España y Portugal adelantan su convenio de extradición

Los gobiernos de España y Portugal firmarán de forma inmediata un nuevo convenio de extradición bilateral que entrará en vigor nada más ser ratificado por los Parlamentos de ambos países en un período de tiempo que se estima no superará los tres meses, según confirmaron anoche fuentes diplomáticas españolas. Los dos países anunciarán hoy un acuerdo para la represión conjunta del tráfico de drogas en alta mar y reforzarán sus medidas de control de la inmigración ilegal en respuesta a las demandas de la Unión Europea.Este bloque de medidas, negociado por los departamentos de Interior y Justicia, es considerado como uno de los más importantes avances adoptados anoche en la XIII cumbre hispano-portuguesa que, presidida por el primer ministro portugués Antonio Guterres y el presidente español José María Aznar, comenzó ayer en la isla de San Miguel (Azores). El presidente del Gobierno español, que aterrízo ayer en el aeropuerto Juan Pablo II de San Miguel cerca de las seis de la tarde (20.00 hora peninsular), fue recibido al pie del avión por el primer ministro portugués. Acompañaban al jefe del Gobierno español el vicepresidente para Asuntos Económicos Rodrigo Rato; y los ministros de Exteriores, Abel Matutes; Justicia, Margarita Mariscal de Gante; Interior, Jaime Mayor Oreja; Fomento, Rafael Arias Salgado, y Medio Ambiente, Isabel Tocino.

Los dos países decidieron tramitar con la máxima urgencia la entrada en vigor del mencionado tratado de extradición para reforzar su lucha contra el terrorismo (España reclama a un etarra detenido en Portugal), de forma que la legislación portuguesa contemple la entrega de delincuentes reclamados por pertenencia a banda armada. En este sentido, los ministros de Interior de los dos países acordaron también poner en marcha los acuerdos sobre la denominada persecución en caliente y las comisarías móviles a ambos lados de la raya fronteriza.

La diplomacia española, trata de despejar cualquier suspicacia portuguesa sobre la plena integración española en la nueva estructura de la Alianza Atlántica. El Gobierno español no quiere que los futuros mandos peninsulares de la Alianza interfieran en las negociaciones que ambos países mantienen respecto a la reforma del Tratado de Maastricht. Los dos han anunciado su firme voluntad de formar parte del núcleo fundador de la moneda única europea aunque mantienen posiciones diferentes en la Conferencia Intergubernamental que prepara la reforma del Tratado de Maastricht.