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Defensa sostiene que el Gobierno no debe dar los 'papeles del Cesid' aunque lo mande el Supremo

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, es partidario de que el Gobierno se niegue a ejecutar la próxima sentencia de la Sala Tercera del Supremo sobre los papeles del Cesid si el tribunal se pronuncia a favor de la desclasificación y de la entrega a los jueces de los documentos secretos. En cambio, su colega de Justicia, Margarita Mariscal, aboga por aplicar de inmediato el mandato del Supremo y ni siquiera cree que sea posible recurrir al Tribunal Constitucional.

Como en julio pasado, cuando el Consejo de Ministros tenía que decidir la desclasificación de los documentos del Cesid supuestamente relacionados con los GAL, los responsables de Defensa y Justicia mantienen posiciones contrarias. Margarita Mariscal aboga por cumplir el mandato del Supremo y entregar los papeles a los jueces si así lo dispone la sentencia. Eduardo Serra considera, en cambio, que el Gobierno debe ser coherente con su decisión del 2 de agosto y perseverar en ella hasta el final.

El ministro de Defensa recuerda que la ejecución de la sentencia del Supremo no es automática y sostiene que, desde el respeto escrupuloso de la legalidad, cabe la posibilidad de no cumplirla. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que sigue vigente aunque data de 1956, prevé la posibilidad de que el Gobierno suspenda o no ejecute, de manera total o parcial, el fallo del Supremo.

El artículo 105 de dicha ley establece condiciones muy restrictivas para una decisión de este tipo, que sólo podrá decretarse por el Consejo de Ministros, con carácter extraordinario, en los dos meses siguientes a la recepción de la sentencia.

Trastorno del orden público

En concreto, el Gobierno sólo podrá negarse a ejecutar el fallo basándose en alguna de las siguientes causas: "Peligro de trastorno grave del orden público; temor fundado de guerra con otra potencia, si hubiere de cumplirse la sentencia; quebranto en la integridad del territorio nacional; o detrimento grave de la Hacienda Pública".Sería necesaria una interpretación amplia del concepto de orden público para que el Gobierno pudiera acogerse al artículo 105 en el caso de los papeles del Cesid. Desde luego, la ministra de Justicia no quiere ni oír hablar de esta posibilidad y agrega que no se trata de una posición personal, sino de la expresada por el propio presidente.

En una entrevista publicada el 29 de septiembre en La Vanguardia, José María Aznar afirmó: "Si el Tribunal Supremo dicta una sentencia o una orden, el Gobierno está obligado a cumplirla, como es natural. Pero buscaremos la solución que, dentro del principio de servir a los intereses del país y de garantizar al mismo tiempo la seguridad jurídica de todos los españoles y el correcto funcionamiento de las instituciones, sea la más adecuada". "Lo que nadie pretenderá", agregó Aznar, "es que el Gobierno se declare en rebeldía frente al Supremo. Supongo que nadie pretenderá eso. Como no quiero condicionar nada, y como no creo que nadie en su sano juicio pretenda llevar a un conflicto institucional al país, estoy absolutamente convencido de que las cosas se afrontarán desde la mayor responsabilidad y normalidad por parte de todos, y del Gobierno".

La hipótesis de que el Consejo de Ministros pudiera negarse a ejecutar la sentencia del Supremo fue calificada ayer de "inadmisible e intolerable" por el diputado de Izquierda Unida Willy Meyer. "Estaríamos ante una quiebra de la propia Constitución", declaró a Servimedia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de octubre de 1996

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