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El Gobierno argumenta que los 'papeles del Cesid' pudieron ser manipulados

Anabel Díez

Él Gobierno y el PSOE siguen dando muestras de coincidencia genérica respecto a las razones de la no desclasificación de los papeles del Cesid supuestamente vinculados a la guerra sucia contra ETA- En respuesta por escrito al Parlamento, el Ejecutivo afirma que la mayoría de los documentos que piden los jueces fueron sustraídos del Cesid y permanecieron fuera de este centro durante dos meses en forma de microfichas susceptibles de manipulación". Begoña Lasagabaster, diputada de Eusko Alkartasuna (EA), requirió al Gobierno a que le respondiera por escrito por qué la desclasificación de los documentos del Cesid podría afectar a la seguridad del Estado. El Gobierno, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, le ha respondido repitiendo los argumentos del 2 de agosto, cuando el Ejecutivo decidió mantenerlos secretos, pero añadiendo alguna explicación nueva: la mayoría de los documentos solicitados por el juez Javier Gómez de Liaño fueron sustraídos del Cesid y permanecieron fuera de este centro más de dos meses "en forma de microfichas susceptibles de manipulación".

Se recuerda, además, que la petición del magistrado se hizo en el contexto de una investigación sumarial para su posible utilización con fines probatorios, lo cual puede llevar "a su general divulgación" por exigencia de los principios procesales de contradicción y publicidad, incompatibles con el secreto, legalmente previsto, de aquellas materias que afectan a la seguridad del Estado".

El ex vicepresidente socialista Narcís Serra negó ayer en Radio Nacional "el valor probatorio" que se pretende atribuir a esos documentos y apoyó al Ejecutivo en su no desclasificación porque lo contrario habría sido "hacer el juego a quien presuntamente ha traicionado al Cesid y al país, ha robado documentos y ha cobrado por ello". Los socialistas siguen dando argumentos para que el Gobierno no titubee en el supuesto de que el Tribunal Supremo decida requerir la desclasificación de los papeles. El portavoz de su grupo, Joaquín Almunia, dijo ayer que hay "jurisprudencia abundante" sobre actos políticos del Ejecutivo, dictada por el Constitucional y el Supremo, que ratifican que hay materias de iniciativa gubernamental que no son susceptibles de revisión por un tribunal. "Quien diga lo contrario", adujo,actúa por ignorancia o mala fe".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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