Renfe y Retevisión estudian colaborar en el desarrollo del segundo operador

Renfe y Retevisión firmaron ayer un convenio para analizar las posibilidades de colaboración entre ambas compañías para el desarrollo del segundo operador español de telecomunicaciones, según informaron ambas compañías.Retevisión aborda el desarrollo del segundo operador con un carácter integrador y pretende reunir en tomo al proyecto las infraestructuras y activos españoles existentes con valor en telecomunicaciones. Renfe, por su parte, pretende optimizar la utilización de sus activos participando en este sector, y aprovechando así su infraestructura, que permite el acceso al interior de los principales núcleos de población españoles. Además, Renfe participa como accionista en Hermes Hit Rail, sociedad en la que están varias empresas ferroviarias europeas, y cuyo objetivo es actuar como carrier de carriers en el contexto europeo.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento, que dirige Rafael Arias Salgado, sigue apostando porque se llegue a una "solución consensuada y viable" entre Telefónica y Airtel para solucionar el contencioso de las compensaciones que debe recibir el segundo operador de teléfonos móviles por el pago del canon de 85.000 millones de pesetas, informaron a Europa Press en fuentes del departamento. Sólo en el caso de que ambas partes no llegasen a un acuerdo el ministerio adoptaría una solución para que la cumplieran las dos empresas. Fomento entiende que, a pesar de que el comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, haya dado instrucciones para iniciar un dictamen de obligado cumplimiento contra el Gobierno español, aún hay tiempo para que ambas partes lleguen a un acuerdo.

Airtel señaló ayer que seguirá colaborando con el Gobierno y no se cerrará a la negociación con Telefónica, aunque insiste en que se trata de un contencioso entre el Ejecutivo español y la Comisión Europea.

Karel van Miert ha dado orden de que se inicien los trámites que permiten imponer a España una solución de obligado cumplimiento que llevaría a la devolución de ese canon o a la compensación a Airtel por el valor del mismo. La denuncia contra el Gobierno español se basa en la prohibición a los Estados de la UE de "aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva".