres un infractor o el estado de tu relación con el Ayuntamiento".
Respecto a la actitud del Ayuntamiento se mostraron concluyentes: "Si necesitamos ese informe, no hay nadie que nos lo pueda negar. La Agencia es un órgano administrativo y ya hemos requerido en. varias ocasiones informes suyos".
La revelación de que el Ayuntamiento ha negado documentación al Defensor del Pueblo llega n plena polémica por la falsificación de más de 27.000 multas por parte de Servico, empresa del hijo de Adrián Piera, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid-, subcontratada por EDS para notificar las multas.
"Diagnóstico y solución"
Paradójicamente, tanto el alcalde, que cuando se realizó la inspección desdeñó a la Agencia de Protección de Datos (APD) comparándola con una agencia de viajes, como su concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, se escudan en ese organismo para defender de manera enconada su negativa a entregar el informe. "El subdirector de la Agencia", asegura Bujidos, "me ha dicho que es mejor que no lo dé porque se me van a echar todos encima. Dice que arregle lo que haya que arreglar y que después, en 20 días, presente todo junto: el diagnóstico y la solución".
"Los datos", insiste el alcalde, "son absolutamente confidenciales. Así nos lo han dicho en la Agencia. No obstante, le voy a preguntar si tiene algún inconveniente en que se lo entregue a la oposición [en concreto, a Juan Barraco, portavoz del PSOE, quien se lo ha pedido insistentemente]".
Ante la reiterada negativa a mostrar ese informe, que lleva dos semanas en poder del equipo de gobierno, Barranco hizo valer en el pleno su condición de senador, y amenazó con "pedir el amparo de los tribunales", o bien "conseguir los documentos por vía del Parlamento".
Juan José Martín-Casallo, director de la Agencia de Protección de Datos, en una carta remitida a Barranco, afirma: "Correspondería la obligación de información [al grupo socialista] a la Corporación". En ese sentido, señala, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en dos sentencias.
La tensión que caracterizó las casi tres horas de debate del pleno sobre la privatización de la gestión de las multas puso claramente de manifiesto que el Ayuntamiento tiene cada día más frentes abiertos en esa polémica gestión.
Además de responder. a la oposición frontal de PSOE e IU, que pidieron la rescisión del contrato con EDS, Bujidos ha tenido que contestar al Defensor del Pueblo y recibir a los agentes judiciales que se han presentado en la Casa de la Villa, a instancias del fiscal, para investigar las posibles implicaciones penales por las falsificaciones cometidas en la notificación de multas."
Irregularidades
Aún se ignora la cifra exacta de las multas falsificadas, pero puede pasar de las 50.000. Sólo sobre una muestra de 36.766 multas revisadas se han observado irregularidades en un 73% de ellas, y el Ayuntamiento ha tenido que anular 20.062 sanciones, "prescritas con motivo de la demora producida por las irregularidades". Aun así, el alcalde rechazó en el pleno cancelar el contrato con la empresa, mientras que su concejal de Hacienda consideró las irregularidades "como un accidente que todavía tiene solución". "Los perjuicios a terceros son cero, y los de esta casa, muy pocos", dijo Bujidos.
Enrique Tierno, portavoz adjunto del PSOE, y Gerardo del Val, de IU, discrepan. "El expediente abierto a EDS está prejuzgado. La sanción máxima de 10 millones que puede imponer el Ayuntamiento por la falta grave con que han sido calificadas las irregularidades, es ridícula en comparación con las pérdidas ocasionadas al municipio. Esto es una ventolera de escándalos", afirma Tierno. Debido a las multas anuladas hasta ahora, las arcas municipales han dejado de ingresar 264 millones.
"Es el mejor sistema. Conozco la ley del privado: trabajan bien si cobran; y ahora se ha quedado ya sólo el que cobra", explicó Bujidos en alusión a rescisión del contrato a Servico por parte de EDS.
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